Restituir la constitucionalidad burlada por Calderón
La Comisión no quiere el poder de las armas
sino medios legales para defender las garantías individuales.
Ponciano Arriaga
José Alfonso Suárez del Real y Aguilera
La determinación del Ejecutivo Federal electo, Enrique Peña Nieto, por conjuntar en un ente coordinador las labores de inteligencia desplegadas por diversas dependencias e instituciones es, en principio, una solución de sentido común que destaca la incoherencia en la que se ha manejado esta sustantiva función por los gobiernos de Acción Nacional.
La ausencia de un principio mínimo de coordinación es, sin género de dudas, el Talón de Aquiles de la estrategia calderonista de lucha contra el crimen, en la que en vez de ordenar y coordinar se consintió una política de polarización orquestada desde las oficinas del secretario de Seguridad Pública Federal, cuya ambición por encabezar al Gabinete de Seguridad fue pública, notoria y catastrófica.
A la postre, la insidia auspiciada por el ingeniero García Luna sólo benefició a Estados Unidos, cuyas agencias de inteligencia se impusieron, ante la imparable desconfianza que sembró entre los funcionarios mexicanos intrigas, descalificación y desplantes del policía del presidente.
Ante la inocultable vulnerabilidad que ello provocó a la seguridad nacional, el anuncio de Enrique Peña Nieto de constituir un Centro de Control y Comando es una acción lógica de cara al profundo daño a la institucionalidad de las instancias responsables de garantizar la seguridad, como derecho omnigarante de los derechos humanos de los mexicanos.
La incuestionable necesidad de reconfigurar los servicio de inteligencia mexicana requiere no sólo de la voluntad política del Poder Ejecutivo, resulta de vital importancia incorporar en ese esquema a representantes de los Poderes Legislativo y del Judicial, a fin de restituir la constitucionalidad burlada por Felipe Calderón, quien —dándole la vuelta al artículo 129 constitucional— instruyó a las Fuerzas Armadas abandonar sus cuarteles en tiempos de paz, a la par de escamotearles un marco jurídico que marcara los parámetros de acción y los límites, de la etérea coadyuvancia que como comandante supremo invocó para sacar al Ejército a las calles.
La decisión de Calderón sistemáticamente negó a los mexicanos el mecanismo constitucional previsto desde 1857 por el artículo 29 de la Carta Magna, para hacer frente rápida y fácilmente a la violencia criminal que representa una perturbación grave de la paz pública, y que ha colocado a la sociedad en grave peligro y conflicto, situaciones extremas a las que el constituyente aplicó el control legislativo, nítidamente definido —y recientemente fortalecido por la reforma de 2011— por el mecanismo previsto en el cuerpo del tan fundamental artículo constitucional.
La concentración de información de inteligencia no es algo ajeno al sistema gubernamental mexicano y es por ello necesario evitar el manejo discrecional que por décadas operó el partido de Estado, cuya consecuencia forma parte del agravio histórico a los derechos humanos de individuos y pueblos, víctimas de acciones autoritarias y represivas provocadas por el trabajo de aquellas oscuras dependencias al servicio del Sistema.
Por ello resulta fundamental que el Centro de Control y Comando propuesto por Peña Nieto cuente con mecanismos de control legislativo que garanticen la consolidación del Estado de derecho —fortalecido por el respeto a los derechos humanos— que los mexicanos nos hemos otorgado como sustento del nuevo pacto constitucional, acuerdo sustentado en los medios legales para defender nuestras garantías por sobre el poder de las armas, tal y como lo expresó en 1857 don Ponciano Arriaga.