Juan Barrera Barrera
El pasado 16 de agosto el gobierno de Quito decidió otorgarle asilo político al controvertido fundador de Wikileaks, Julian Assange, quien se encuentra refugiado en la embajada de Ecuador en Gran Bretaña desde el 19 de junio, lo que podría provocar un conflicto de mayores proporciones: el rompimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países. Assange enfrenta su extradición a Suecia por presuntos delitos sexuales, pero el acusado considera que detrás de esta acción hay un sesgo político para extraditarlo a Estados Unidos, donde podría enfrentar cargos de alta traición, por la filtración de miles de documentos secretos que hizo el ex hacker australiano que sumieron a la diplomacia estadounidense en un escándalo mundial.
Los cables filtrados de información confidencial de las embajadas de EU por parte de Wikileaks provocaron controversia en casi todos los países del mundo a partir de 2010, pero en Ecuador generaron una medida más radical: el gobierno de Rafael Correa anunció la expulsión de la embajadora, Heather Hodges, el 5 de abril de 2011, debido a las revelaciones de la sede diplomática sobre la presunta corrupción en la policía del país sudamericano.
Ante la decisión de la cancillería ecuatoriana de otorgarle el asilo a Assange, porque presume persecución política, el gobierno británico reaccionó de manera errática, al no aceptar el principio de asilo diplomático, porque “no es un principio universalmente aceptado”. Londres antepone la Ley de Recintos Diplomáticos y Consulares de 1987 que le permite revocar el estatus diplomático de una embajada en su territorio y poder entrar a la sede de la embajada ecuatoriana y arrestar a Julian Assange y cumplir así con la obligación de extraditarlo a Suecia.
La Convención sobre Relaciones Diplomáticas de Viena establece que las policías locales y las fuerzas de seguridad no pueden ingresar al recinto de una embajada sin el permiso expreso del embajador. El allanamiento de la legación diplomática ecuatoriana por parte del Reino Unido sería un acto violatorio del derecho internacional y al mismo tiempo sus propias embajadas estarían expuestas a la misma medida.
El ingreso de la policía a la sede sería una medida extrema que podría provocar hasta el rompimiento de relaciones diplomáticas entre ambas naciones. Entre los escenarios para dirimir este conflicto, el más factible es llevar el caso ante la Corte Internacional de Justicia, que es la encargada de dirimir controversias entre los Estados.
Ecuador logró ya hacer un frente común a su causa, al convocar el Consejo Permanente de la OEA a una reunión de cancilleres de América para analizar la crisis diplomática entre Gran Bretaña y Ecuador, concretamente sobre la inviolabilidad de los locales diplomáticos, ya que el derecho de asilo no está a discusión. Gran Bretaña no reconoce la figura de asilo político y diplomático porque argumenta que sólo está reconocido en el Sistema Interamericano por la Convención de Caracas sobre Asilo Territorial de 1954.
Lo cierto es que el caso Assange es más complejo que un mero asunto doméstico, en el entendido de que se sabe que el fundador de Wikileaks todavía tiene en su poder infinidad de informaciones que no ha dado a conocer y que involucran a políticos y diplomáticos de varios países. Ese es el asunto de fondo.