Entrevista a  Ignacio Morales Lechuga/Exprocurador general de la República

Antonio Cerda Ardura

El amparo de la ciudadana francesa Florence Cassez contra la condena de 60 años de cárcel que le impusieron por secuestro, podría ser revisado nuevamente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a principios de septiembre.

Según fuentes judiciales, la ministra Olga Sánchez Cordero, encargada del caso,  ya tiene listos varios proyectos de sentencia y en breve decidirá cuál turnará a sus colegas.

Como se recordará, el 9 de diciembre de 2005, un día después de los supuestos hechos reales, a “petición de los medios de comunicación” el entonces director de la Agencia Federal de Investigación (AFI) y actual titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y su colaborador, Luis Cárdenas Palomino, organizaron un montaje, en el rancho Las Chinitas, ubicado en la carretera México-Cuernavaca, para simular que Cassez y su novio, Israel Vallarta Cisneros, presunto líder de la banda de secuestradores Los Zodiacos, eran detenidos en flagrancia con tres de sus víctimas (Cristina Ríos Valladares; su hijo menor, Christian Hilario Ramírez Ríos, y Ezequiel Yadir Elizalde Flores).

El asunto, que el 10 de febrero de 2006 se confirmó de forma oficial como “una escenificación”, causó una serie de desavenencias entre México y Francia, con reclamos directos del presidente Nicolás Sarkozy para hacer valer los derechos de Cassez, sobre todo cuando, en febrero de 2011, el mandatario galo quiso dedicarle a su compatriota el Año de México en Francia.

A pesar de comprobarse el montaje, Cassez fue condenada por secuestro, posesión de arma de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y delincuencia organizada.

En entrevista con Siempre!, el destacado notario público Ignacio Morales Lechuga, exprocurador general de la República y experto en temas de justicia, indica que Florence Cassez debe ser absuelta y liberada, ya que está demostrado que su proceso se basó en mentiras y falsedades.

Asegura que “no puede ser lógico que se reconozcan todas las violaciones a los derechos humanos, todas las falsedades de declaraciones, todos los hechos creados, inventados y fabricados por la autoridad y al final se diga: ‘Es culpable’ ”.

 

Caso paradigmático

¿Cuál fue la razón por la que el caso de la francesa acusada de secuestro en México haya llamado tanto la atención?

El asunto atrajo mucho la atención por la intervención del presidente francés y del presidente mexicano, y por la frustrada aplicación del Tratado de Estrasburgo para el traslado de esta mujer a Francia y su preliberación allá, en su caso.

Un segundo factor fue la visita del presidente francés Nicolás Sarkozy a México, lo que de alguna manera motivó o provocó, por acciones de ambas partes, que éste se volviera un caso paradigmático. Y también habría que abonar en esto una actitud de cerrazón, especialmente del gobierno de México, en parte motivado por los grupos sociales que han actuado en contra del secuestro y que identificaron a la ciudadana francesa, Florence Cassez, como parte de una banda organizada de secuestradores.

Yo creo que un altísimo porcentaje de mexicanos pensábamos, al principio, que Florence Cassez era culpable, y así lo creímos por las imágenes que nos transmitió la televisión.

Porque se trató de un auténtico show.

Sí, veíamos en ese momento a una policía eficiente que desmantelaba a una banda de secuestradores y rescataba a sus víctimas, y que dentro de esa banda había una francesa.

Que, además, era la novia del líder de los secuestradores.

Así es. Esa vinculación sentimental, más lo que nos entregaba la televisión, de alguna manera tenía nuestra opinión prejuiciada, y a los ojos de todos nosotros la francesa era responsable. Después descubrimos que no era así, que no era como lo había pintado la televisión. Esto comenzó a generar problemas dentro de las televisoras, una demanda de un reportero, la salida del reportero, ajustes, diría yo, en las televisoras, pero sin llegar a manejarse esto, abierta y públicamente, como un problema de ética informativa y de transparencia de los medios. Judicialmente descubrimos que todo era un montaje, que era una escenografía creada por la Policía Federal, o la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SIEDO), o como se llamara en ese momento, y que no eran ciertos los hechos, ni era el lugar del secuestro, ni se trataba de secuestrados, ni estaban siendo rescatados.

Nada era verdad.

Y pues al caerse el montaje, al descubrirse que los hechos no eran ciertos, el caso se cayó. Todo esto lo analizó la SCJN, porque justicia es igual a verdad, y en este caso se estaba mintiendo en todos los sentidos. Es decir, Florence Cassez no solamente es víctima de violación de sus derechos humanos, sino, además, es inocente.

Todo lo contrario a lo que quisieron que creyéramos.

Como la mayoría de los mexicanos, al principio yo pensé que estábamos ante un caso de flagrancia, con personas culpables y que ella no era inocente. Sin embargo, al ir investigando más y más llegué a descubrir que Cassez era inocente. Si un caso judicial se establece, se define en una flagrancia, y esa flagrancia es falsa, no existe. Pero no solamente es eso. A ella no se le dio la oportunidad de contar con asistencia consular o ésta fue tardía, posterior a sus declaraciones. En tercer lugar hay una fabricación de testimonios por parte de las víctimas, y otras irregularidades que coinciden todas en una violación reiterada de los derechos humanos de la acusada.

¿Cómo se interesó por este caso?

A mí me interesó el caso porque se trataba de una acusación falsa y porque me pareció que se estaba convirtiendo en un abuso en contra de una persona. Muy al principio, me llamó la atención la nacionalidad de la acusada, ya que yo fui embajador de México en Francia. Pero más me interesó el asunto cuando vi que se deterioraban las relaciones bilaterales y que éstas llegaban a su nivel más bajo, y por la cancelación del Año de México en Francia. Me puse a investigar y a revisar el expediente y descubrí que el lugar del famoso supuesto secuestro no fue el rancho Las Chinitas, sino Xochimilco, y que, además, las víctimas no eran tales. Es decir, las personas supuestamente secuestradas habían sido trasladadas, seguramente por la policía, de Xochimilco al rancho Las Chinitas. Pero cuando empecé a ver cuál era el perfil de Ezequiel (Elizalde Flores, una de las víctimas), descubrí que es hijo de una persona (Enrique Elizalde) que, al parecer, cometió ilícitos con otra banda y que entregó o permitió que tomaran a su hijo porque no había pagado parte de un botín. Y esta banda tomó a Ezequiel como una prenda humana para exigir el pago de la cantidad que se le debía. ¿De dónde desprendo esto? De las declaraciones de la esposa del propio Ezequiel, que se llama Karen Pavlova Gachúz Gómez. Ella sostuvo que fue a ver a la mamá de Ezequiel cuando éste no llegó a su casa, y que la señora (Raquel Flores Martínez) le dio una serie de explicaciones que no eran coincidentes ni compatibles con la realidad, hasta que finalmente la mamá del secuestrado se comunica con el secuestrador y le dice que cuide a su hijo, y el secuestrador le habla en términos muy cariñosos: “Doña Raquelito, usted no se preocupe por su hijo, yo también soy padre. El problema no es contra usted ni contra su hijo, sino contra el otro, el papá, que no nos pagó lo que nos debía”, etcétera. Es como si la autoridad se mete en medio para acreditar un secuestro entre narcos, cuando lo que tendría que hacer es barrer parejo con todos los narcos e investigar hasta sus últimas consecuencias, no tratar de mediar y decir que uno de los narcos fue victimizado porque no pagó una cantidad de droga. A mí me parece que hay jurisprudencia definida en el sentido de que las autoridades no pueden intervenir para reclamar sumas de dinero cuando el origen es ilícito.

Y en esto hay una segunda cuestión: Cristian Hilario Ramírez Ríos, hijo de Cristina Ríos Valladares (ambos supuestamente secuestrados) dijo primero que un tal Hilario le había sacado sangre y le hizo escribir una carta para mandársela a su papá, donde le decía que le iban a cortar un dedo o una oreja. En su segunda declaración cambió su testimonio y ya no es Hilario, ya es una mujer de aspecto extranjero, etcétera.

Ya se notó que había cierta manipulación.

Así es. La SCJN ha dicho que se toma en cuenta la primera, y no la segunda declaración. El ministerio público y los jueces tomaron en cuenta las segundas declaraciones, y no la primera. En su declaración, la señora Cristina Ríos Valladares dijo que Israel Vallarta la estaba violando y que Florence había llegado a abofetearla. Por otro lado, nos enteramos que quien la abofeteó en realidad fue la esposa de Israel, no Florence, y que además no estaba siendo violada. Y esto suena más lógico, porque no se entiende que a una víctima de violación la abofeteé la pareja sentimental.

A quien abofetearía es al violador.

¡Claro! Así que todos los testimonios se destruyen de la manera más fácil. Yo creo que la SCJN está muy consciente de esto y después de revisar el expediente ha dicho: “A quien hay que juzgar es a la autoridad”.

 

Sentencia absolutoria

Este caso estuvo en manos del ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y ahora lo lleva la ministra Olga Sánchez Cordero. Por lo que se ha dicho, la mayoría de los ministros considera que el proceso contra Cassez fue inconstitucional.

Por principio, cuatro de los cinco ministros de alguna manera condenan a la autoridad. Tres de ellos no se ponen de acuerdo en la forma de que se ponga en libertad a la acusada. Para Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, la SCJN debió haber decretado la libertad; para José Ramón Cossío, se debió haber establecido una especie de amparo “para efectos”. Es decir, acotar para que se dicte una nueva sentencia. Entonces, al no ponerse de acuerdo, pasa la ponencia a la ministra Olga Sánchez Cordero, que ahora tendrá que presentar una propuesta consensada. El consenso yo lo veo nada más en la forma en que se debe decretar la libertad. Y lo que entiendo es que José Ramón Cossío dijo: “Bueno, regresemos esto al colegiado, donde se modifica la negativa de amparo, se ratifica el amparo en revisión y se establecen cuáles son los parámetros de la sentencia que el juez de distrito debe dictar”. No se trata de hacer un nuevo juicio, sino de dictar una nueva sentencia y esta sentencia tendría que ser absolutoria.

¿Podría ser acusatoria, en su caso?

No, por una razón: los ministros tendrían que acotar tanto la resolución, que no le den pauta al juez de distrito como para dictar la sentencia en otro sentido. No puede ser lógico que se reconozcan todas las violaciones a los derechos humanos, todas las falsedades de declaraciones, todos los hechos creados, inventados y fabricados por la autoridad y al final se diga: “Es culpable”. Yo creo que la única presunción que quedaría en la opinión pública es que si ella fue novia de un secuestrador, se dio cuenta o no de sus actividades. La verdad es que Florence, hasta donde entiendo, ya no tenía ninguna relación con Israel Vallarta desde tres meses antes. Nunca fue a Xochimilco. Tenía su departamento al fondo de una propiedad, a más de 150 metros de donde supuestamente estaban las víctimas. Y, por otra parte,  quiero aclarar que yo no conozco a la señora Cassez y que nunca la he visto. Es decir, participé no porque me interese tanto su nacionalidad, sino porque me interesa que se corrija la justicia en mi país. Después de ver la película Presunto culpable, donde un simple señalamiento sirvió para que consignaran a un inocente y se pasara varios años en prisión, y después de ver que otro acusado de violación pasó cuatro años en la cárcel, sin deberla ni temerla, creo que no podemos conformarnos y estar de acuerdo en que nuestro sistema de justicia siga como está en la actualidad.

En caso de que Florence Cassez sea absuelta, ¿quiénes serían los culpables de todo ese proceso sucio?

Yo creo que, políticamente, cada quien tendrá su parte de culpa. El presidente, por apoyar un sistema, una acción, una operación ilícita. El secretario, entonces jefe de la SIEDO, por haber reservado, omitido o callado todo lo que era irregular. Y los que se encargaron de la operación, también tendrían que responder.

 

Tema de reflexión

¿Qué hay de los medios de comunicación que se prestaron para el montaje?

Yo creo que el caso debería ser motivo de un estudio más profundo. En la Escuela Libre de Derecho ya se hizo una tesis al respecto, por un estudiante que se acaba de recibir. Pero yo creo que da para que también en las escuelas de periodismo se analice este caso, lo mismo que en escuelas de administración pública. Lo que no se vale es que una persona lleve prácticamente siete años en prisión y al final salgan con “usted disculpe, que le vaya bien; ya váyase a Francia”. Yo creo que este caso debe llamarnos a la reflexión, al análisis y a la corrección. Estamos mal.

¿Qué conclusión tendría usted sobre este caso?

Creo que los mexicanos debemos de sacar una lección positiva de éste y de otros casos: del Presunto culpable, de la persona mazahua a la que le están dando su libertad ahora, etcétera, y reconocer que con juicios orales o escritos la buena fe no se puede perder. Tendríamos que ser más cuidadosos en las facultades que se les conceden a los policías para investigar y no perder de vista la importancia del órgano constitucional del ministerio público, al que hemos acabado convirtiendo en un burócrata atado o amarrado a un escritorio, cuando debiera ser un investigador activo. Yo francamente retrocedería en las facultades concedidas a la policía, porque después de ver lo que pasó en Tres Marías, en el Aeropuerto de la Ciudad de México, en el caso Moreira y en muchos otros que diariamente ocurren, se nota un alto porcentaje de policías involucrados en los ilícitos. Este es un camino equivocado, que no puede seguir, porque es tanto como querer apagar el fuego con gasolina.