Nada está dicho
Christián Gutiérrez
El tema es ciertamente polémico: la liberación de ocho jóvenes estudiantes de la Escuela Normal de Tiripetío, Michoacán, que estaban consignados en el juzgado sexto de lo penal, por la presunta ejecución de cuatro delitos: robo de uso, motín, sedición y daño en las cosas por incendio.
Para muchos michoacanos su liberación fue algo injusto, de hecho, las consignas en contra del gobernador Fausto Vallejo fueron severas. Se le acusó en la opinión pública y publicada, de auspiciar la impunidad y de haber consentido la liberación de estos jóvenes. Sin embargo, cabe hacernos por lo menos un par de preguntas para comprender en su justa dimensión este fenómeno político y social: ¿qué dice la ley respecto a retener personas sin que existan elementos suficientes de prueba para dictar auto de formal prisión?, ¿qué se debe hacer si se quiere cumplir con la ley? En el tema de los normalistas y otros similares que se han suscitado en Michoacán, la gente “exige” que las autoridades apliquen la ley, pero tengo la impresión de que para miles de michoacanos “aplicar la ley” es sinónimo de cárcel o garrotazo. Otra pregunta obligada: ¿los michoacanos o los mexicanos que viven situaciones similares están dispuestos a aceptar lo que en estricto sentido dice la ley? Esta es una pregunta que se debe responder, sin demora.
Los ocho estudiantes de la Escuela Normal de Tiripetío salieron libres porque el código penal y de procedimientos penales de Michoacán así lo permiten. No se encontraron elementos de prueba suficientes para que se quedaran en el Centro de Readaptación Social (Cereso) y siguieran el proceso jurisdiccional como procesados.
Desde luego, hay que señalar otra cuestión no menos importante. Si bien los normalistas en este momento están libres bajo fianza, su libertad es provisional. ¿Qué significa esto? Significa que ellos no han sido declarados “inocentes”, pero tampoco “culpables”. Eso lo tendrá que decidir un juez, al emitir sentencia definitiva. Por el momento, aunque están en libertad provisional, podrían ser reaprendidos. Para que esto no suceda, los normalistas deberán mostrar que se conducen con buena conducta; también, si en el juzgado se les requiere para determinada actuación, tendrán que acudir; por supuesto, tendrán que ir a firmar al juzgado cada determinado tiempo, y si ellos no cumplen con todo esto o se niegan a realizarlo, entonces podrían regresar al Cereso.
También si deciden cometer otros delitos, podrían estar de vuelta en el Cereso y con toda seguridad les sería mucho más difícil salir en libertad por los antecedentes penales que en estos momentos ya tienen.
Por último, creo que a estos ocho normalistas no se les pudo comprobar ser los iniciadores de los incendios a los autobuses porque astutamente se cubrieron el rostro con pasamontañas o paliacates, y los ministerios públicos no pudieron comprobar su presunta responsabilidad de daño en las cosas por incendio, como delito grave. Aquí es en donde los legisladores de México tendrían que poner mucha atención. Es urgente legislar para evitar que los “encapuchados” se queden sin sanción, pues por ahí “se están escapando”.
¿Qué sigue para los normalistas? Ahora están libres, pero el juicio apenas comienza y nada está dicho.
El autor es politólogo.
Twitter: @christian_gtz