No sería extraño que el senador del PAN Juan Carlos Romero Hicks aparezca en los archivos secretos del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) como “persona indeseable”.

 ¿La razón? La razón es que pidió incorporar al dictamen de reforma educativa el derecho constitucional del mexicano a recibir educación de calidad. Propuesta que avalaron prácticamente todos los partidos políticos, tal vez sin darse cuenta del alcance cultural de esta medida.

En un país donde la mediocridad impera como una especie de ley, como parte de los usos y costumbres, exigir calidad educativa significa, o debería significar, calidad en todos y cada uno de los ámbitos de la vida.

De esa palabra, que la Real Academia de la Lengua define como sinónimo de superioridad y excelencia, depende el verdadero cambio de México.

Por eso es tan difícil entender o identificarse con la líder del SNTE, Elba Esther Gordillo, cuando anuncia que los maestros se irán a una “resistencia pacífica y civilizada” contra la reforma educativa, porque amenaza la estabilidad laboral y los derechos constitucionales del magisterio.

A ver, a ver…, ¿los maestros viven en otro planeta o habitan en un mundo donde la ética y el derecho tienen otros valores? La reforma al artículo 3^o constitucional dice que, de aquí para adelante, “es obligatoria la evaluación para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia” en el servicio magisterial. ¿En qué parte de la ley se atenta contra los derechos de los trabajadores de la educación?

¿Dónde está la arbitrariedad? Exigir que un maestro esté debidamente capacitado, moral y pedagógicamente apto para formar la conciencia de millones de mexicanos y de un país, no puede considerarse como un atentado.

Más bien, quienes deberían ir a la ONU, a la Corte Internacional de la Haya y a la Organización Internacional del Trabajo —órganos a los que pretende recurrir el SNTE para defender “la dignidad de los trabajadores de la educación”— son los niños y jóvenes mexicanos que se han visto afectados en sus derechos constitucionales, humanos e individuales por haber recibido una educación sin calidad.

El sindicato magisterial anunció que la “resistencia pacífica” de sus agremiados consistirá en la instalación de mesas para la recolección de firmas en las plazas públicas. Es difícil que un gremio tan desacreditado reciba la solidaridad de los mexicanos. El diputado Manlio Fabio Beltrones lo dijo de alguna manera: “Oponerse a la reforma es ir en contra de la mayoría”.

Valdría la pena, sin embargo, hacer acto de presencia en las carpas que se instalen para pedirle a los maestros que abandonen la cultura de corrupción y la defensa de falsos derechos. Que vuelvan a convertirse en modelo de la ética y civilidad que el país necesita.

Es cierto, como dice Gordillo, que los maestros no son los únicos responsables de la educación. Pero, de lo que sí son responsables es de no querer renunciar a un sistema corrupto donde un maestro obtiene una plaza y es promovido no por su capacidad, preparación y rendimiento, sino por su apoyo a los líderes sindicales.

Entendemos que la obligación del SNTE es defender los derechos de sus agremiados, pero un millón y medio de maestros no son todos los mexicanos. Nadie tiene derecho a impedir el desarrollo de un país por privilegiar los intereses de unos cuantos.