Entrevista a Erubiel Tirado/Investigador asociado del RUSI
Moisés Castillo
Hace unos días, Florence Cassez salió libre tras siete años de encierro. También se dio la noticia de que la Procuraduría General de la República (PGR) reconoció ante un juez federal no tener pruebas en contra del general Tomás Ángeles Dauahare y de otros cinco militares de proteger al cártel de los Beltrán Leyva. Cambio de gobierno, ¿misma justicia?
En el caso de los militares, la entonces procuradora Marisela Morales
rechazó una y otra vez que la consignación del exsubsecretario de la Defensa Nacional Ángeles Dauahare, y de cuatro militares más, respondiera a intereses políticos o a venganzas de carácter personal.
“La Procuraduría General de la República —dijo la señora Morales—actúa con respeto, apegada al derecho, con seriedad y responsabilidad, y en ese sentido hemos realizado cada una de las diligencias; no existe ningún tipo de interés que no sea aplicar la ley como está en la propia Constitución mandatado. Para la procuraduría ésa es la función constitucional y en ese sentido hemos trabajado para darle transparencia, lo más que se ha podido, porque evidentemente las investigaciones tienen sigilo.”
A casi un año de la detención de estos integrantes del Ejército, la misma PGR, pero con nuevo procurador, admitió que no pudo corroborar las afirmaciones de Jennifer y Sergio Villarreal El Grande, segundo mando en la estructura del cártel de los Beltrán Leyva y que fuera capturado en septiembre de 2010.
“Por lo que hace al procesado Tomás Ángeles Dauahare, los deposados (las declaraciones) de los testigos protegidos colaboradores no se encuentran corroborados con medio convictivo alguno, salvo el hecho de que el encausado fue servidor público de la Secretaría de la Defensa Nacional, sin que al día de la fecha se cuente con probanza alguna para confirmar los dichos de Jennifer y Mateo”, dice el oficio DGCPPAMDO/707/2013 de la PGR.
Jennifer y Mateo, el nombre clave de El Grande, declararon en varias ocasiones que Ángeles Dauahare ayudó a Édgar Valdez Villarreal, La Barbie, para conseguir la protección de militares en el desembarque de aviones con cocaína en los aeropuertos de Cancún, Toluca y Cuernavaca.
Apenas el 17 de enero, el Quinto Tribunal Unitario de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región con sede en Guanajuato resolvió que existen indicios para sostener un proceso en contra de Ángeles Dauahare y los generales Roberto Dawe González y Rubén Pérez Ramírez por delincuencia organizada. Así como en contra del teniente coronel Silvio Isidro de Jesús Hernández Soto y el mayor Iván Reyna Muñoz, a quienes también se les procesó por delitos contra la salud en la modalidad de colaborar y fomentar este ilícito.
Por otra parte, Ricardo Sánchez Reyes Retana, abogado del general en retiro Ángeles Dauahare, precisó que la postura de la PGR en contra de su defendido no equivale a un desistimiento de su acusación.
“Una, en la que ya nos estamos ubicando nosotros que es solicitar el cierre de instrucción para estar próximos a que se nos dicte sentencia y según la carga del Tribunal Superior, esto pudiera acontecer en las siguiente siete u ocho semanas; o bien, un escenario que no es previsible por nosotros, que la PGR se desistiera, pero eso no lo contemplamos nosotros.”
“El general no tiene ningún nexo con organización delincuencial alguna, por lo que, quitando esta hipótesis, no queda más que el tema político, las imputaciones que hay en su contra, una es de oídas, otra es mentirosa de manera flagrante.”
Marco legal
Frente al escándalo por el caso de los generales y militares detenidos, las bancadas del PRI y PRD en el Senado anunciaron que revisarán el marco legal que permite la existencia de los testigos protegidos y la permanencia del arraigo.
El líder del PRI en el Senado, Emilio Gamboa, adelantó que su bancada revisará si se deben hacer modificaciones al marco legal en torno de la figura de los testigos protegidos.
“He platicado —dijo el legislador— con el señor procurador, está muy atento a esto, muy comprometido con no defender a nadie que haya cometido algún ilícito, pero tampoco meter a la cárcel o someterlo a un juicio cuando no lo haya hecho.”
En tanto, el coordinador de los senadores del PRD, Miguel Barbosa, afirmó que las figuras de testigos protegidos y arraigo, requieren de una revisión urgente.
“Tienes que garantizar —dijo— que figuras como el arraigo y los testigos protegidos funcionen con mucho mayores elementos, y que cualquier delincuente que pacte con la autoridad condenas menores o tratamiento privilegiado en su detención sean suficientes para incriminar y para provocar la responsabilidad, la presunta responsabilidad y la responsabilidad final en contra de funcionarios.”
A lo largo de este año, analistas y periodistas han publicado que este caso es un claro ajuste de cuentas en el interior del Ejército mexicano, el saldo de una vieja rencilla personal y profesional entre el extitular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) Guillermo Galván Galván y el propio Ángeles Dauahare. Un conflicto que inició el gobierno calderonista y que terminó expulsando al general Ángeles Dauahare de la Subsecretaría de la Defensa y aceleró su retiro.
En entrevista para Siempre!, Erubiel Tirado, investigador asociado del Royal United Services Institute for Defence & Security Studies de Londres (RUSI), la PGR actuó de manera irresponsable y parcial en este caso espinoso.
“La PGR —dice— se prestó a un ajuste de cuentas interno de los grupos de poder en la Sedena. Eso no se está tocando y tendríamos qué saber qué fue lo que realmente sucedió, por qué los implicaron con el narco. Quiénes dentro de la Sedena estuvieron impulsando este caso. Todos se movieron para figurar en el nuevo gobierno ante la salida de Galván Galván.”
¿Cuáles son las implicaciones de esta falta de pruebas contra militares?
Lo primero que debemos destacar es el señalamiento propio de la institución, de que no cuenta con elementos suficientes y hay un cambio en el comportamiento institucional. Históricamente, en las últimas dos décadas, la PGR en estos casos de alto impacto acostumbra armar los casos con el esquema de oídas que reproducen los testigos protegidos; esta figura es la más socorrida para armar expedientes y acusaciones. No basta con las acusaciones de supuestos testigos que implican a probables culpables de narco. El problema que hemos observado en la PGR es que hay un uso faccioso de las atribuciones y un uso abusivo de los recursos legales con los que cuenta. Se renuncia a la investigación real para encontrar la verdad, no corrobora lo que dicen los testimonios. Y ahora vemos un desistimiento de la acción penal, la PGR ya no continuará en el proceso. Políticamente hay otro tipo de lectura, empezando por lo que se ha documentado sobre la cercanía en el caso particular del general Ángeles Dauahare con el grupo que actualmente gobierna, empezando con el presidente Enrique Peña Nieto.
Desprestigio moral
¿En qué medida afecta la imagen del Ejército?
No es suficiente el que se plantee un desistimiento o una falta de culpabilidad por parte de los militares, independientemente de quien se trate. Algunos colegas dijimos que si estaban los militares implicados en el narco, que se comprobara. Pero había precedentes en estos casos de que los inculpados podrían ser víctimas de ajustes de cuentas en el interior de sectores del Ejército. Y en este caso hay que revisar esta circunstancia. En efecto, hay también una carga de desprestigio moral de la que no se está haciendo cargo ni la PGR, ni la Sedena. Estamos frente a uno de muchos casos en los que el Ministerio Público Federal no puede acreditar la culpabilidad de quienes detiene y los inculpados se pasan años tras las rejas. Y cuando salen pierden su credibilidad como ciudadanos.
¿Es un ejemplo más de que la estrategia antinarco de Felipe Calderón fracasó?
La PGR ha abusado del arraigo, de los testigos protegidos, y no es la primera vez que se arman casos y se llega a una sentencia absolutoria a partir de acusaciones de oídas. No se trata de desprestigiar los testimonios. Un testigo en términos legales puede hablar de lo que le consta. Y cuando uno revisa estas acusaciones encuentra que son “de oídas”, nada confiables.
En cuanto al éxito o fracaso de la lucha contra los carteles de la droga del expresidente, va más allá. Esto cuenta en términos de nuestro retraso institucional y en el sistema de justicia. Pero la colaboración de funcionarios del aparato de seguridad del Estado mexicano con el crimen organizado está ahí y todavía no podemos ver resultados, hay impunidad. Primero, no se desarticulan las organizaciones criminales.
Segundo, salvo algunos casos a lo largo del sexenio, nunca se tocó esa red de complicidad con el aparato estatal en los tres niveles de gobierno. Algunos militares de rango menor se consignaron pero no vemos, cuando caen operadores del narco importantes, que caigan también funcionarios públicos, sus redes de apoyo. Sí es una muestra más de un alcance limitado de la estrategia de Calderón. Solamente se focalizó a aprehender, capturar, matar o extraditar a los capos de cierto nivel de algunas organizaciones. No hay crimen organizado sin la complicidad de las estructuras de gobierno.
¿Y la responsabilidad de la exprocuradora Marisela Morales?
Ése es otro asunto. Hay que ver el mérito que la institución dice que “no tengo pruebas para seguir”, es mejor que la institución reconozca que falló en acreditar una culpabilidad. Pero si esto es motivado por razones políticas, es otra cosa. Entonces, ¿qué paso? ¿Por qué se promovieron procesos penales en contra de estas personalidades del Ejército? Estamos frente al uso faccioso de la PGR para que un grupo militar buscara claramente despejar el camino para ciertos personajes internos del Ejército. Los militares se mueven con cierto nivel de autonomía y la disciplina en el interior se pierde para buscar posiciones ante la entrada del nuevo gobierno.
¿Qué podemos esperar de Jesús Murillo Karam? ¿Cuáles son los desafíos que tiene al frente de la PGR?
Más allá de las personas, creo que el procurador tiene una tarea enorme. Tiene el desafío de legitimar a la PGR, una institución que no está acreditada. Llega a una institución débil que tiene que fortalecer porque está desprestigiada. La PGR necesita todo un proceso de reingeniería institucional para que esa institución vuelva a ser el brazo legal del Estado mexicano, no es poca cosa. Lo que hemos visto es que fue desmantelada en los últimos años. El procurador tiene que estar a la altura de este reto. Hay que recordar que los funcionarios públicos a nivel federal no están exentos de responder ante la ley de responsabilidades, si la han violentado en su gestión. Vemos que hay una multiplicación de carteles de la droga de diversos tamaños producto de la estrategia que se llevó en el sexenio anterior. Tiene un reto en el interior de restablecer en términos institucionales a la PGR y ser el puntal eficaz en la lucha contra el narcotráfico. Porque lo que hemos visto es que ese eje de importancia se trasladó a la extinta Secretaría de Seguridad Pública. Necesita ser en ese sentido revitalizada. Vamos a ver en los próximos meses si Murillo Karam está a la altura de estos retos.