Entrevista a Alfredo Figueroa/Consejero electoral
Moisés Castillo
La “dictadura perfecta” quedó en el pasado. El mismo Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura, cambió su polémica frase de hace 20 años al afirmar que México se transformó en una “democracia todavía imperfecta”. Y es verdad. Después de la transición democrática y 12 años de gobiernos panistas, la democracia mexicana aún está en construcción.
Luego de la elección del 1 de julio, el conflicto poselectoral llegó hasta la máxima autoridad electoral para dirimir las presuntas irregularidades que cometió el PRI.
El líder de las izquierdas, Andrés Manuel López Obrador, alega un rebase de gastos en los topes de campaña por parte del priista Enrique Peña Nieto, ganador de los comicios, según las cifras oficiales del Instituto Federal Electoral (IFE).
En este sentido, el consejero electoral Lorenzo Córdova detalló que el actual modelo de fiscalización que data de 1996 tiene que ser revisado, pero para futuras elecciones.
“No hay que olvidarnos que para poder fiscalizar las campañas, la información fundamental es la que proporcionan los partidos políticos y, conforme los plazos establecidos, no por el IFE sino por la ley, esto ocurrirá hasta el 8 de octubre”.
Hay que recordar que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tribunal Electoral) tiene hasta el 5 de septiembre para calificar la elección presidencial, por lo que desechará o no lo que está impugnando el Movimiento Progresista: la supuesta compra de cinco millones de votos.
Asimismo, el Movimiento Progresista calificó de “incongruente” la decisión del IFE que descarta una propaganda encubierta de Televisa a favor del ex gobernador del Estado de México.
“La resolución que se impugna carece de congruencia en virtud de que no existe correspondencia entre la naturaleza de los hechos denunciados y pruebas ofrecidas, que se relacionan con la realización de propaganda encubierta y trato favorable en los medios de comunicación como es la radio, la televisión y revistas, destacando en ello, la empresa Televisa a favor del priista Enrique Peña Nieto”.
Lo que era uno de los argumentos principales de la impugnación de López Obrador, el IFE dijo que era infundada la demanda interpuesta por el PRD, PT y Movimiento Ciudadano, ya que consideró que la ley no limita a los medios de comunicación para establecer convenios con las áreas de comunicación social de diversas entidades.
Hablan los consejeros
Esta polémica llegó a los consejeros del IFE. Por ejemplo, el consejero Francisco Javier Guerrero señaló que “no corresponde al IFE acotar la libertad de los concesionarios para determinar si asisten o no determinados invitados a sus programas de televisión”.
En tanto, el consejero Benito Nacif indicó que “corresponde a los denunciantes también absorber parte de la queja; de otra manera se inician investigaciones sobre indicios que no tienen ninguna solidez”.
Lorenzo Córdova aseguró que “los elementos probatorios pudieron haber sido más abundantes; por supuesto que esto pudiera haber llevado a declarar fundada la queja”.
A su vez, el consejero Alfredo Figueroa sostuvo que “en mi opinión la Secretaría Ejecutiva del IFE no realizó una investigación acorde a la naturaleza de los hechos denunciados”.
Este es el tono de la discusión de los distintos actores políticos tras la elección presidencial. Estamos frente a una democracia que se edifica sobre la marcha y que seguramente se harán adecuaciones necesarias para evitar sospechas e incertidumbres.
Ya el profesor-investigador de El Colegio de México Lorenzo Meyer afirmó en uno de sus artículos en el diario Reforma, que el concepto de “democracia triste” capta muy bien el ambiente que hoy priva en una parte de la ciudadanía. ¿La democracia se limita a ir a votar? ¿A la rendición de cuentas? ¿A la libertad de expresión? ¿Quiénes obstaculizan la consolidación democrática? ¿El IFE es el “malo” de esta historia?
Para Alfredo Figueroa, consejero del IFE, el Estado está obligado a dar una respuesta integral al ejercicio libre de los derechos ciudadanos. Pero también, el IFE tiene que encabezar las reformas democráticas para acreditar esos derechos.
“El IFE debe encabezar esa búsqueda de reformas, encabezar la construcción de un contexto de exigencia y, en su caso, encabezar la indignación si se violentan los derechos ciudadanos como parte de un mecanismo democrático”.
Virtudes y defectos
¿Percibe un ensañamiento contra el IFE tras el 1 de julio?
En este momento, el Tribunal Electoral se encarga de revisar aspectos generales de la elección, así como presuntos agravios tanto de autoridades, partidos políticos o personas. Efectivamente, hemos escuchado de todo en algunos medios y por parte de algunos analistas políticos sobre aspectos vinculados a que el IFE debe investigar propiamente asuntos vinculados a lavado de dinero, o que es la autoridad para sancionar delitos electorales, o que es la autoridad encargada de establecer multas en el sistema financiero. Un conjunto de afirmaciones que si bien tienen relación con la vida electoral, no tienen dentro del IFE las formas de poder realizarse porque tiene actividades específicas previstas en la ley. He señalado que nuestra democracia es una democracia germinal, que no termina por florecer con una importante estabilidad. Creo que nos tendríamos que cuestionar que si el mecanismo por el cual podemos ir haciendo cambios democráticos debe realizarse a partir de modificaciones electorales o si hay otras esferas del Estado que deben reformularse.
¿Habla de instituciones como la Procuraduría General de la Republica o la Comisión Nacional Bancaria y de Valores?
Los delitos electorales los investiga el Ministerio Público y los resuelve un juez que pertenece al Poder Judicial. ¿Qué valdría la pena señalar? Por ejemplo, el lavado de dinero no es un delito electoral. Tenemos una suerte de tipos penales que hoy están muy lejos o distan de ser elementos eficaces para la persecución de acciones contrarias a la ley y que pueden constituirse como elementos graves en la construcción de un delito. El planteamiento está asociado a informar cuáles son las facultades del IFE. La PGR y la CNBV se encuentran en esa tarea de hacer esa revisión y hay un conjunto de aspectos que tienen que llevarse a cabo, pero no pueden resolverse por arte de magia. Las investigaciones tienen características específicas. Esas instancias han tenido acompañamiento con el IFE, pero son propiamente espacios que no están asociados o vinculados o cuyas resoluciones tienen que ver con el proceso de calificación del propio Tribunal. Son aspectos que tenemos revisar si es que queremos darle una integralidad y una respuesta de Estado.
Ante los cuestionamientos del Movimiento Progresista, ¿cómo califica la actuación del IFE durante el proceso electoral y en esta impugnación?
El IFE tiene virtudes como muchas instituciones y también defectos. Me parece que no soy yo quien debe juzgar la actividad que ha desarrollado el IFE. Debe ser la sociedad y otras instituciones que tendrán que revisar el accionar de la autoridad. Hay cosas que resulta importante informar. Por ejemplo, tuve una posición contraria a la mayoría de los miembros del Consejo justamente porque me parecía que se había hecho una investigación ineficaz sobre la propaganda encubierta en medios a favor de Enrique Peña Nieto. El IFE está para hacer un trabajo de verificación, de supervisión y para defender el interés público por encima de cualquier interés particular. También hay que decir que el IFE no ha dado resultados en el proceso de fiscalización porque ningún partido ha presentado sus informes de gastos de campaña. No lo han presentado porque la ley establece que será hasta octubre cuando tengan la obligación de hacerlo. Puede decirse que podemos revisar la fiscalización y el mecanismo, los tiempos y las consecuencias de una determinada circunstancia. Pero esa reforma constitucional fue votada por todos los partidos políticos, incluidos los que forman esa coalición. Esto nos muestra que la ley tiene periodos en donde no se contempló que primero se hiciera la fiscalización y con posterioridad la calificación de la elección.
En 2006 se exigió el voto por voto y se cumplió seis años después, ¿qué adecuaciones se tendrán que realizar para el próximo proceso electoral?
La democracia electoral no debe estar desvinculada de nuestro sistema democrático. Vale la pena revisar qué aspectos de la democracia no electoral están intocables. Revisar el marco del ejercicio de los derechos ciudadanos: existen dos empresa de TV que concentran la mayoría del espectro y donde la mayoría de la población se informa de lo que ocurre. Tenemos un déficit en el ejercicio de un voto informado y no necesariamente tiene que ver con una reforma de carácter electoral sino una reforma en medios de comunicación y sobre todo en la TV. Mientras no hagamos una reforma en la materia seguiremos teniendo un déficit democrático en lo electoral, pero también en la vida cotidiana. Hay que atender la relación clientelar que se ha ido produciendo entre gobiernos y sectores sociales, entre gobiernos y partidos. Si no atendemos esa dinámica el tiempo electoral no puede resolver nada. Esto no quiere decir que no tengamos avances en materia electoral, pero me parece muy relevante iniciar por aquello que no siendo propiamente electoral, tiene un enorme impacto social.
Singularidades en cada elección
¿Qué le parece la advertencia del Partido del Trabajo de que podría presentarse un estallido social si el Tribunal Electoral valida la elección presidencial?
El IFE está formado por ciudadanos, especialistas, profesionales y por representantes de los partidos. El IFE es un espacio que no está hecho para construir tensiones entre unos y otros. Es un espacio donde se dirimen las tensiones. Así que estoy consciente de las afirmaciones y preocupaciones del PT y soy respetuoso de su forma de proceder y de crear una serie de exigencias que consideren válidas. Sin embargo, estoy claro de que todos los actores, independientemente de sus opiniones, estarán actuando en ese marco legal y de respeto a la Constitución. Esperaremos cuál es la resultante que establezca el Tribunal Electoral y, a partir de ese proceso, evidentemente juzgaremos lo que ha hecho el Tribunal Electoral y el IFE. Estoy convencido de que lo que resuelva el Tribunal Electoral será acatado por todos los partidos políticos.
¿Qué lecciones nos deja el proceso electoral del 2012? ¿Qué errores no deben cometerse?
Cada elección tiene sus singularidades y cosas importantes. Es un momento en que la república tiende a poner en escena un conjunto de temas diversos. Pienso que debemos obtener un diagnóstico claro de cuáles son nuestras fortalezas y nuestra debilidades. La reforma constitucional del 2007-2008 fue una reforma incompleta. Dejó al margen la regulación del artículo 134 de la Constitución, dejó al margen la ley en relación a la réplica, dejó al margen la intocada ley de radio y televisión, dejó intocada aspectos del sistema financiero. ¿Qué más cosas podemos exigirle estrictamente a la jornada electoral? En mi opinión nos ha mostrado que la organización del proceso es la mejor en la historia política de México. Volverle a exigir a esa jornada, por ejemplo, más cosas cuando sólo se dejaron de instalar dos casillas en todo el país, o cuando la calidad con la que se capacitaron a los ciudadanos fue superior a la de otros procesos electorales. A pesar de tener un sistema electoral con fortalezas tenemos una democracia con debilidades. Nos deja como lección la necesidad imperiosa de entrar a revisar cuáles son los procesos democráticos dentro de los partidos políticos para su selección de candidatos a los puestos de elección popular. Una democracia no está completa si los ciudadanos que forman los partidos políticos no tienen un grado de participación directa en la selección de sus candidatos. Si el proceso es que cuatro élites decidan quiénes son los contendientes, la democracia estará incompleta.