Regular manifestaciones y marchas

Christián Gutiérrez

Lo dijeron hace apenas unos días en Morelia, Michoacán, en la mesa de debate del programa de radio Respuesta. Cada 8 días, se reúnen a debatir Miguel Angel Chávez, dirigente estatal del PAN, Antonio Guzmán, dirigente del PRI y Víctor Manuel Baez, dirigente del PRD, y hace una semana coincidieron en “la necesidad de que durante las marchas y manifestaciones no se bloqueen las vialidades primarias y no se violen derechos de terceros en la entidad”.

Lo declarado públicamente por estos dirigentes debe tomarse como una política a seguir por los miembros y simpatizantes de los tres partidos políticos más importantes del país. Desde luego, este comentario debe ser útil como guía para los diputados michoacanos, los cuales tienen ahora en sus manos la real posibilidad de influir en la construcción de políticas públicas que pueden beneficiar a los michoacanos.

Es mentira que los diputados sólo legislan. Los legisladores crean leyes, que en los hechos, representan instrumentos jurídicos que sirven de marco a las políticas públicas, que orientan, facilitan o entorpecen la labor del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial, de la sociedad civil o de las instituciones públicas y privadas de la entidad.

A partir de esta declaración “coincidente”, está en sus manos asumir un compromiso público con la buena voluntad, debatir y reglamentar las manifestaciones y las marchas. El objetivo al realizar este tipo de legislación, debe ser proteger las libertades y los derechos de los manifestantes, pues guste o no, los normalistas, el magisterio, los comuneros o cualquier grupo de interés o de presión, tienen derecho a manifestarse, reunirse o asociarse, sin que las autoridades puedan disolverlos.

Sin embargo, este derecho de los manifestantes establecido en la Constitución Política de México en su artículo 9º, también considera limitantes: “al manifestarse o reunirse, las personas lo deben hacer con un fin lícito, no se deben proferir injurias ni tampoco se debe hacer uso de violencia o amenaza para intimidar u obligar a las autoridades, lo mismo que no se deben violar derechos de terceros”. Este apartado no requiere explicación, sencillamente, entender que el derecho a manifestarse, marchar, etc., no debe estar nunca por encima —de forma ilegal— de los derechos de la colectividad.

Sé que este tema pasa por los intereses de muchos, con frecuencia, de profesionales de la presión social como método para arrancarle a los gobernantes prebendas. También, en muchas ocasiones, estas acciones de manifestación ilegal pasan y están siendo auspiciadas por entes con poder o desde las propias esferas de las instituciones públicas.

Ahora que el PAN, PRI y el PRD de Michoacán ya se manifestaron a favor de regular manifestaciones y marchas, es el momento para que se muestren los diputados, el Poder Ejecutivo y el Judicial de Michoacán, y desde luego, que digan de una vez por todas los grupos de interés y de presión si están dispuestos a trabajar, operar y luchar, respetando la ley y los derechos de terceros.

El autor es politólogo.

Twitter: @christian_gtz