Iniciativa privada contra López Obrador
Félix Fuentes
A las naciones donde llegan los mexicanos, de negocios o vacaciones, se les pregunta a qué obedece el alto grado de violencia de nuestro país y si el grave clima de inseguridad no tiene para cuándo terminar.
Responden que el narcotráfico es la principal causa de los sucesos trágicos padecidos en casi toda la república y a esto se agregan los desmanes motivados por Andrés Manuel López Obrador, quien se niega a reconocer su segunda derrota presidencial, pese a la diferencia en su contra de 3 millones 329 mil 91 votos.
Sin embargo, la titular de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa, se ufana de que México goza de gran prestigio internacional y debido a ello siguen llegando las inversiones extranjeras. No aclara que las más se deben a trasnacionales automotrices.
Pasa por alto la canciller que los cárteles de las drogas causan masacres constantes, por decenas de hombres y mujeres, y todos se dedican a la extorsión, al cobro de cuotas a empresarios, pequeños comerciantes y agricultores de hortalizas y aguacates, entre otros.
Patricia Espinosa dijo en años pasados que la delincuencia operaba en tres estados de la república y en los demás había tranquilidad. Obvio, no tiene la menor idea de cuanto sucede en el país.
La delincuencia organizada ha penetrado en todos los niveles del país, sin faltar los altos mandos del Ejército. A una decena de generales se les señala de tener nexos con el hampa de las drogas, y a cuatro de ellos les fue dictada la formal prisión el lunes pasado por delincuencia organizada y delitos contra la salud.
Los ahora huéspedes de la cárcel de alta seguridad en el Altiplano de Toluca, Estado de México, son los generales Tomás Angeles Dauahare —fue subsecretario de la Secretaría de la Defensa Nacional—, Roberto Dawe González, Rubén Pérez Ramírez y Ricardo Escorcia Vargas. La Procuraduría General de la República les tipificó delitos con base en declaraciones de los testigos protegidos Jennifer (Roberto López Nájera) y “Mateo”, un delincuente llamado Sergio Villarreal Barragán, alias “El Grande”.
Según el juez tercero de distrito en procesos penales federales, Raúl Valerio, “existen indicios suficientes” en contra de los militares. Esto demerita al Ejército nacional, dígase cuanto se diga en contrario, y es consecuencia de la “guerra” decretada por el presidente Felipe Calderón.
El otro espectáculo denigrante lo protagonizan López Obrador y sus seguidores, Ricardo Monreal, Manuel Camacho Solís y el líder del PRD, Jesús Zambrano, entre otros.
Esta vez, el tabasqueño no alega relleno o robo de urnas, ni acarreos ni falsificación de actas. Pese a haber perdido con el elevado número de votos arriba mencionado, no se rinde y centra su valle de lágrimas en la supuesta compra de 5 millones de sufragios por el PRI.
Monreal inventó incluso la triangulación de sumas millonarias y relacionó en la misma a Luis Videgaray, quien fue coordinador de campaña de Enrique Peña Nieto. De inmediato fue desmentido por Scotiabank, quien negó tener cuentas de Videgaray.
Frente a la alharaca de López Obrador, quien se ostenta como defensor de la democracia, el sector privado lo relaciona con los ataques a las tiendas de Soriana, y el secretario de Economía, Bruno Ferrari, dijo que se deben hacer las denuncias respectivas y actuar contra los responsables.
Soriana, el Consejo Coordinador Empresarial, la Asociación de Bancos de México, la Coparmex y otros organismos empresariales se han pronunciado contra los ataques a tiendas de autoservicio.
López Obrador se dice inocente, como es su estilo. ¿Acaso no estaba junto a Ricardo Monreal cuando éste exhibió 2 mil 450 tarjetas de Soriana, como “prueba” de la compra de 5 millones de votos?
La mayoría se pregunta qué derecho tienen cuatro o cinco individuos de falsear los hechos y dirigir graves insultos a sus adversarios, al amparo de lo que ellos llaman democracia.