Juicio a exmilitares, rechazo a la reelección presidencial y pleito con Grupo Clarín
Bernardo González Solano
Definitivamente, estos no son los mejores tiempos de la otrora pujante República Argentina. Por donde se vea, los problemas brotan como yerba mala. El país no puede dejar de lado los horripilantes crímenes cometidos dentro y fuera del infierno de la Escuela Mecánica de la Marina (ESMA); si su existencia ha sido comprobada nunca jamás habían sido objeto de un proceso: los vuelos de la muerte, considerados como los perores crímenes cometidos por la Junta Militar Argentina (1976-1983) en adelante serán juzgados en el marco de un nuevo proceso de la ESMA, iniciado el 28 de noviembre en Buenos Aires.
En el banco de los acusados se encuentran tres importantes grados de la Marina argentina ya condenados a prisión perpetua desde octubre de 2011: el excapitán Jorge de Saint George, Mario Daniel Arru y Alejandro d´Agostino deberán explicar su participación en el vuelo nocturno del 14 de diciembre de 1977 en el curso del cual las religiosas francesas Alice Domont y Léonie Duquet desaparecieron.
El tercer juicio sobre los crímenes cometidos en la ESMA se inició hace tres semanas, pero aún no ha terminado la lectura de las acusaciones contra los 68 acusados. Uno de ellos declaró que aproximadamente fueron 4 mil 400 las víctimas lanzadas al mar. Este es el mayor proceso judicial que se ha hecho contra la dictadura militar, en el que se juzgarán delitos de lesa humanidad contra 789 personas, la mayoría de ellas víctimas de los llamados vuelos de la muerte. Se calcula que el proceso durará dos años y declararán aproximadamente 900 testigos.
Repudio a otra reelección presidencial
A este juicio que indigna a millones de argentinos y a muchos descendientes de las víctimas dentro y fuera de la nación austral, hay que agregar la inflación (que el gobierno trata de reducir con datos no creíbles: del 25% al 10%), la corrupción que desgasta el régimen en general y a la sociedad en particular, así como el repudiado proyecto de reforma constitucional por medio del que se autorizaría un tercer mandato presidencial consecutivo.
Y, por si algo faltara, el gobierno de Cristina Fernández se enfrenta con el principal consorcio mediático del país, el Grupo Clarín —que hace no mucho tiempo era su aliado—, enfrentamiento que el susodicho grupo y otros medios de comunicación opositores al peronismo kircheriano califican como ataques a la libertad de prensa y de expresión.
Al mismo tiempo, el caso Clarín contrapone a la presidencia de Fernández con la judicatura argentina. Ahora, los jueces exigen que la viuda de Kirchner respete la división de poderes. El caso da para más.
En los últimos dos meses del año, las cosas han empeorado en Argentina. Así por ejemplo, centenares de miles de argentinos salieron a manifestarse el jueves 8 de noviembre, en Buenos Aires y en las principales ciudades del país, para protestar contra el gobierno de Fernández. Bautizada como 8-N, esta movilización fue convocada durante varias semanas a través de las redes sociales.
En un ambiente campechano y con el calor de la primavera austral, una marea humana —que algunas fuentes calcularon en más de un millón de personas: 500 mil en Buenos Aires y otros 500 mil en otras ciudades—, invadió el centro bonaerense, exhibiendo banderas argentinas y cantando el himno nacional, para dirigirse hacia el Obelisco, corazón de la capital y hacia la emblemática Plaza de Mayo, frente al Palacio Nacional. Conciertos de cacerolas ensordecedores se ofrecieron en la mayoría de las calles hasta llegar a las puertas de la residencia presidencial de Olivos, en el barrio norte de Buenos Aires, donde reside la viuda de Kirchner.
Uno de los principales lemas de las manifestaciones era “sí a la democracia, no a la reelección”, en respuesta a los parlamentarios de la mayoría que quieren reformar la Constitución a fin de permitir a la presidenta pretender un tercer mandato consecutivo de cuatro años, en 2015. Más del 80% de los argentinos rechazan esta iniciativa, según los sondeos. Cristina Fernández fue reelegida en octubre de 2011 con el 54% de los sufragios, pero su cota de popularidad ha caído hasta el 30%, si se creen las más recientes encuestas.
El 8-N, familias enteras se manifestaron enarbolando pancartas o simples hojas de papel escritas con estas frases: “Stop a la corrupción”, “Basta de mentiras, de arrogancia y de autoritarismo”, “Una justicia independiente”.
También circulaban fotografías del vicepresidente Amado Boudou, implicado en un escándalo de corrupción y al que continúa protegiendo la presidenta. Banderolas denunciaban el aumento de la criminalidad y la inflación, estimada en 25% anual, que aparecen como los dos principales preocupaciones de los argentinos.
La mayor parte de los manifestantes pertenecen a la clase media, que lo mismo se quejaban de los draconianos controles impuestos desde hace varias semanas en las operaciones de cambio, que les impiden adquirir dólares para ahorrar frente a la inflación galopante y para viajar al extranjero, como de la inseguridad y el desempleo.
Por su arte, el gobierno afirma que los argentinos viven en “una democracia total”. Y denunció un intento de desestabilización, estimando que las manifestaciones callejeras fueron preparadas y financiadas por la derecha así como por otras fuerzas, señalando directamente al poderoso Grupo Clarín, contra el que está en pie de guerra desde hace mucho tiempo.
Grupo Clarín, piedra en el zapato
Sin duda, el siguiente objetivo del gobierno habría sido la intervención del Grupo Clarín el 7 de diciembre, cuando según dispone la Ley de Medios, al mayor grupo mediático del país se le terminaría el plazo para desinvertir en sus numerosos medios de comunicación.
Resulta que el mismo viernes 7 de diciembre dos jueces de la Cámara Civil y Comercial de Argentina impidieron que el gobierno federal interviniera en los negocios audiovisuales del Grupo Clarín. La Ley de Medios, promulgada en 2009, obliga a decenas de grupos a desinvertir, para impedir el funcionamiento de monopolios audiovisuales.
El Grupo Clarín denunció inmediatamente ante un juez de primera instancia la inconstitucionalidad de dos artículos de la norma. Clarín logró que un tribunal le otorgase una medida cautelar, un tiempo extra, para desinvertir, mientras estudiaba la constitucionalidad de los referidos artículos. Pero la Corte Suprema determinó que la medida cautelar expiraba el 7 de diciembre.
El gobierno repitió, hasta la saciedad, que esa era la fecha límite para que Clarín desinvirtiera en sus negocios audiovisuales. De hecho, la ofensiva desde el gobierno contra el grupo tantas veces citado, el mayor de Argentina, claramente busca silenciar una plataforma independiente y crítica que el poder actual considera como su mayor enemigo. Así, si antes de la fecha no desinvertía, el Ejecutivo sacaría a concurso algunas de sus licencias televisivas.
De tal forma, el ministro de Justicia, Julio Alak, declaró el miércoles 5 que si la Cámara pretendía extender más allá del 7 de diciembre la medida cautelar, eso supondría “un alzamiento contra una ley de la nación, y generaría un conflicto de poderes”. Pero el jueves 6, los jueces Francisco de las Carreras y María Susana Najurieta ordenaron una prórroga de la medida cautelar hasta que se dicte una sentencia definitiva sobre la constitucionalidad de los artículos denunciados por Clarín.
En tales circunstancias, antes de darse a conocer el fallo de la Cámara, la Comisión de Independencia Judicial expidió un comunicado sin precedentes en las relaciones institucionales argentinas. Esta institución, que cobija a la mayoría de los jueces federales de la nación, exigió al gobierno de Fernández que respete la división de poderes, que cesen las presiones “directas o indirectas” y evite el “agravio personal o familiar”. Pero el comunicado no bastó para que al siguiente día el gobierno cargara de frente contra los jueces.
“Terminamos de confirmar que la Cámara es el brazo jurídico del grupo ilegal”, declaró el viernes 7 el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abad Medina. “Acá hay una mafia que se llama Magnetto (consejero delegado de Clarín) que no duda en apretar políticos, jueces y empresarios a través de su diario”, señaló el vicepresidente Amado Boudou.
Y la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), indicó que la medida “constituye un precedente nefasto y lamentable que pone un manto de sospecha ineludible en el funcionamiento de la justicia”.
Así las cosas, el gobierno presentó el viernes 7, el recurso extraordinario per saltum ante la Corte Suprema, en contra de la prórroga concedida a la medida cautelar solicitada por el Grupo Clarín, que mantiene frenada la aplicación de una cláusula clave antimonopólica en la ley sobre medios audiovisuales.
El principal argumento —aparte del enfrentamiento político entre Clarín y la presidencia de Argentina—, para proceder en contra del grupo monopólico es que según la AFSCA, Clarín posee “41% del mercado de radio, 38% de la TV abierta y 59% de la TV por cable, cuando el máximo que marca la ley, en todos los casos es de 35%”.
El hecho es que si las emisoras del Grupo Clarín caen en manos de inversores extranjeros, como es previsible, habría menos pluralismo informativo en Argentina. Esa es la situación, pues si Clarín estuviera a las órdenes de la presidencia argentina, otro gallo les cantara. Así de simple.