Entrevista a Alfonso Navarrete Prida y Luis Antonio Corona Nakamura
Antonio Cerda Ardura
El próximo 5 de septiembre vence el plazo para que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se pronuncie sobre la validez de los comicios presidenciales del pasado 1 de julio. Según el escrutinio oficial, el presidente electo de México es el priísta Enrique Peña Nieto, quien obtuvo el 38.21 por ciento de los votos, contra su contrincante más cercano, el abanderado de la coalición de izquierda Movimiento Progresista, Andrés Manuel López Obrador, quien obtuvo el 31.59 de los sufragios.
Al igual que ocurrió tras las elecciones presidenciales de 2006, López Obrador quien, incluso, antes de los comicios proclamó en aquella ocasión su “triunfo” y se negó a aceptar los resultados alegando haber sido víctima de un fraude, el cual nunca comprobó y por el que tomó durante meses el Paseo de la Reforma en la capital, ahora pretende que todo el proceso quede anulado y se convoque a una nueva ronda electoral, porque, supuestamente el PRI compró votos y su candidato resultó beneficiado en la cobertura de sus actividades por parte de la televisión privada.
A medida que se acerca el fallo del TEPJF, López Obrador y diversos actores de la izquierda, utilizando el lema “México se levanta” y llamando a la “reconstrucción de México, sin Enrique Peña Nieto y sin el PRI”, ya postulan que existe el riesgo de un “estallido social” si el órgano judicial electoral valida el triunfo del priísta, aunque se deslindan de cualquier “respuesta” ciudadana de esa naturaleza.
Al respecto, Siempre! conversó con el diputado federal del PRI, Alfonso Navarrete Prida, y el doctor en Derecho Constitucional Electoral, Luis Antonio Corona Nakamura, académico docente de la Universidad de Guadalajara y director de Sufragio Revista Especializada en Derecho Electoral que edita en forma semestral el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco.
El primero indica que las pruebas presentadas por López Obrador no resultan suficientes para acreditar la presunta compra de cinco millones de votos por parte del PRI y que, en lugar de seguir generando violencia y rencor, el tabasqueño tiene ahora la oportunidad de reconciliarse con la sociedad mexicana y de demostrar que es un demócrata aceptando el resultado de las urnas y el veredicto del juez electoral.
El segundo señala que el fallo del TEPJF es definitivo, valide o no las elecciones, y que, en caso de que se ratifique el triunfo de Peña Nieto, el presidente de la República, Felipe Calderón, y el gobernador de la Ciudad de México, Marcelo Ebrard tienen el deber de garantizar la toma de posesión.
Alfonso Navarrete Prida
¿Es válido llamar “resistencia” al movimiento de López Obrador?
La resistencia de López Obrador es resistencia al cambio que ofrece el candidato ganador, resistencia a aceptar que nuevamente perdió las elecciones presidenciales y resistencia a reconocer que 15 millones de votos no fueron suficientes para llevarlo al poder; lo cual significa que no resultó ser opción para más de 49 millones de mexicanos que emitieron su sufragio.
También es resistencia a aceptar que se equivoca, y rotundamente, al considerar que los más de 19 millones de mexicanos que libremente votaron el pasado 1 de julio por Enrique Peña Nieto lo hicieron por la corrupción. ¿Cómo se atreve a hacer tales afirmaciones? ¿Es eso lo que piensa de millones de mexicanos que pretende gobernar? Por algo no pudo ganar la gubernatura de su estado y por algo perdió por segunda ocasión la elección presidencial. Igual es resistencia a la crítica de quienes no comulgan con sus ideas y, por ello, a su juicio, están equivocados.
Hasta ahora no se ha probado ninguna de las acusaciones de López Obrador sobre la elección.
López Obrador no habla, pontifica. López Obrador no acusa, sentencia. López Obrador se cree depositario de la fórmula que llevará a nuestro país a la justicia social, por eso seguramente, con la máscara de la república amorosa siembra insidia y rencores, odio entre los mexicanos. ¡Si quiere justicia, que acepte el veredicto popular! México no es el grupo de sus seguidores incondicionales que tampoco entienden de razones, ni de los que votaron por él; México son los 19 millones de votantes de Peña Nieto, los doce de Josefina, los más de dos de Gabriel Quadri, y también son los millones que anularon su voto o se abstuvieron de ir a las urnas. Ese es México. El México de contrastes, de ricos y pobres, de cultos e ignorantes de privilegiados y desposeídos, de clases medias con una vida cada vez más dura de llevar, es el país que requiere estar unido.
El político tabasqueño siempre se ha proclamado como un verdadero demócrata y un hombre honesto, y siempre ha mantenido que su lucha es pacífica.
¿En dónde está la promesa de reconciliación nacional que formuló durante su campaña? Ojala que cuando se presente la declaración definitiva de presidente electo podamos empezar a verla. Claro, él está en su derecho de acudir a los tribunales, todos tenemos ese derecho, sean nuestras demandas justas o no, fundadas o no. Pero así como las elecciones se ganan con votos, los juicios se ganan con pruebas y las que ha presentado López Obrador no resultan suficientes ni pertinentes para acreditar la compra de cinco millones de votos por parte del PRI y para declarar no válidas las elecciones. ¿Y por qué cinco millones de votos? ¿Por qué no siete o dos y medio? Porque es exactamente la diferencia que lo separa del triunfo de Peña Nieto.
Es un hecho que 15 millones de mexicanos prefirieron a López Obrador, pero la mayoría se pronunció por Peña Nieto, aunque se alegue que cinco millones de ellos son corruptos y otros 14 avalaron la corrupción.
El cariño de la gente no se compra, se gana. Ahí está una, tal vez la más obvia, de las explicaciones del triunfo peñista. Peña Nieto ha sido uno de los candidatos presidenciales más golpeados durante la campaña. La campaña negra emprendida en su contra, que abarcó, en una muestra de bajeza inaudita, desde aspectos de su vida privada, hasta agresiones verbales, habría debilitado a cualquier otro candidato. ¿Por qué a él no? Porque cuenta con una sólida base social en todo el país. Sus seguidores no necesitan hacer demostraciones de fuerza en Zócalo capitalino, sino hacer lo que hicieron: votar por él. Así es de simple, esa es la fuerza de Enrique Peña Nieto tan difícil de entender para López Obrador.
¿Estima que podría haber violencia en el marco del cambio de gobierno?
Durante seis años el auto ungido “presidente legítimo” se dedicó a generar violencia y rencor, además, claro, de hacer campaña. Esos años prácticamente coincidieron con los seis en que Peña se dedicó a lo suyo: gobernar. Los resultados fueron los que habrían de esperarse: el triunfo de Enrique Peña con más votos de los obtenidos por López Obrador. No se puede negar la realidad. Pero López Obrador está aún a tiempo de reconsiderar y de reconciliarse con la sociedad mexicana, a la que tanto ha quedado a deber; de mostrar estatura de estadista y de líder social; de ser un demócrata; de resistirse a la “resistencia” y de aceptar el resultado de las urnas y el veredicto del juez. Si así lo hace, será reconocido por la historia. Y si no, estará condenado a ser el eterno candidato.
Luis Antonio Corona Nakamura
El TEPJF tendrá que resolver, a más tardar el 5 de septiembre, sobre la validez de las elecciones presidenciales. ¿Será este el pronunciamiento definitivo?
El fallo tendrá que calificar la elección, si fue legal o no. Si el TEPJF determina que fue legal, hasta ahí llega el medio de impugnación y simplemente habrá que esperar a la toma de posesión. Si el TEPJF considera que hubo irregularidades graves, lo precedente sería anular la elección.
¿Se tendría que convocar a otros comicios?
Exacto. También lo prevé la ley.
El candidato presidencial que hasta ahora se considera el perdedor, Andrés Manuel López Obrador, propuso, bajo el supuesto jurídico de la invalidez, que se nombre a un presidente interino para que convoque a nuevas elecciones. En esa reposición electoral, según él, no tendría que participar Enrique Peña Nieto. ¿Es posible una segunda vuelta electoral?
Esa propuesta de un presidente interino sí es posible, lo contempla la Constitución, pero en el supuesto de que se anulara la elección. Si no se anula la elección y se califica como válida la misma, simplemente será la primera postura: esperar el 1 de diciembre y que tome posesión el nuevo presidente. En el caso de que se anule la elección, gobernará un presidente interino, que deberá ser nombrado por el Congreso, mientras se convoca a una elección extraordinaria.
Tras las elecciones presidenciales del 2 de julio de 2006, a Felipe Calderón casi se le impidió tomar posesión. ¿Cómo garantizar que el nuevo presidente acceda al poder sin contratiempos?
Utilizando los medios que establece la propia ley. En este caso sería una cuestión de seguridad y se requeriría del apoyo de la fuerza pública para que el presidente electo llegue, en todo caso, si así fuera necesario, al Congreso de la Unión a tomar protesta. El fin tendría que ser mantener el orden.
¿Quién debe convocar a la acción de las fuerzas públicas o del Ejército?
Si fuera el ganador Peña Nieto, el propio Estado es el que tiene que garantizar que el presidente electo tome posesión. Sería el propio presidente Calderón, acatando la resolución del TEPJF, quien deba generar las condiciones para que el próximo presidente tome posesión.
¿Existen los suficientes candados legales o el blindaje legal adecuado para garantizar que quien sea electo por la ciudadanía llegue a la Presidencia, a pesar de presiones como las que actualmente estamos viendo?
Sí. Yo no diría que son candados legales, simplemente se tienen que acatar las disposiciones legales, lo que establece la ley. Ya sería otra discusión, desde el punto de vista académico, si está bien o esta mal lo que establece la legislación. En este caso, al resolverse el medio de impugnación, se deben generar las condiciones para que se lleve a cabo la toma de posesión.
Ha habido en el pasado algunos casos en los estados de la República, como ocurrió San Luis Potosí en 1991, cuando se dieron acciones para impedir que Fausto Zapata gobernara. Los actores del llamado “cacerolismo” mantuvieron al gobernador electo “a salto de mata”, hasta que renunció. ¿Hay alguna forma de garantizar que no ocurran eventos como este?
Una vez que se valide la elección y que tome posesión la próxima Legislatura, los diputados y senadores tendrían que hacer un análisis para una reforma de Estado y hacer los cambios necesarios para armonizar los hechos con lo que disponga la legislación.
¿Usted vería alguna falla, alguna ranura, por la que se evite acatar la resolución del TEPJF?
No. La ley tiene sus términos y simplemente hay que aplicarla. E insisto: una vez que lleguen las nuevas autoridades, con base en la experiencia de este proceso electoral, habría que hacer alguna reforma, por ejemplo, para atender algunas de las quejas que está presentando el candidato que está impugnando la elección. Yo visualizaría algunos cambios para garantizar elecciones más transparentes.
Después de la resolución del TEPJF, si el ganador es Peña Nieto y López Obrador insiste en que se anule la elección y en perseguir a su adversario, por ejemplo, azuzando a sus seguidores a tomar Los Pinos o el Congreso, ¿qué debe proceder?
Es legal manifestarse y es un derecho que tenemos todos como ciudadanos, pero con ciertas limitaciones. Por ejemplo, no se debe afectar a terceros o meterse con las propiedades, etcétera. Es legal y está permitido manifestarse con orden. Si se toman Los Pinos o El Congreso, tendría que recurrirse al apoyo de las fuerzas públicas, pero para mantener el orden, no para someter.
Ha habido presidentes, como Juárez, que han tenido que gobernar perseguidos, en una forma itinerante. ¿Es válida la toma de posesión en un recinto alterno y no ante el Congreso?
No, lo que nos marca la ley es que tendrá que tomar protesta en el recinto legislativo. Ese sería el cauce legal y sería cumplir con la norma.
¿Qué ocurriría si al presidente electo no le permiten tomar posesión?
Se daría una situación muy particular. Por eso comentaba que el Estado, ya sea el gobierno de Calderón, o el gobierno del Distrito Federal deben generar condiciones para que el cambio se lleve a cabo y recurrir al apoyo de las fuerzas públicas para mantener el orden, no para distorsionar o para alborotar a la gente.
¿Que lección nos dejará esta elección? ¿Cree que lleguemos a algo más grave?
No. Hay que esperar la resolución de la Sala Superior del TEPJF. Habrá que revisar la legislación y en ello no sólo tendrán que participar los diputados y senadores, sino los representantes de todos los partidos, entre ellos los de López Obrador. Se deben analizar las fallas que se dieron en el proceso electoral y procurar hacer una reforma, porque también hay que recordar que una vez que pasó el proceso electoral de 2009, prácticamente no hubo reforma. Es la misma norma que se reformó a partir del 2007.
Los legisladores se durmieron en sus laureles.
No sé qué pasó con nuestros políticos, que no se pudo concretar la reforma electoral en el 2010 y 2011
Y el riesgo es que dentro de seis años se repita la misma historia,
Exactamente. Ya vivimos así la elección del 2006 y ahora la del 2012. Ojalá que nuestros diputados y senadores y todos los partidos se pongan de acuerdo y ahora sí perfeccionen nuestras leyes electorales. Lo que les corresponde a las autoridades administrativas o jurisdiccionales electorales es implemente aplicar la norma, el derecho vigente, lo que establezcan los códigos.