Nora Rodríguez Aceves

La cláusula de gobernabilidad está deteniendo la reforma política y sería un gran retroceso si se aprueba. No debemos reeditar prácticas añejas que no gozan de salud democrática. “Es generar un contexto de representación que no es el que se produce en la realidad, es a final de cuentas la distorsión del voto ciudadano. Yo voté por un partido en un determinado porcentaje, pero la ley en un ejercicio de alquimia electoral genera que les den una cantidad mayor de diputados a la que debería salir respecto de mi voto ciudadano”, explica César Astudillo Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (IIJ-UNAM).

La fracción parlamentaria del PRI en la Cámara de Diputados, fundamentalmente los legisladores del Estado de México, ha dicho que se opone, en parte, al dictamen en materia de reforma política aprobado por el Senado de la República, “porque algunas de las propuestas hechas en su momento por el gobernador Enrique Peña Nieto no se reflejan en esta iniciativa. Justamente una de esas propuestas es la que va encaminada al argumento de la gobernabilidad”.

“Recordemos que hace tiempo —dice Astudillo Reyes— el gobernador Enrique Peña Nieto propuso la reintroducción de la cláusula de gobernabilidad en las cámaras. Esto es el hecho de que si ningún partido obtiene la mayoría absoluta en la Cámara, pero tiene al menos el 35 por ciento de la votación, que se le entreguen a todos aquellos diputados que le harían falta —o senadores, dependiendo si se quiere introducir en las dos cámaras— para que alcance la mayoría absoluta. Es decir, hacer de una mayoría relativa una mayoría absoluta, no apegada a la realidad. Es una mayoría construida de manera ficticia. Porque, repito, si un partido obtiene el 35 por ciento de los votos lo justo, lo proporcional, es que tenga el 35 por ciento de los diputados de la Cámara. Aquí la lógica es distinta. Tengo el 35 y automáticamente me hago del 51 por ciento de la Cámara. Ese es el argumento que está deteniendo la reforma y por el cual los diputados, fundamentalmente los del Estado de México, están rechazando la reforma política tal cual viene del Senado, porque quieren ver plasmado en ella esta exigencia planteada por el gobernador Peña Nieto”.

Por lo tanto, “entrarán en un proceso de negociación a ver si esto pasa, pero si pasa realmente sería un retroceso muy importante, porque ya tuvimos esa cláusula operando justamente como una garantía para que el PRI no perdiera el control de la Cámara de Diputados. Ese momento ya pasó y no debemos reeditar prácticas añejas que además no gozan de salud democrática”.

“Este es uno de los argumentos por lo cuales debemos estar atentos a lo que sucede, para ver en qué forma se llega a plantear o replantear la reforma política en la Cámara de Diputados”.

Los cambios

Hay que señalar que el 27 de abril pasado el Senado de la República ratificó en lo particular y con cambios en el dictamen que modifica diversos artículos de la Constitución política en materia de reforma política. Con estas modificaciones los legisladores introdujeron la figura de las candidaturas independientes a todos los cargos de elección popular, tanto federales como locales, la consulta popular, la iniciativa ciudadana, la iniciativa preferente, la reelección de diputados y senadores, la sustitución del Presidente de la República y la ratificación de los comisionados de los órganos reguladores de Telecomunicaciones, Comisión Federal de Competencia y Comisión Nacional de Energía.

La aprobación de este dictamen significa para el doctor en derecho constitucional por la Universidad Complutense de Madrid, César Astudillo, “un avance en términos de establecer nuevos instrumentos para una nueva relación entre ciudadanos y el poder político. Es una reforma, que por primera vez, deja de lado lo estrictamente electoral para centrarse en establecer nuevas vías de participación de la ciudadanía en la toma de decisiones. Eso es de celebrarse”.

“Si bien es cierto que se establece un conjunto de temas muy significativos, hay otros que se quedan de lado. Es decir, seguimos dentro de la lógica que han tenido nuestras últimas reformas electorales, reformas políticas, de que avanzamos paso a paso en una reforma de mínimos sin lograr concretar un gran cambio para el sistema político mexicano. Es de celebrarse, en un contexto de mínimos no de máximos, realmente todavía estamos esperando esa reforma de máximos que verdaderamente venga a transformar la forma de conducir las relaciones políticas en este país”.

No obstante, muchos temas de la reforma quedaron fuera. Es más “la principal propuesta del Presidente de la República no fue tomada en consideración, que era básicamente la segunda vuelta para la elección presidencial. Esa, de entrada, quedó fuera y también quedó fuera su acompañante que era la reducción de las cámaras del Congreso. Dos propuestas dirigidas, al menos desde la óptica del Ejecutivo federal, a generar mayores márgenes de gobernabilidad para que el Presidente llegara con mayores niveles de apoyo político en la Cámara, de tal suerte que le fuera mucho más fácil acordar, en ambas cámaras, la compresión de un determinado proyecto de gobierno, un proyecto legislativo”.
“Esas dos propuestas se discutieron, sí, pero rápidamente quedaron fuera. Hay muchas cosas que quedaron fuera de la misma reforma política y ya ni qué decir de la reforma del Estado que es mucho más amplia. También ahí hay muchísimas cosas que básicamente ni siquiera se tocaron”.

“Lo que nos habla de que estamos en un entorno en donde ya los mismos intereses políticos de cara a la elección presidencial comienzan a contaminar la toma de decisiones. De tal suerte que estamos en consensos de mínimas, en acuerdo de mínimos necesarios para tratar de transformar algunas cosas que ya no pueden postergarse como el tema, que sí entró, de la sustitución presidencial. Este hecho de que ante la ausencia del Ejecutivo federal entre el secretario de Gobernación a suplir la ausencia del Presidente o en su defecto el secretario de Hacienda y Crédito Público o el secretario de Relaciones Exteriores. Eso se considera indispensable porque ahí hay un vacío constitucional; pero qué grave es que sólo se pongan de acuerdo en estos mínimos inexorables y no en máximos que también son necesarios”.

En ese mismo tenor, el profesor-investigador del IIJ-UNAM explica que si se revisa el dictamen “la reforma entrará en vigor al día siguiente de que se publique, pero hay partes de esa reforma que se implementarán con posterioridad; por ejemplo el tema de la reelección legislativa entrará en vigor el primero de septiembre de 2012, cuando los diputados y los senadores estén sentados en sus curules y se proceda a la apertura de sesiones del Congreso general. En ese momento entrará en vigor la reforma en materia de reelección legislativa. Lo cual quiere decir que ellos implementarán los cambios legislativos pertinentes, pero que la reforma operará a partir de la siguiente elección”.

“En cuanto a la figura de la candidatura independiente es distinto. Hay voces que se han manifestado a favor de que pueda entrar en vigor de manera inmediata e incluso hacia el 2012. Sin embargo, es importante señalar que apenas estamos en el primer paso del procedimiento, falta mucho para que se puedan implementar; porque la reforma constitucional —aparte del apoyo del Senado que ya tiene— necesita un respaldo en términos similares de la Cámara de Diputados y un respaldo de al menos 17 congresos estatales antes del 30 de junio”.

“Entonces, lo primero es determinar: ¿cuándo podríamos tener este primer paso establecido? Porque después viene el segundo paso, es decir, aprobando la reforma constitucional es difícil que entren a operar las candidaturas independientes, porque también necesitan una regulación legislativa, que señale, al margen de los requisitos que establecerá la Constitución, qué requisitos adicionales deben cumplir los ciudadanos que quieran postularse. Necesariamente habrá requisitos adicionales, habrá limites, habrá una serie de prohibiciones y una serie de exigencias que recaerán sobre estos ciudadanos que también necesiten cumplir”.

Astudillo Reyes reitera que “hay que terminar este paso adecuadamente, la reforma constitucional, después que se abra el segundo paso para ver si realmente podemos llegar hacia finales de año con un nuevo diseño institucional que ya posibilite las candidaturas independientes; recordando que el artículo 105 constitucional establece que no podrá haber modificaciones electorales fundamentales, por lo menos 90 días antes de que se inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse. Lo cual ya cierra el paso a los tiempos que tenemos, porque básicamente habría que concretar los cambios más o menos por ahí de septiembre justamente”.

No echar campanas al vuelo

Además, apunta Astudillo Reyes, “ya Andrés Manuel López Obrador declaró de que esos cambios es mejor que se den después del 2012. También Peña Nieto piensa que se den, si no después del 2012, al menos después de la elección del Estado de México y así todos. Lo cual quiere decir que desafortunadamente el acuerdo político para la reforma política tardó en llegar, porque ya está contaminado y esa contaminación es la que tal vez augure que no tenga un final adecuado. Es decir, que esto que se impulsó por el Senado no pase o que pase ya en un momento en donde no pueda aplicarse, un momento más o menos cercano, sino que tenga que irse hasta 2015”.

Frente a este contexto, el doctor Astudillo advierte que aun cuando hay ingredientes que permiten hacer una especie de empoderamiento del ciudadano no hay que echar las campanas al vuelo, porque lo que abrió la Constitución fácilmente lo puede cerrar la legislación. A qué me refiero, a que si estos requisitos que se están poniendo para la consulta popular para la iniciativa legislativa o para la reelección son mayores, más agravados, al final lo que haremos es obstaculizar algo que la Constitución está abriendo. Hay que estar muy pendientes de cómo los legisladores bajan esto a las leyes secundarias, de que no obstaculicen está puerta que abrió la Constitución; porque si no esta reforma en lugar de ser real será ideal.

Sí lo abrió la Constitución, pero en la práctica los requisitos son de tal magnitud, de tal envergadura, que no se pueden cumplir fácilmente. Eso hace entonces que se dé una negación de los derechos de la ciudadanía”.