Entrevista a Edgar Belmont/Especialista en materia laboral

Nora Rodríguez Aceves

Sin duda, el sindicalismo mexicano enfrenta una crisis de representación y de legitimidad, pero que no se aproveche esta crisis para atacarlo, porque el sindicato es el único instrumento que pueden tener los trabajadores para buscar un equilibrio con el capital. Hay que hacer más bien un esfuerzo por elevar e incentivar la participación de los trabajadores en las organizaciones sindicales, la burocracias o los representantes de los trabajadores tienen que  responder a ello sin duda, pero no creo que con la iniciativa de reforma laboral enviada por el Ejecutivo federal a la Cámara de Diputados se esté logrando.

“Se dice que se busca democratizar y transparentar los sindicatos, pero esa es la idea de justificar, pues detrás de esa iniciativa hay verdaderamente un ataque al colectivo de trabajo, a la organización sindical como instrumento, por eso es sumamente riesgoso porque cómo enfrentar el dominio empresarial si no es a través de los colectivos y de la solidaridad”, afirma Edgar Belmont Cortés, especialista en materia laboral.

La propuesta de Calderón

El 1 de septiembre, el presidente Felipe Calderón envió a la Cámara de Diputados la iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, con carácter de trámite preferente, figura que se incluye en la Constitución luego de la reforma aprobada por el constituyente el 9 de agosto pasado en materia política.

De acuerdo a la ley, el presidente de la república “podrá presentar al inicio de cada periodo ordinario de sesiones dos nuevas iniciativas o señalar hasta dos iniciativas que hubiere presentado en periodos anteriores, cuando estén pendientes de dictamen, las cuales deberán ser discutidas y votadas en un plazo máximo de 30 días naturales. Si no fuera así, la iniciativa en sus términos y sin mayor trámite, será el primer asunto que deba ser discutido y votado en la siguiente sesión del pleno. En caso de ser aprobado el proyecto de ley o decreto, pasará de inmediato a la cámara revisora, la cual deberá discutirlo y votarlo bajo las condiciones antes descritas”.

El gobierno federal justifica su iniciativa de reforma laboral resaltando aspectos como que “el marco jurídico laboral ha quedado rebasado ante las nuevas circunstancias demográficas, económicas y sociales; la legislación actual no responde a la urgencia de incrementar la productividad de las empresas y la competitividad del país, ni tampoco a la necesidad de generación de empleos; subsisten condiciones que dificultan que en las relaciones de trabajo prevalezcan los principios de equidad , igualdad y no discriminación; el anacronismo de las disposiciones procesales constituye un factor que propicia rezagos e impide la modernización de la justicia laboral; a pesar de que nuestro país ha tenido importantes progresos democráticos y de libertad, aún es necesario avanzar hacia mejores prácticas en las organizaciones sindicales, que favorezcan la toma de decisiones”, es decir, democratizar y transparentar la vida sindical.

Para lo que el primer mandatario propone incluir nuevas modalidades de contratación como los periodos de prueba, los contratos de capacitación inicial, regular la subcontratación de personal o los llamados outsourcing; establecer un límite a la  generación de salarios vencidos: impulsar la multihabilidad de los trabajadores: vincular los salarios a la calificación y competencia adquiridas; plantea incorporar la noción de trabajo decente que promueve la Organización Internacional del Trabajo; la autonomía y democracia sindical; eliminar las Juntas Federales y Locales de Conciliación, la contratación por horas, entre otras modificaciones que desde el punto de vista de las autoridades modernizará el marco jurídico laboral.

Es un matiz de la ley Lozano

Sin embargo, para el doctor en sociología por la Université d’Evry Val d’Essonne de Francia, en términos general esto no sucederá ya que “no hay mucha diferencia con la que presentó el Partido Acción Nacional, realizada por entonces secretario del Trabajo, Javier Lozano, la llamada ley Lozano,  en marzo de 2010, hay algunos matices, pero es una iniciativa maquillada, simplemente Calderón le dio un maquillaje en algunos aspectos, por ejemplo, la iniciativa del PAN planteaba temas como salarios vencidos, poner límites en la idea de que la legislación laboral es bastante pesada para los empresarios sobre todo porque hace costoso el despido, porque las huelgas prolongadas generan costos excesivos para las empresas, lo cual  desincentiva la inversión, siguen en la misma tónica de que hay que relajar las obligaciones patronales y en la contratación y en el despido esta idea de flexibilizar el mercado de trabajo,  de despolitizar el mercado de trabajo, la del PAN planteaba seis meses y la de Calderón plantea 12 meses de salarios vencidos, pero es la misma argumentación en realidad”.

“La lectura que tiene que hacerse de la iniciativa más bien es en el terreno político, está muy claro que busca flexibilizar el mercado de trabajo en beneficio de los empresarios en la idea de atraer inversiones, ese es el supuesto. La lectura política es en el marco del inicio del próximo sexenio, pareciera que la iniciativa de reforma laboral que lanza el Ejecutivo federal es hacerle un poco el favor al presidente electo Enrique Peña Nieto, en el sentido de que será Calderón quien asuma los costos políticos de aprobarse esta reforma, da la impresión de que hubiese ya un acuerdo político entre ellos”.

Ante la polémica que nuevamente ha levantado el proyecto de reforma, la fracción parlamentaria del PAN en la Cámara de Diputados, en voz de su coordinador, Luis Alberto Villarreal García, defiende y da apoyo total a la propuesta enviada por Calderón: “Estamos de acuerdo en que es una iniciativa que nos va a permitir ser más competitivos, generar empleos y erradicar una serie de abusos como lo son aquellos que se realizan a través de los outsourcing o también aquellos que se realizan a través de las dirigencias sindicales por la falta de democracia”.

En este sentido, Belmont explica a Siempre! que “aquí lo interesante es cómo definen la competitividad, el discurso es el mismo, incluso el PRI cuando planteó su propia iniciativa, sus dirigentes hablaban de la necesidad de establecer un nuevo pacto por la competitividad, por eso Javier Lozano se extraña cuando los priísta se echan para atrás y no aprueban la iniciativa de reforma”.

“Todos los partidos han presentado su propia iniciativa de reforma laboral: el PAN, el 18 de marzo;  el PRD, el 20 de abril 2010, y el PRI  el 10 de marzo de 2011, y el PRI coincidía en esta idea de que hay que generar un pacto por la competitividad. ¿Cómo definen la competitividad? La definen básicamente en la idea de atraer inversiones para generar empleos, pero son empleos que no contribuyen al desarrollo social, hay estudios que se han hecho en algunos estados donde ha llegado la inversión extranjera directa que demuestran que aún con la inversión no se ha dado  un incremento  de los niveles de vida o de la calidad de vida de la población. No genera desarrollo y es ahí donde nos lleva la discusión de que estos empleos aunque según dice que son formales en realidad no lo son y la calidad de los mismos no garantiza la protección de los individuos”.

De ahí que señale que “seguimos con una lógica más bien de desprotección, de limitar la protección de los individuos bajo este supuesto de que garantizaría darle formalidad a esas prácticas informales, por lo tanto, yo no veo que esta iniciativa realmente contribuya ni a mejorar las condiciones de trabajo de la inmensa mayoría de  trabajadores ni tampoco que contribuya a resarcir todos los rezagos que hay en materia de acceso a la justicia laboral”.

“Tantas prácticas —dice el investigador— por parte de los empresarios que hay, que limitan los derechos de los trabajadores, hay mucha violencia salarial digámoslo así, mucha presión sobre el trabajador que en realidad la iniciativa no busca acabar con esas prácticas. La cultura empresarial en México es una cultura autoritaria, vertical, prácticamente no hay mecanismos de participación de los trabajadores  en la toma de decisiones de las empresas a través de comités de empresas como existen en otros países”.

Entonces, “no se pretende en realidad resarcir esos rezagos no toca esos aspectos, la iniciativa es más en la idea de relajar las obligaciones patronales en la contratación y en el despido y al mismos tiempo es un ataque también  al colectivo del trabajo, sin duda que en esta idea de flexibilizar el mercado de trabajo es ir acabando poco a poco con los sindicatos, por ejemplo un mecanismo que está previsto en la propia iniciativa ya incluso estaba previsto en la del PAN, podemos considerar que es la misma, era que los trabajadores puedan solicitar la suspensión de su cuota sindical para apelar a la transparencia, pero es como tratar de justificar la iniciativa resaltando estos aspectos”.

Por una democracia sindical

Aunque reconoce Belmont que “no cabe duda que hay una gran crítica hacia las organizaciones sindicales por su falta de transparencia, pero esa transparencia tiene que definirse en mecanismo hacia el interior de los propios sindicatos para que los trabajadores, quienes aportan la cuota sindical, tengan certeza en qué se usan los recursos que emplean, pero de ahí a que haya injerencia  por parte del Estado en la vigilancia de tales recursos me parece un exceso, insisto, soy consciente de la crítica social que hay hacia las organizaciones sindicales, pero  ese ataque al sindicalismo tiene repercusiones sociales porque es atacar al colectivo de trabajo”.

Por eso, “hay que hacer un esfuerzo por democratizar las organizaciones sindicales, en eso  hay coincidencia de muchos, pero yo estoy seguro que esta iniciativa más que incentivar la democratización incentiva un alejamiento de los trabajadores de los sindicatos.  La democratización de la vida sindical se tiene que generar al interior de estas organizaciones, los trabajadores tienen que impulsar estos procesos de democratización. Cuando hablo de los sindicatos aquí hay que entender, que la gran critica que hay de la sociedad hacia los sindicatos es precisamente por las burocracias sindicales, es decir, que los dirigentes sindicales parece que se han alejado de la representación de los trabajadores y esto ocurre en muchos espacios y eso es un gran problema que enfrenta el sindicalismo”.

Siendo así, “la gran paradoja que enfrentan es que ellos tienen que definir mecanismos que legitimen más su participación, su representación, creo que hay un alejamiento cada vez mayor de los dirigentes sindicales de su representados y hay algo que les preocupa sobre todo ahora, porque hablar de la reforma laboral es hablar de los mecanismos que regulan el trabajo mediado por un contrato, pero hay otras formas que intervienen en la regulación del trabajo como la intensidad del trabajo, de cómo se negocia el salario, de cómo se asigna el salario, hoy se recure mucho a las comisiones, en fin lo que quiero decir es que hubo un momento en el que se habló mucho de la productividad y que esa productividad parecía estar basada en inventivos salariales, pero la verdad es que no ha habido una mejora salarial, a eso se enfrentan los dirigentes sindicales”.

El investigador  agrega que “ha habido en algunos casos incremento de productividad, pero no mejora en condiciones salariales o en condiciones de vida de la clase trabajadora y es ahí donde están enfrentando esa paradoja, sin duda, que hay una  gran presión social porque los sindicatos cumplan verdaderamente su función social,  pero de ahí a que esa presión la aproveche el gobierno federal, el Poder Ejecutivo aproveche esa crítica que hay hacia las dirigencias sindicales para decir que los sindicatos no sirven o que son un obstáculo a la competitividad me parece un exceso  y si dejamos pasar esto estamos perdiendo mucho como sociedad”.

Aplicar, no modernizar, la legislación laboral

En ese mismo tenor, Belmont, investigador de la Unidad Multidisciplinaria de Estudios sobre el Trabajo de la Universidad Autónoma de Querétaro, da su opinión sobre el argumento de modernizar el marco jurídico del sector laboral, y asegura que no es necesario modernizar la ley laboral sino simplemente “aplicarla tal como está si quisieran justicia laboral, porque qué está detrás de la idea de modernizar, y parece que es la estrategia que se ha venido empleando desde hace tiempo, la idea de modernizar es la idea de atacar el pasado, pasado que consideran como un obstáculo, por eso ellos —quienes quieren la reforma laboral— consideran que ese marco de regulación laboral está sumamente politizado que responde a otra época,  han insistido que en más de 15 años se han propuesto más de 400 iniciativas y que no se han logrado, que eso que fue exitoso y así lo decía en algún momento Carlos Salinas de Gortari, él utilizaba mucho la idea cuando hablaba de modernización de que lo que fue exitoso en un tiempo hoy es gravoso, y hoy siguen en la misma lógica”.

“Lo que se requiere más que cambios son ajustes a la legislación, aquí hablamos de aquellos que garanticen realmente la protección del trabajador,  aquellos que eleven la calidad en el trabajo, la calidad del empleo, aquellos que permitan reconstruir nuestros horizontes como sociedad, que garantice realmente el salario digno, que permita vivir dignamente, que garantice la protección social, que garantice la libertad de asociación, el derecho a oponerse de los trabajadores, pero  esto va contra lo lógica económica que es la que domina hoy”.

Belmont va más allá y dice que “es un juego ideológico, en realidad la idea de modernización nos lleva a discutir qué entienden por modernización, cuáles son los contenidos de la modernización y eso lleva una discusión política, porque más bien pareciera que cuando uno emplea la idea de modernizar es para forzar cambios, para acabar con aquellos que se oponen, pero  detrás de esto hay un juego político hay que modernizar en la idea de que hay gente que está viviendo en el pasado y ha sido la estrategia decir hay que dejar atrás los mitos hay que dejar atrás los tabúes, etc. pero el espíritu del artículo 123 constitucional sigue vigente y más hoy frente al dominio, insisto, de lo económico  sobre lo social y lo político”.