Urge conocer la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública
Alfredo Ríos Camarena
Dos son los temas fundamentales que debe abordar con urgente inmediatez el próximo presidente constitucional; uno, relacionado con las finanzas públicas y con la recaudación, por ello, y para realizar sus promesas de campaña, requiere de una profunda reforma estructural; dos, con el propósito de tener las facultades y aptitudes para el desarrollo de la nación, se requiere un nuevo diseño institucional.
Más allá de la “gabinetitis” que suele suceder como un fenómeno de la “rumorología” recurrente, más allá de quienes puedan ocupar los principales cargos públicos en el Poder Ejecutivo federal, está la elaboración de una reforma administrativa que permita al presidente de la república ejecutar sus proyectos; esta reforma, de gran calado, debe revisar todas la áreas de la administración pública y los mecanismos de nombramiento del servicio de carrera, la cual requiere, primero que nada, la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para establecer, con urgencia, cuáles serán las atribuciones, funciones y competencias de las diferentes Secretarías de Estado y Organismos Públicos Descentralizados.
Es necesario que en los próximos días, antes de que tome posesión Enrique Peña Nieto, se definan los cambios que su gobierno requiere para ser operativo.
Se están abriendo las puertas de un futuro incierto, pues la crisis del sistema global ha entrado a una fase que se refleja, no sólo en los graves problemas que atraviesa Europa, sino también en el déficit fiscal de Estados Unidos. Mientras en México se han acotado de forma drástica la capacidad de endeudamiento, en el imperio norteamericano —dueño de la máquina de hacer dólares— se ha presentado una situación grave, calificada así por los expertos del Fondo Monetario Internacional. Por ello, aun cuando México ha mantenido —a decir de los economistas neoliberales— una responsable política macroeconómica, las desigualdades han crecido en forma dramática. Por eso, el próximo gobierno debe ejecutar una política hacendaria y fiscal más agresiva y con mayor capacidad recaudatoria, si esto no es así, ninguno de los propósitos planteados podrá ser resuelto, eliminando con ello la esperanza que se abre a los mexicanos.
En el tema de la estructura administrativa, hemos opinado en diversas ocasiones, la necesidad de que por razones históricas y constitucionales, entre otras muchas, no desaparezca la Secretaría de la Reforma Agraria, pues representa la probable capacidad productiva de más de cien millones de hectáreas, y también es el puente institucional para más de 25 millones de mexicanos, entre pequeños propietarios, ejidatarios y comuneros, que dependen de la producción agropecuaria, que se encuentra en grado de indefensión y de abandono.
En donde sí deben efectuarse cambios es en las Secretarías de Seguridad Pública, de la Función Pública, de Agricultura, en la política hidráulica, en el Sistema Nacional de Salud y en otras áreas más.
Urge a la opinión pública conocer la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública, para entender, no sólo en declaraciones generales, sino en objetivos concretos, la planeación administrativa del próximo gobierno. Cabe señalar que volver a crear la Secretaría de la Presidencia tiene sentido para racionalizar la inversión y el gasto público, en relación con un sistema de planeación de que ha carecido el país; hasta hoy, los planes que se generan para cumplir con el artículo 26 constitucional son simple papeleo burocrático y carecen de un autentico sentido económico y democrático.
La administración de Enrique Peña Nieto tiene retos comunes con nuestros vecinos del norte, en lo económico, en lo migratorio, en el combate al narcotráfico y en el debate, que hoy se abre, respecto a la legalización de algunas drogas.
México aún mantiene viva la flama de su esperanza.