Secretaría de la Reforma Agraria
Alfredo Ríos Camarena
La ley del 6 de enero de 1915 que produjo el insigne jurista Luis Cabrera, y promulgó Venustiano Carranza, constituye uno de los impulsos jurídicos más importantes al derecho mexicano, pues es el antecedente directo del actual artículo 27 Constitucional, que le da a la propiedad un nuevo sentido, particularmente a la propiedad privada, a la que limita estableciendo que ésta “estará sujeta a las modalidades que dicte el interés público”; esta sola frase rompió los paradigmas respecto a la propiedad, dándole a la nueva Constitución un lugar histórico en la ciencia jurídica. Así, se construyó la columna vertebral de la Revolución Mexicana con la repartición de la tierra y la garantía social a los ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios.
Por eso, la presencia del presidente de la república, el pasado 6 de enero en Boca del Río, Veracruz, tiene un significado especial; Peña Nieto en apenas unas cuantas semanas ha promovido una actitud reformista abordando temas fundamentales para la nación: la reforma educativa; la lucha contra la corrupción; la nueva estrategia contra el crimen organizado; y, sobre todo, ha recuperado la liturgia republicana, dándole dignidad a la investidura presidencial, enfrentando con decisión a los llamados poderes fácticos. La nación ha recuperado el optimismo y la esperanza, pero también los retos son complicados, aun cuando se siente una fuerte decisión del Ejecutivo federal de enfrentarlos con una estrategia de consenso y unidad, en la que destaca la reforma hacendaria y fiscal.
En cuanto al tema agrario, no se siente con claridad un camino que retome el objetivo de la nación, no sólo de ser autosuficiente en la producción alimentaria, sino de darle una solución a los graves y dramáticos problemas por los que atraviesan los campesinos mexicanos.
La nueva Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano que, como su nombre lo indica, atiende el tema agrario, se refiere a la estructura territorial, a la especulación de las tierras rurales que se convierten en urbanas, y que ya existía un instrumento jurídico para tratar el problema, la Comisión para la Regulación y la Tenencia de la Tierra, que perdió sus objetivos y se convirtió en el reparto de escrituras sobre tierras sin servicios, y que dio motivo a la especulación y al latrocinio de aquellas tierras de alto valor urbano y turístico. Esta política está bien delineada pero es incompleta, pues lo esencial es propiciar un incremento productivo y una mejoría en la calidad de vida de más de 20 millones de mexicanos que son dueños de más de 100 millones de hectáreas y que lamentablemente han sido víctimas del despojo y del rentismo.
Es necesario diseñar nuevos proyectos a través de la capacitación, la organización y el crédito, y también, rediseñar esta política para aprovechar a plenitud nuestros recursos naturales; en esta inmensa y necesaria tarea pueden participar la iniciativa privada y los propietarios sociales, desde luego, bajo la dirección del Estado nacional. Es urgente crear proyectos que mejoren nuestra producción alimentaria, pues por las reformas económicas en Estados Unidos, bien pueden modificarse los subsidios agrícolas en ese país y provocar un alza de precios, aún mayor, en los productos agrícolas y ganaderos, que son tan necesarios para nosotros los mexicanos. La obligación del gobierno federal es intentar abastecer a plenitud a la población en materia alimenticia, pues el campo fue totalmente desmantelado por los gobiernos neoliberales priistas y panistas que acabaron con la Compañía Nacional de Subsistencias Populares, con Fertilizantes de México, con la Productora Nacional de Semillas, con los bancos agrícolas, con los fideicomisos y con toda una política que durante muchos años habían trazado los gobiernos de la república.
Es tiempo de reflexión, no se puede abandonar el campo y el desarrollo rural, no puede ser sólo el apoyo al 5% de los productores que han sido beneficiados con el TLC a través de sus exportaciones; México requiere con urgencia una nueva política agraria y agrícola, y en las facultades de la nueva Secretaría no se asoma por ningún lado esta posibilidad.
Los objetivos que planteó el presidente el pasado 11 de diciembre son claros y definidos; sin embargo, las atribuciones de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano no lo son tanto. Es necesario y urgente repensar y planear la política hacia el campo; será parte esencial para el éxito del combate a la pobreza, de la seguridad, y sobre todo, para la justicia social.