Direceu, ¿chivo expiatorio?

Bernardo González Solano

En buena parte del mundo, la justicia se representa como una mujer (la diosa Themis o Temis en la mitología griega), con una venda sobre los ojos y con una balanza en la mano.

En Brasil así se acostumbra, pero dadas las circunstancias, el símbolo debería ser una tortuga, por lo lento que actúa la justicia en tierras cariocas. Desde hace siete años, el país arrastra la demanda penal contra 38 políticos y empresarios acusados de formar la red de corrupción conocida como el mensalao —mensualidad en portugués—, calificado como el proceso contra la corrupción más largo, con mayor número de procesados y con mayor dimensión política de su historia democrática.

Ahora, el pasado jueves 2 de agosto, el Supremo Tribunal Federal de Brasil inició en Brasilia el juicio que, en principio, terminaría a fin de mes y a mediados de septiembre empezarían a conocerse las primeras sentencias. Bien se sabe que las cosas de palacio van despacio y más en los tribunales brasileños, empezando por el Supremo. Por lo menos, el juicio ya empezó.

En tanto, el juicio se transmite, desde el primer día, por la televisión, y hasta el día 12 compitió con los XXX Juegos Olímpicos de Londres. En adelante, la “telenovela del mensalao” tendrá el primer rating televisivo. Ojalá el desenlace no desilusione a la audiencia como suele suceder con la mayoría de los “culebrones”.

De una forma u otra, desde el 2 de agosto, la corrupción política ocupa en Brasil la primera página de los periódicos y los principales horarios de los medios audiovisuales. El Supremo Tribunal juzga, siete años después de los hechos, el principal escándalo de la presidencia de Luiz Inacio Lula da Silva. De acuerdo a la denuncia, 38 personas participaron en una vasta operación ilícita. En el banco de los acusados figuran exministros como José Dirceu y exdirigentes del Partido de los Trabajadores (PT), de izquierda, como José Genoino y Delubio Soares, diputados y hombres de negocios. El escándalo remonta al año 2005.

Hace siete años el entonces diputado Roberto Jefferson, del Partido Laborista Brasileño (PLB), integrante de la alianza de partidos de izquierda que impulsó el triunfo de Lula hace casi una década, destapó el caso y en la primavera de 2005 reveló a la famosa revista semanal Veja los pelos y señales de las ilícitas maniobras. Los analistas del escándalo dicen que éste obedeció a que Jefferson se molestó por una injusta repartición de posiciones de poder en la administración de Lula y en el Congreso. Es decir, fue una represalia contra el PT.

Como suele suceder cuando los personajes de la izquierda son sorprendidos por las pillerías de sus subalternos, Luiz Inacio Lula da Silva siempre se declaró al margen de los hechos y ha manifestado desconocer la existencia de la red de sobornos. Nunca están enterados del mal proceder de sus ayudantes. Lo mismo sucedió en México con Andrés Manuel López Obrador y el “señor de las ligas” y su secretario de Finanzas que iba a apostar el dinero público en los casinos de Las Vegas.

En el caso brasileño, José Dirceu, exministro jefe del Gabinete Civil de Lula en su primera administración (2003-2007), tuvo que abandonar el cargo y en su lugar quedó Dilma Rousseff, quien se convirtió en la delfín del mandatario y, a la postre, vencedora de los comicios presidenciales de 2010.

El desvío de fondos públicos o el financiamiento ilegal de las campañas electorales no son privativas del PT y la corrupción política brasileña no empezó ayer.  Después de la Segunda Guerra Mundial, la larga carrera de Adhemar Pereira de Barros (Piracicaba, 22 de abril de 1901-París, 12 de marzo de 1969), médico, aviador, empresario e influyente político brasileño entre las décadas de 1930 a 1960, alcalde y gobernador de Sao Paulo, aparte de competir en dos ocasiones por la presidencia de la República, está llena de anécdotas picarescas, por decir lo menos: sus partidarios decían que robaba, pero hacía obras. Tal y como sucede en México. El alemanismo así se consideraba.

La construcción de la nueva capital, Brasilia, en el corto tiempo de un solo mandato presidencial, de 1956 a 1961, el del médico Juscelino Kubitschek de Oliveira (Diamantina, 12 de septiembre de 1902-Resende, 22 de agosto de 1976), de origen gitano checo, representa un viraje decisivo, porque entonces se selló la alianza de los trabajos públicos y las grandes empresas de la construcción. Su sucesor, Janio da Silva Quadros (Campo Grande, Mato Grosso del Sur, 25 de enero de 1917-Sao Paulo, 16 de febrero de 1992), hizo campaña en 1961, tomando como emblema la vassourinha —la escoba— con lo que pretendía decir que barrería la república de sus problemas. Pero Quadros no midió bien sus fuerzas y los militares lo obligaron a renunciar. Su gobierno fue muy corto: del 31 de enero de 1961 al 25 de agosto del mismo año. Su renuncia desembocaría en una crisis institucional seguida de un golpe de Estado en 1964.

La dictadura militar de ese año a 1985 fue sinónimo de censura de la prensa y de impunidad de los gobernantes y de los elegidos (el Congreso continuó sesionando, se efectuaban elecciones aunque eran limitadas). Durante veintiún años, los proyectos faraónicos sostuvieron el “milagro brasileño”.

 

Regreso a la democracia

Cuando la democracia retornó, en 1985, la acción pública y la economía se extendieron y, con ellas, las oportunidades de malversaciones y de abusos. Los sobornos se convirtieron en algo “normal”, aceptados casi con fatalismo por los brasileños que fueron constreñidos a “aceitar” así la máquina burocrática.

Poco a poco una sociedad civil se consolidó en las luchas por la democratización, la amnistía y la elección del presidente de la república en sufragio universal. La demanda ciudadana no cesó, el Estado de derecho se reforzó con la Constitución de 1988. La presidencia de Fernando Affonso Collor de Mello (Río de Janeiro, 12 de agosto de 1949), el trigésimo segundo mandatario brasileño, fue decisiva para la condena de la corrupción. La burguesía y los medios de comunicación, que lo habían apoyado, se enfrentaron al apetito insaciable de su entorno. La juventud, indignada, se manifestó en las calles, de norte a sur de Brasil, para exigir su revocación. Bajo la presión de la opinión pública, el Congreso fue obligado a abrir un procedimiento de impeachment. Collor de Mello decidió cortar por lo sano, pero el Senado lo privó de derechos cívicos durante ocho años.

Entre los otros símbolos del nepotismo y malversaciones figuran Paulo Maluf, José Sarney, que, como Collor de Mello han sido aliados de Lula, pese a sus convicciones conservadoras. Asimismo, la presidencia del socialdemócrata Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) fue tachado por privatizaciones dudosas y enriquecimiento sospechoso, así como por la compra de votos en el Congreso para aprobar la enmienda que autoriza la reelección del jefe del Estado. En fin, Brasil se encuentra en el lugar número 73 de la clasificación de Transparency International, la ONG que mide la percepción de la corrupción, con una nota de 3.8 puntos.

Respecto al juicio en curso, el procurador general de la república, Roberto Gurgel entregó al Supremo Tribunal un expediente de 50 mil páginas con testimonios de 600 testigos y documentos relacionados con el esquema de pagos a los cómplices, que según la información conocida hasta ahora tuvo como cerebro a José Dirceu y como eje de las operaciones a las empresas del publicista Marcos Valerio de Souza.

 

Lula, excluido de la acusación

De tal suerte, José Dirceu, exministro jefe del gabinete civil en la primera administración de  Luiz Inacio; José Genoino, expresidente del gobernante Partido de los Trabajadores; Duda Mendoça, cerebro de la campaña propagandística de Lula en 2002, y el extesorero Delubio Soares, así como otros 34 presuntos coludidos —entre otros, Luiz Gushiken, exministro de Comunicaciones y Anderson Adauto, de Transportes— en la red de corrupción tendrán que responder, por lo menos, a uno de los siguientes delitos: formación de camarilla, corrupción activa y pasiva, peculado, evasión de divisas, lavado de dinero y gestión fraudulenta. Los acusados, hasta el momento todos en libertad, podrían ser condenados  a penas que alcanzarían 45 años de prisión. Dirceu, en lo particular, podría ser sentenciado a 15 años de cárcel.

No obstante, el Supremo Tribunal no la tiene fácil. Después de que Gurgel pidió condenas de cárcel para los 38 imputados, entró en juego la defensa, que movilizó a la flor y nata de abogados y criminalistas del país, comenzando con el exministro de Justicia del gobierno inicial de Lula, Thomas Basto, que muchos consideran el “dios” de la abogacía brasileira.

Los defensores negaron las acusaciones e insistieron en la inocencia de todos los acusados. Incluso los compararon con las víctimas del nazismo o de la dictadura militar.

Alguno de los abogados comparó, con descaro, la acusación leída por el procurador general con una “telenovela” de la cadena de televisión Globo.

La defensa procuró influir seriamente en la decisión de los 11 jueces que componen  el Supremo, sobre todo en lo que respecta al exministro de la Casa Civil del gobierno de Lula, José Dirceu, varias veces presidente del PT, y quien es considerado la clave del proceso. Sin duda es la defensa más importante, pues el juicio se centra ineluctablemente en el PT, fundado por Dirceu y Lula, por lo que adquiere tintes netamente políticos. El defensor llegó a decir: “Condenar a Dirceu a atacar a la Constitución”. El letrado defensor, Oliveira Lima, afirma que “no existe ninguna prueba, ningún documento, ninguna circunstancia que incrimine a José Dirceu” que según la acusación sería el principal responsable de toda la trama de corrupción política. Según otros, sería más bien el chivo expiatorio que podría cargar con las culpas de otros.

Una absolución del que fuera el principal responsable de la llegada de Lula al poder echaría por tierra el meollo de la acusación. Por el contrario, su condena arrastraría a los otros 37 acusados como socios de la asociación criminal.

Ahora, todo está en manos de los 11 magistrados que dictarán sentencia. Hay quien exagera al afirmar que de la sentencia podría depender el que en Brasil se termine con la corrupción política. Otros aseguran que aunque no sea así, que sería una sentencia “a favor o en contra del proyecto político de Lula”. Como sea, Brasil conocerá antes de que termine agosto el final de este culebrón que convulsionó el país.