En Michoacán, aplicar el derecho no es represión

Marco Antonio Aguilar Cortés

Los actuales problemas de Michoacán son polvos de viejos lodos. Nada nace por generación espontánea. De antiguas raíces es la llamada Nueva Jerusalén, como añejas son las causas de las escuelas normales que pretenden dar educación, albergue y alimento a estudiantes que serán los maestros del mañana.

Esos, al igual que muchos otros conflictos que están reventando, se observan en gravedad porque han llegado a su etapa de contradicción extrema, porque hay manos perversas detrás de ellos que corresponden a vividores de la violencia, y porque el gobernador Fausto Vallejo Figueroa ha decidido, respondiendo a una exigencia del pueblo michoacano, iniciar la resolución definitiva de esas complicadas amenazas.

Todos esos atolladeros de filos peligrosos están enmarcados en el apremio de la carencia de recursos económicos, tanto por una deuda pública de decenas de millones de pesos, como por pasivos millonarios que carecen de activos que los sustenten, como por deudas a acreedores ubicados en un fraudulento corto plazo, al igual que por sobregiros de convenios de imposible cumplimiento.

Y si lo anterior fuese poco, el 96 % del ingreso del gobierno michoacano proviene de las participaciones que le entrega el gobierno federal, quien ahora las retiene draconianamente, pues quedaron como garantía de los cuantiosos adeudos que las dos administraciones anteriores, de origen perredista, dejaron como herencia al pueblo de Michoacán.

Así que, sin dinero, la administración personalmente dirigida, constante y eficazmente, por Fausto Vallejo ha venido trabajando para resolver de manera estructural con toda firmeza esos trances; empero, no faltan los pescadores a río revuelto, quienes agregan a lo anterior el perverso rumor de que Fausto se encuentra enfermo, convirtiendo cualquier tos, cansancio o tropiezo del gobernador, en artículo mortis.

Ante tamañas infamias, Fausto con buen humor redobla sus esfuerzos, encaminados a recobrar, entre otras cosas, el principio de legalidad, pues como jurista sabe muy bien la diferencia entre un gobierno represor, y un gobierno que aplica la coercitividad conforme a derecho para restablecer el imperio de la ley.

De ahí que a quienes se les afecta con la sujeción a las normas jurídicas anden circulando hablillas de toda índole, las que caen por su falta de sustento. Nadie acepta que se secuestren autobuses y se quemen, que se tomen las calles violando el libre tránsito de la población, que se suspendan las clases afectando a la educación pública, que se toleren y premien delitos de privación ilegal de la libertad de las personas, que se afecte impunemente al derecho de propiedad.

La cultura de la legalidad debe prevalecer para todos. La cultura del diálogo vale universalmente; y se niega al diálogo quien ejerce ilegalmente su real o supuesto derecho, como quien presiona, amenaza y violenta a la autoridad a efecto de que ésta resuelva a su contentillo y capricho.

Respecto al problema de la Nueva Jerusalén ya está detenido Cruz Cárdenas como autor intelectual del delito, y sujeto a un procedimiento penal que debe seguir los cauces legales. Dicha población debe ajustarse a nuestra Carta Magna, a la laicidad educativa y al estado laico constituido.

Nada por la razón de la fuerza. Todo por la fuerza de la razón. Aplicar el derecho jamás será represión.