La creación de un instancia ciudadana y autónoma que permita inaugurar una nueva relación entre los medios de comunicación y el poder público puede llegar a ser tan vanguardista como se quiera.
Enrique Peña Nieto pidió a los senadores aprobar, antes del 1° de diciembre, tres iniciativas para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en todos los niveles de gobierno. La que tiene que ver con medios es una de ellas, y puede tener, dependiendo de su diseño, un impacto social y de gobernabilidad más importante de lo que a simple vista parece.
Luis Videgaray, coordinador de Políticas Públicas del equipo de transición, declaró recientemente que el gobierno de Felipe Calderón invirtió en publicidad más de 19 mil millones de pesos, monto cuya dimensión contrasta con la ineficiencia y frivolidad de una buena parte de la comunicación institucional del sexenio.
Vicente Fox dijo en alguna ocasión que gobernar era comunicar, y aunque la frase tiene una parte de verdad, lo cierto es que durante los doce años de gobiernos panistas se confundió el queso con la mantequilla.
Consideraron que se podía gobernar saturando los medios electrónicos con spots. Es decir, creyeron que la televisión podía sustituir la política, y así vimos a Fox y también a Calderón utilizar constantemente las pantallas de televisión, para tratar de convencer a los legisladores, a los campesinos o a los obreros de tal o cual reforma o decisión de gobierno.
Valdría la pena hacer una evaluación entre la enorme erogación de los 19 mil millones de pesos que hizo el gobierno para anunciarse en medios, y el impacto real que tuvieron los miles de mensajes maquilados en la población.
Si detuviéramos en la calle a cualquier transeúnte y le preguntáramos cuál de todos los anuncios recuerda, seguramente no sabría qué contestar. Es decir, el millonario gasto no sirvió para transformar lo que interesa transformar: la conciencia de la sociedad.
Hasta donde sabemos, la instancia ciudadana que se creará, a partir de una reforma constitucional, tendrá como prioridad transparentar, democratizar y hacer eficiente el gasto del gobierno en medios de comunicación. Sin embargo, hay un elemento fundamental que tiene que ver con la eficacia: los contenidos.
Hace falta hacer un alto en el camino para reflexionar, cuando menos, en dos sentidos: primero, ¿para qué quiere o necesita un gobierno pagar espacios en medios?
Hasta ahora, la publicidad institucional ha sido notoriamente desaprovechada como instrumento de concientización y formación de ciudadanía. Las administraciones panistas la utilizaron para cantarse loas a sí mismas, para tratar de legitimar al presidente en turno, pero nunca como complemento de una política social y educativa, orientada a convertir al mexicano en un individuo más pleno y responsable en todos los ámbitos de su desarrollo.
La influencia y penetración de los medios electrónicos puede —si así se quiere— fungir como una poderosa arma para provocar una revolución en la calidad de vida de la población.
Una gran parte de los problemas de salud, inseguridad, violencia, desperdicio de agua, pérdida de patrimonio por causas legales o violación de derechos humanos, se generan como consecuencia de la falta de información, orientación o culturización.
La publicidad oficial ha estado ausente en temas relevantes como la cultura de la legalidad, de la actitud cívica y solidaria, en el fortalecimiento de la identidad o en un asunto tan cotidiano como es la limpieza de las calles.
México ocupa el lugar número 10 en el mundo como generador de basura. Varias de las 40 millones de toneladas que se recogen al año son arrojadas a las calles, sin que exista hasta ahora una campaña dirigida a formar una comunidad más limpia.
Segundo: la verdadera democratización de los medios de comunicación tendría que ser entendida no sólo en función de la existencia o no de monopolios, sino de la calidad de los contenidos.
Peña Nieto ha definido la educación como “el centro de toda estrategia de desarrollo nacional”, por lo que el cambio económico y social del país tendrá que pasar necesariamente por la transformación del sistema educativo y la superación informativa y de entretenimiento que manejen los medios de comunicación. Una pareja que, dentro de una visión Estado, tendría que operar integralmente para evitar que la enseñaza en las aulas sea destruida en pocos segundos por la televisión, la prensa escrita y la radio.
La política federal en materia de medios ha privilegiado hasta ahora en sus pautas publicitarias los ratings y los tirajes, sin importar que la ponderación de la violencia o del sensacionalismo o la mediocridad a secas, sean el eje central de sus líneas editoriales y sin duda la base de su comercialización.
Durante la plenaria de los senadores del PRI en Chihuahua, Videgaray dijo que “si una reforma no beneficia a la gente, mejor ni hagamos reformas”, lo que trasladado al ámbito de la comunicación significa que la nueva relación entre los medios y el poder público debe tener como eje central la construcción de una sociedad superada.