Entrevista a Edgardo Buscaglia/Investigador principal de la Universidad de Columbia

Antonio Cerda Ardura

El asesinato del joven José Eduardo Moreira Rodríguez, hijo del exgobernador de Coahuila y expresidente del PRI, Humberto Moreira Valdés, el pasado 3 de octubre, y en el que participaron policías municipales encabezados por Rodolfo Castillo Montes, subdirector operativo de la Policía Municipal de Ciudad Acuña, es sólo una pequeña muestra del grado de penetración que han logrado los grupos criminales en las corporaciones de seguridad, ya que se sospecha que estos hombres trabajan para Los Zetas.

Tras de que en la década de los 90 se registraron los asesinatos de dos políticos, Luis Donaldo Colosio y José Francisco Ruiz Massieu, la violencia contra los hombres del poder por parte de la delincuencia organizada se recrudeció, al grado de que en el sexenio de Felipe Calderón han sido ejecutados más de 30 alcaldes, algo inédito en México.

Entre los hechos más recientes de violencia contra la clase política, destacan el asesinato, el 28 de junio de 2010, del candidato del PRI a gobernador de Tamaulipas, Rodolfo Torre Cantú. A sólo seis días de las elecciones para renovar la gubernatura, 43 ayuntamientos y el Congreso local, Torre Cantú fue emboscado en una carretera del municipio de Soto La Marina y asesinado junto con otras seis personas, entre ellos el diputado local priista Enrique Blackmore y el secretario particular del candidato Alejandro Martínez.

El 21 de noviembre de ese mismo año, el exgobernador priísta de Colima, Jesús Silverio Cavazos Ceballos, fue balaceado afuera de su casa y murió poco después en una clínica particular mientras recibía las primeras atenciones.

Apenas el 14 de septiembre de 2012, el diputado electo del PRI por el Distrito local XVII del municipio de Cajeme, Sonora, Eduardo Enrique Castro Luque, recibió cuatro balazos cuando llegaba a su domicilio y murió minutos más tarde en un nosocomio del Instituto Mexicano del Seguro Social, a sólo dos días de tomar posesión de su cargo.

Durante el régimen de Vicente Fox, se dio el primer ataque contra un familiar de un prominente político. El 6 de diciembre de 2004, el cuerpo del hermano menor del expresidente Carlos Salinas de Gortari, Enrique, fue hallado dentro de un auto abandonado en el municipio de Huixquilucan, Estado de México.

La Procuraduría local informó que Salinas fue asesinado asfixiado con una bolsa de plástico y que, un día antes del hallazgo de su cuerpo sin vida, atendió una cita de negocios relacionada con una deuda.

En entrevista con Siempre!, el especialista en temas de seguridad nacional, Edgardo Buscaglia, investigador principal de la Universidad de Columbia en Nueva York, asegura que las elites político-empresariales son los nuevos blancos del crimen organizado, porque México todavía no tiene políticas adecuadas de prevención de la corrupción en las esferas del poder.

Buscaglia, profesor invitado de la UNAM y presidente del Instituto de Acción Ciudadana, señala que México sufre de una debilidad institucional muy pronunciada y, por ende, las instituciones de seguridad y justicia funcionan con un mínimo de gobernabilidad, lo que es aprovechado por el crimen organizado para posicionar a sus hombres en un afán de formatear el Estado de acuerdo con sus intereses.

Debilidad institucional

A unas cuantas semanas de la toma de posesión del nuevo presidente, emanado del PRI, ¿cuál es su percepción sobre el asesinato del hijo del exdirigente de ese partido? ¿Cómo afecta a la clase política?

La delincuencia organizada asesina a funcionarios del estado cuando éste se encuentra en una situación de debilidad institucional muy pronunciada, como en el caso mexicano. Hay muy pocas instituciones en el ámbito de la seguridad pública y de la justicia que funcionan con un mínimo de gobernabilidad, de manera que, en casos así, donde la impunidad es tan alta y de cada cien delitos se resuelven sólo uno, o dos, o tres, que es una proporción muy pequeña, son más frecuentes hechos como ése.

Cuando, por alguna razón, los grupos criminales quieren castigar a una autoridad, ya sea porque esa autoridad detuvo a uno de sus miembros o porque la misma, que antes estaba corrompida, se niega a seguir cooperando, o porque quieren colocar a otra que les sea mucho más flexible para sus propósitos, normalmente la atacan, y asesinan a fiscales, jueces o políticos y, muchas veces, se van en contra de sus familias. Eso sucedió con frecuencia en Italia, especialmente con la Cosa Nostra, la mafia de Sicilia, y ocurre en países como Rusia o Nigeria. La delincuencia organizada intenta formatear el Estado a su imagen y semejanza y, para eso, utiliza la corrupción. Cuando no puede corromper, recurre a la violencia contra los funcionarios. Y, cuando lo hace, es normalmente porque las instituciones del Estado no le imponen castigos, o las tiene corrompidas, o no tienen el apoyo necesario.

¿Qué piensa de la reacción de las autoridades, en este caso específico, para ubicar a los responsables del asesinato?

Hubo una reacción del Estado mexicano, en Coahuila, ante esta tragedia individual del joven masacrado. Pero esta reacción fue tardía: fue reactiva y no proactiva. Está muy bien que detengan y procesen a esta gente, pero es una reacción, no una acción preventiva. El Estado tiene que ponerse por delante de los grupos criminales, pero la única manera de hacerlo es con inteligencia operativa, con aparatos de inteligencia que infiltren mejor a estos grupos y desmantelen sus fuentes de financiamiento con las cuales compran gasolina, se transportan, arman su logística y obtienen bienes y servicios mal habidos. Hay que desmantelar el patrimonio real de los criminales.

Inteligencia criminal

Por lo que se ha sabido de este caso del joven Moreira, la corrupción llegó hasta su círculo de protección. Los policías municipales con los que trabajaba, lo entregaron. ¿Esto significa que la auténtica inteligencia la están haciendo los criminales?

Ellos tienen en este momento mejores aparatos de inteligencia.

La Oficina de las Naciones Unidas en México ha sido inútil en pronosticar la debacle de seguridad actual. No es un problema de armas, como dice, es porque el estado mexicano no posee capacidad de inteligencia preventiva ni operativa de campo y no ha logrado infiltrar los círculos patrimoniales-económicos y de poder político de los grupos criminales. La delincuencia organizada tiene protección política en todo el país, como la tiene en todo el mundo, y con la alta corrupción que existe logra obtener el tipo de información que les permite cometer atrocidades con la certeza con que la hicieron el 3 de octubre. Siempre hay corrupción.

Esta corrupción permite comprar al personal de seguridad de quien sea, como ocurrió con la policía municipal de Coahuila.

En estos casos siempre la hay en algún nivel del estado. Cuando se atenta o se comete asesinato en contra de un familiar de un funcionario o del propio funcionario, siempre hay corrupción. Hay que dejar que, en el caso de Moreira, la investigación determine en dónde existió, pero siempre la hay. Lo más importante, insisto, es que el estado tiene que tomar la delantera desde un punto de vista proactivo y no reactivo. Hasta ahora, esta administración ha venido reaccionando ante la delincuencia organizada, y ya cuando uno reacciona, pierde la batalla. Cuando uno reacciona ante los grupos criminales, nunca los puede contener. Así que sencillamente se tiene que ejercer una política proactiva. Antes de que los delincuentes se muevan, el Estado tiene que saber hacia dónde lo van a hacer y debe neutralizarlos. Y no es una guerra con soldados, sino de mucho trabajo de inteligencia, con agentes de inteligencia en las inmobiliarias que los delincuentes controlan, por ejemplo, en la ciudad de México. Esta labor de inteligencia debe estar identificando las vastas redes de empresas farmacéuticas con los cuales la delincuencia organizada produce precursores para las drogas sintéticas. Los agentes de inteligencia tienen que estar infiltrándose en las compañías de construcción y en las áreas de turismo y de juegos en las que operan las mafias. Y cuando el estado rompe esas estructuras patrimoniales, proactivamente está enviando a estos grupos criminales a la edad de piedra, a las cavernas, porque no se pueden mover si no tienen logística. Desde el punto de vista económico, tampoco pueden operar con la facilidad con la que lo hacen hoy. Esto es trabajar de manera proactiva y no reactiva.

Tal vez desde los asesinatos de Luis Donaldo Colosio y José Francisco Ruiz Massieu, no se había visto un incremento, como ahora, de las ejecuciones de políticos. Y me parece que el caso más sonado del ataque a un familiar de un político, fue el crimen del hermano de Carlos Salinas, Enrique. Ahora fue el hijo del expresidente del PRI. ¿Esto significaría que la delincuencia va a usar ahora este tipo de forma de coacción?

En todos los países, incluso en Estados Unidos, han ocurrido asesinatos de políticos como los que hubo en México en la década de los noventa. Hoy se está observando un nuevo tipo de violencia. Cuando los grupos criminales quieren dominar el Estado y el Estado ya perdió los controles institucionales y se debilitó, lo que buscan es controlar ellos colocando a su gente. Y cuando los funcionarios del Estado a nivel político o a nivel operativo, como los policías, no les responden, los asesinan. Eso se está viendo con más frecuencia especialmente a nivel municipal, donde el número de asesinatos ha aumentado, pero también han comenzado a ocurrir, a nivel de entidad federativa, los asesinatos de candidatos a gobernadores. Como ustedes saben, los grupos criminales han asesinado a candidatos a gobernadores con la intención de colocar a los suyos. Y ahora se están moviendo hacia la política nacional. La violencia organizada va in crescendo, aumenta en su alcance y en su intensidad hasta llegar a las elites político-empresariales de todos los países. Sucedió en Italia, Colombia y Rusia y ahí es donde, precisamente, se ha tomado al toro por las astas y se han comenzado a aplicar los mecanismos de inteligencia proactiva, patrimonial proactiva y empezado a desmantelar a las mafias, cueste lo que cueste. Y es a cualquier costo, porque cuando se desmantela el aparato patrimonial delincuencial, se llega a las campañas políticas de todos los partidos.

Y ahora van en juego también las familias.

Van en juego las familias, claro. En este punto es cuando los políticos dicen: “Bueno, si tengo que perder a mi familia, mi patrimonio y mi propia vida, es mejor perder mi campaña y mi candidatura, y muchas veces toman esa decisión correcta para sobrevivir. Es, por supuesto, algo que todavía no se ha visto en la historia de México, pero se va a ver si no se toman las decisiones claras que yo he venido comentando en Siempre! desde hace muchos años. México todavía no tiene políticas adecuadas de prevención de la corrupción en las esferas del poder, para mejorar las estructuras judiciales y para el desmantelamiento de la economía real de los grupos criminales, que está, como le decía, en los galpones de almacenamiento, las fábricas de efedrina, o en los vehículos que les permiten moverse de Coahuila a Durango, por ejemplo. ¡A esas flotillas de transporte nadie las toca! Tampoco ejerce el Estado una política de prevención social, dado que estos grupos criminales se alimentan de cientos de miles de jóvenes que no tienen oportunidades de vida en México. Muchos jóvenes se van a Estados Unidos y otros se vuelcan  hacia los grupos criminales para vivir del narcomenudeo o transformándose en sicarios. Hay una ausencia, un vacío del Estado en estas áreas.

El presidente Calderón nunca tomó en cuenta esas consideraciones, ni las de otros especialistas en materia de seguridad nacional.

El presidente no pudo, porque llegó al poder con un 0.56 por ciento de margen de victoria. Ningún presidente en la historia de la humanidad, en un sistema presidencialista, puede gobernar en donde hay varios partidos determinando el futuro de un país.  Ningún presidente puede gobernar con un margen de victoria tan pequeño y cuando esas políticas que le he dicho requieren de una coalición de partidos que las apoyen. Un presidente solo con su partido no puede implementar políticas de prevención social ni de ataque a la corrupción en los círculos de poder.

¿Usted cree que con Enrique Peña Nieto vaya a ocurrir lo mismo?

Esperemos que no. A toda administración que accede al poder en cualquier país, yo siempre le concedo el beneficio de la duda. ¿Por qué no? El presidente electo, Enrique Peña Nieto, llegará al poder sin ese peso que sí tuvo Calderón de un margen de victoria electoral tan pequeño, que era imposible de justificar para muchas personas.

Calderón llegó al poder deslegitimado.

Pero Peña Nieto asumirá el poder con la capacidad de llamar a una coalición de partidos para tomar estas medidas, que, sin los demás partidos, no podría implementar. Combatir la corrupción política preventivamente no es una medida que un solo partido pueda tomar. No lo puede hacer ningún país. Tiene que ser implementada con todos los partidos. Generar un sistema judicial de primer mundo, que México no tiene todavía, también es una decisión que todos los partidos deben tomar para que existan, por ejemplo, fiscales autónomos. La autonomía de un fiscal no la puede decidir el presidente electo, tiene que ser una decisión de una coalición de partidos. Y  después hay que desmantelar el aparato patrimonial de los grupos criminales que vincula a las campañas políticas de todos los partidos. ¿O de dónde podríamos creer que un candidato promedio, ya sea en la ciudad de México o en Durango, sobrepasa los topes de campaña, no por un poco, sino en un mil o dos mil por ciento? Mucho de ese dinero tiene procedencia criminal. Así que es un problema grave que se tiene que abordar con todos los partidos de la mano, como se hizo en Colombia o Italia y ahora en Indonesia. No hay manera de salir de esto sólo con un partido.

Coalición de partidos

¿Usted cree que a partir de este asesinato las familias de la clase política estén en riesgo?

Los políticos que han estado metidos con los grupos criminales y se han vendido a ellos, siempre están en peligro de perder sus vidas y las vidas de sus familias. Las elites político-empresariales en todo el mundo tardan mucho tiempo en darse cuenta de las consecuencias trágicas de acostarse con grupos criminales. Por lo general, cuando los políticos se resisten a seguir sirviendo a los grupos criminales, son ejecutados y sus familias atacadas. A los políticos que se niegan a venderse a los grupos criminales, también se les amenaza físicamente, porque los delincuentes saben que el Estado no tiene poder judicial, ni fiscales, ni policías efectivos. ¡No les cuesta nada a los grupos criminales asesinar políticos! Para prevenir eso, se tiene que fortalecer a las instituciones, que es algo que todavía no se ha logrado. El presidente Calderón tampoco ha ido jamás a todos los partidos a buscar una coalición efectiva para implementar las reformas judiciales a nivel federal, que es el fuero donde se atraen las causas de delincuencia organizada. Seguimos, igual, con una reforma judicial fallida a nivel federal. Y eso se tiene que remediar de inmediato. Es prioridad del presidente electo entrarle a esas cuatro áreas a través de coaliciones con partidos. Cada medida de las cuatro que le mencioné: la judicial, la patrimonial, la de corrupción política y la de prevención social, requiere de una coalición entre partidos diferentes. Urge trabajar con coaliciones e implementar estas medidas, porque, de lo contrario, seguirá siendo muy barato asesinar políticos y no tener consecuencias. Estos grupos criminales asesinan políticos y después, reactivamente, llega la Marina y ataca a Los Zetas, pero ya la vida está perdida. Así que el camino es prevenir, proactivamente, fortaleciendo a las instituciones y desarmando a los criminales antes de que se puedan mover. Italia, España, Alemania y Colombia han logrado así contener a la delincuencia, porque ésta, en realidad, nunca desaparece.