Deslucida despedida de Calderón
Todo individuo tiene derecho…
a la seguridad de su persona.
Declaración Universal de Derechos Humanos
José Alfonso Suárez del Real y Aguilera
El Salón Tesorería del Palacio Nacional enmarcó la despedida de Felipe Calderón Hinojosa ante los integrantes del Consejo Nacional de Seguridad Pública, convocados en ocasión de la 33 sesión ordinaria de este importante colegiado.
Tras el descalabro generado por el famoso reclamo de “¡si no pueden, renuncien!” lanzado, en agosto de 2008, por la entrecortada voz del empresario Alejandro Martí, que así rubricaba su encendida exigencia de justicia y seguridad ante el secuestro y cruel asesinato de su hijo menor, Felipe Calderón encomendó a su equipo un férreo control de invitados e intervenciones a fin de evitar declaraciones que lastimaran su sensible ego o encendieran su cólera ante los medios de comunicación.
A pesar del esmero y cuidado de todos los funcionarios que pasaron por la Secretaría de Gobernación —algunos de ellos despedidos por la ira presidencial, otros lamentablemente fallecidos en inexplicados accidentes—, los titulares de la dependencia y el Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Seguridad Pública procuraron blindar el espacio de estas reuniones, como se ha podido acreditar ante la sistemática exclusión de Javier Sicilia y de aquellas víctimas que, a criterio de los servidores de Calderón, le resultan incómodos por su rebeldía e independencia.
En ese contexto, es innegable que el principal interés del joven Alejandro Poiré y del secretario técnico del CNSP, Oscar Vega Martín, era el de garantizar para esta 33 reunión, un escenario propicio para permitiera a Calderón despedirse con bombo y platillo del Consejo gracias al anuncio de un descenso del 7% en el rubro de homicidios dolosos, dato presentado como prueba irrefutable del rumbo correcto de la cuestionada estrategia federal de combate al crimen, y desmentido puntualmente por el representante de Observatel, Héctor Larios, y en cierta forma por el propio jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, quienes literalmente en honor a la verdad echaron a perder la despedida presidencial en olor de victoria prevista por sus subordinados.
A nadie escapa que durante este desfalleciente sexenio de guerra y violencia criminal la dependencia encomendada a Genaro García Luna ha recibido exorbitantes presupuestos, así como todo el apoyo legislativo para crearle marcos jurídicos a modo, bajo un supuesto compromiso de conformar El Nuevo Modelo de Seguridad para México —que el propio secretario describió en un libro presuntamente de su autoría— y cuya promesa básica reside en la conformación de un mando único policial, concebido bajo el principio de la subordinación y avasallamiento inherentes a quienes adolecen del sentido de la política y de argumentos para construir consensos.
La soberbia actitud del secretario García Luna, y el sospechoso apoyo presidencial a sus delirios burocráticos han provocado un desastre generalizado a la gobernanza del país, y han propiciado un innecesario y altamente peligroso desgaste de nuestras fuerzas armadas, así como de nuestra exigua procuración de justicia, y fundamentalmente a nuestro derecho a la seguridad, concebido por los autores de la primera Declaración de Derechos del Hombre de 1879, que consagró la seguridad de las personas como un derecho natural e imprescriptible, precepto ratificado por el artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, concepciones doctrinarias que Calderón y García Luna cínicamente despreciaron.