Mayoría parlamentaria no equivale a opinión pública

Marco Antonio Aguilar Cortés

Ponciano Arriaga fue un liberal constituyente de 1856-1857 que, en dicho congreso, pronunció un discurso de un corte socialista inusitado para ese tiempo: “… nacen y mueren constituciones… se abultan y se intrican los códigos… y no queda nada positivo para el pueblo… para él se hicieron todos los males de la sociedad, y ninguno de sus bienes”.

Así quedó establecida la norma fundamental de nuestro capitalismo: libertad; libertad para explotar, y libertad para ser explotado.

Nuestro constituyente del 1916-1917 estableció, por fortuna, el artículo 123, dando lugar a sus leyes reglamentarias; y, al menos en teoría, protegió a los trabajadores y a la clase social que constituyen.

Hoy, so pretexto de una modernidad globalizadora, ese proyecto normativo está en peligro. Es cierto que debe reformarse la legislación laboral, pero para mejorar a los obreros, la mejor clase social que constituye a nuestra población, ya que es la que genera los bienes y servicios que aquí se producen.

La mano de obra, junto con el talento, la imaginación y la inteligencia de la clase trabajadora es lo fundamental para la producción. El capital, solo, no produce ni medio centavo, salvo la deformación que hace el sistema capitalista, que se inició como revolucionario para acabar con el feudalismo, pero que ahora, vetusto y contradictorio, produce más problemas que soluciones.

Hoy, en 2012, el obrero está sobajado por un patrón que puede no tener ni rostro ni nombre, sólo es una transnacional o una sociedad mercantil deshumanizada. Soporta, también, el abuso de líderes sindicales. Vive, a la vez, en un medio hostil, tanto por una mala seguridad social, una policía amenazante, una economía brutal que día a día le reduce su capacidad adquisitiva, un gobierno adverso y una educación pública de dudosa calidad que no alcanza para sus hijos.

Esas afectaciones a la clase trabajadora no únicamente le viene de la política interna, sino de las determinaciones de transnacionales poderosas, amparadas por el gobierno de Estados Unidos, quienes ejercen su imperialismo económico a través de instituciones internacionales.

Pero dentro de esa mundialización, México puede y debe defender a sus obreros, como lo vienen haciendo muchos gobiernos de naciones desarrolladas.

Los derechos de los trabajadores no pueden ser abrogados por nadie. Sería muy idiota el patrón que pretenda tal tontería. Quien lo haga, se suicida.

Por igual, las obligaciones de los obreros deben ser cabal y puntualmente cumplidas por éstos. Las facultades y los deberes correlativos deben ser desempeñados a plenitud por las partes.

Cualquier modificación constitucional en materia laboral, que no conduzca a que los obreros tengan mayor ingreso, mejores prestaciones de todo tipo, superior calidad de vida para ellos y su familia, no debe aprobarse nunca.

Nadie se equivoque. No siempre la opinión de la mayoría parlamentaria es equivalente a la opinión pública, pero con las necesidades y los sentimiento de la nación no se juega.