Ante el inicio del nuevo gobierno
Alfredo Ríos Camarena
Conforme se acerca el 1 de diciembre, crecen los rumores y las especulaciones sobre quiénes serán los colaboradores cercanos que integren el gabinete de Enrique Peña Nieto.
No sólo se trata de una simple especulación, lo trascendente es el diseño de nuevas políticas públicas para enfrentar los severos temas de inseguridad, de injusticia y de desequilibrio social.
Los conceptos paradigmáticos de la Constitución de la República no concuerdan con el modelo de economía abierta y neoliberal sobre la que se ha desarrollado la nación en los últimos 30 años. Al adoptarse como norma fundamental la concepción de que el mercado domina la regulación del crecimiento económico, se contrasta y se opone a los paradigmas constitucionales que ordenan, sin la menor duda, la rectoría del Estado en el desarrollo económico y social.
La Constitución en los artículos 25, 26, 27 y 28 mandata una teleología cuyo principal fundamento es la distribución equitativa de la riqueza, postulando la intervención estatal para el control y desarrollo del proyecto nacional.
El modelo que construyó el Constituyente tiene como propósito la justicia social, que no es el bien común, pues este último se fundamenta en una filosofía caritativa y cristiana, mientras que el concepto de justicia social se sustenta en apoyar a las clases económicamente más débiles y promover la producción con base en una justa distribución de la riqueza.
Hemos vivido entre el cumplimiento de estos fines constitucionales y el pragmatismo neoliberal. Por eso, en este momento del retorno del PRI a la conducción pública deben definirse con claridad los fines y propósitos del Estado nacional; el presidente electo Peña Nieto ha afirmado su respeto a la Constitución como proyecto nacional, aun cuando en los últimos años se ha distorsionado el cumplimiento de dichos principios.
Estamos frente a una disyuntiva esencial: si se pretende retomar el camino del respeto al Constituyente, tendrán que legislarse y aplicarse políticas públicas con el objetivo de promover esa justicia social, tan anhelada por millones de mexicanos que hoy enfrentan el drama de la pobreza extrema y de la inseguridad. Si, por otra parte, lo que se pretende es ahondar en el proceso de economía abierta, deberán modificarse los preceptos constitucionales que, hoy, a pesar de que son letra muerta, siguen siendo normas de derecho positivo.
Los mexicanos debemos aprovechar los cambios que se están dando en todo el planeta para no cometer el error de llegar tarde, y mal, a una política que está cambiando vertiginosamente y que ya no corresponde al impulso que Margaret Thatcher y Ronald Reagan le dieran a la política monetarista.
La dependencia hacia el modelo que nos fue impuesto debe variar, con una visión moderna, pragmática y eficaz. No se trata de frenar la empresa privada, sino de darle un sentido que corresponda a los altos fines de la república.
La reforma fiscal debe ser la pieza clave para la redistribución. Esta reforma ha sido pospuesta por muchas décadas, lo que ha permitido que cientos de grandes empresas eludan impuestos por vías legales.
Peña Nieto ha demostrado sensibilidad política y apertura, por lo que su gobierno deberá enfrentar el futuro con políticas públicas que nos devuelvan la esperanza.