Debacle institucional
Raúl Rodríguez Cortés
Poco antes de la una de la tarde del pasado jueves 15 de noviembre, José Cuitláhuac Salinas Gutiérrez entró en el despacho de la entonces procuradora general de la República, Marisela Morales, en el piso 16 del edificio de Paseo de la Reforma 212. El subprocurador de Investigación de Delincuencia Organizada había sido llamado de urgencia.
Su jefa y compañera de trabajo durante mas de diez años le reclamó los errores en que habrían incurrido algunos de sus subordinados y le exigió la renuncia de Gerardo Salazar Bolaños, jefe de la Unidad de Delitos contra la Salud, y Dex Hervest García Vidal, jefe de la Unidad contra Asalto y Robo de Vehículos.
Fuentes de la Procuraduría General de la República aseguran que Salinas Gutiérrez aceptó el regaño y acató la exigencia, pero le dijo a la procuradora que él también se iba pues le resultaba molesto e incomprensible que se le hiciera tal exigencia a 15 días de que concluyera el gobierno de Felipe Calderón La respuesta no le gustó a Marisela Morales. Ambos iniciaron una discusión que duró al menos treinta minutos y terminó cuando la procuradora le dijo a su titular de la Seido: pues si vas a renunciar, que sea ya. Y así fue.
Nada se dijo de los errores recriminados aunque ya empieza a haber indicios que permiten elaborar alguna hipótesis que gira en torno al caso de los generales detenidos este año por presuntos vínculos con el narcotráfico.
Fueron los narcotraficantes El Grande y La Barbie, quienes incriminaron a los generales Tomás Angeles Dahuahare, Ricardo Vargas Escorcia, Roberto Dawe González y Rubén Pérez Ramírez, así como al coronel Silvio Hernández Soto y al mayor Iván Reyna Muñoz, en la presunta red de protección a El Barbas abatido a tiros por la Marina el 16 de diciembre de 2009.
La Barbie, sin embargo, quien estaría a punto de ser extraditado a Estados Unidos, ha matizado sus declaraciones ante el juez federal que lo procesa y señalado que la Seido lo presionó y amenazó para obligarlo a declarar contra los oficiales de alto rango.
Fuentes de inteligencia aseguran a este reportero que el caso de los generales se habría utilizado también como parte de los jaloneos internos relacionados con la sucesión en la Sedena, a los que Cuitláhuac Salinas, o al menos sus subalternos, se habrían sumado con la intención de descarrillar a uno de los posibles sucesores del general Guillermo Galván.
El domingo 18 de noviembre pasado la PGR llegó a la conclusión, por otra parte, de que el ataque a tiros a un vehículo diplomático estadounidense en el que viajaban dos agentes de la CIA y un efectivo de la Marina-Armada de México, el 24 de agosto pasado, fue planeado y directo.
Igual está el caso del asesinato de dos policías federales, a manos de sus propios compañeros, ocurrido el 26 de junio en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
La recomposición de esa debacle debe ser un asunto prioritario para el recién estrenado gobierno de Enrique Peña Nieto. Por lo pronto, él mismo ya definió que las fuerzas armadas seguirán en las calles cumpliendo tareas de seguridad, pero en espera de que se defina la nueva estrategia, lo que deberá ser pronto.
Además apresuró su propuesta de procurador general de la República, que recayó en Jesús Murillo Karam.
Hasta el momento de escribir esta columna estaban por reanudarse las negociaciones de cara a la desaparición de la Secretaría de Seguridad Pública y que incorpora a la de Gobernación las tareas de la Policía Federal.
En esta recomposición ya trabaja Manuel Mondragón y Kalb, quien en espera de esos cambios legales, fue nombrado responsable del área como subsecretario.
Es una cirugía mayor.