Entrevista a Israel Alvarado Martínez/Investigador del Inacipe

Antonio Cerda Ardura

El caso de la ciudadana francesa Florence Cassez, detenida en México bajo la acusación de secuestro y otros delitos, pero liberada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SJCN) al comprobar que hubo irregularidades en su proceso judicial, demuestra que en nuestra nación se mantiene vigente la necesidad de un nuevo modelo de justicia, el cual permita que sea el primer juez quien determine, de manera inmediata, si una aprehensión realizada por la policía y el ministerio público fue apegada o no a la Constitución.

Así lo indica, en entrevista con Siempre!, Israel Alvarado Martínez, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), quien manifiesta que esa carencia fue la que motivó la reforma judicial de 2008, conocida como la “Reforma de los juicios orales”, que algunos estados ya implementaron, pero que no tendremos en todo el país sino hasta 2016.

El doctor en Derecho y en Ciencias Penales y Política Criminal considera que el Poder Judicial quedó muy mal parado, porque a pesar de que la Corte actuó de manera adecuada al ordenar la liberación de la presunta secuestradora, la percepción de los medios de comunicación y de la ciudadanía es que el caso estuvo manoseado y que el máximo tribunal resolvió en términos políticos.

Justicia ambivalente

¿Cómo deja la liberación de Florence Cassez a la justicia mexicana? ¿Prevaleció en la decisión de la Corte una connotación política?

Lo primero que deberíamos entender es que cuando hablamos de justicia, no podemos referirnos solamente a la SCJN. La actuación de la Corte fue muy relevante. Fue la que marcó la pauta y diferenció el tratamiento que se le había dado a este caso en un principio y cómo se resolvió al final. Pero la justicia no es solamente la Corte: es también un Tribunal Colegiado; un Tribunal Unitario de Circuito, en la apelación; un juez de Distrito, en la primera instancia; la Procuraduría General de la República y la policía, en su momento. Todo eso es la justicia mexicana. ¿Cómo queda? Pues vea nada más el desbalance y la desproporción que existe. Por un lado, todo el primer bloque, desde la policía, hasta el Tribunal Unitario de Circuito que conoció del delito a nivel federal, está bajo una perspectiva de que dejó de observar derechos fundamentales de la detenida y principios elementales del proceso. Se comprueba con su actuación una visión que tenemos muy arraigada en México, de que la autoridad que sabe que va a tener a otra autoridad por encima de ella, la cual le va a revisar, no quiere meterse en problemas y, entonces, no resuelve, no asume su compromiso y dice: “Que lo resuelvan aquéllos, yo no me voy a meter en el problema de dejar en libertad a alguien después de que, con bombo y platillo, se anuncia a nivel federal que se hizo un operativo para hacer su detención por un delito de alto impacto social, como es el secuestro”. Es decir, la autoridad judicial, el juez de Distrito, no quiso asumir un papel protagónico en la responsabilidad que tiene de tutelar esos derechos, porque es un delito muy delicado, y dejó que mejor lo hiciera su superior, el Tribunal Unitario de Circuito. El Unitario terminó haciendo exactamente lo mismo. Así es como normalmente piensan en México los juzgadores de primera o de segunda instancia, que saben que alguien va a retomar después el trabajo: “Que lo dejen en libertad los que siguen”. En el caso de la Corte, no tendría a nadie más a quien fincarle esa responsabilidad, o de lavarse las manos y pasarle la bolita a alguien más. Así que asumió su compromiso y le entró al fondo del asunto. Pero la justicia mexicana queda en un papel de ambivalencia. Por una parte, destaca la actuación de la Corte, apegada a derecho, y el resto de la justicia mexicana, que actuó de manera pésima, que convalidó violaciones fundamentales a derechos que debían estar más allá de cualquier tipo de perspectiva política o mediática. Por esto, la justicia en México pareciera que existe de manera totalmente aislada.

Es de dos aristas.

Una es la justicia terminal de la Corte, y otra, por completo distinta, es la justicia común y corriente, incluso a nivel federal. El Poder Judicial queda muy mal parado, porque a pesar de que la Corte actuó de manera adecuada, la percepción de los medios de comunicación y de la ciudadanía es completamente distinta: consideran que el caso estuvo manoseado y que la Corte resolvió en términos políticos. Por supuesto que la Corte a veces hace política. Si desconocemos esa parte, estamos siendo muy ingenuos al considerar que sus miembros se apegan solamente a criterios estrictamente jurídicos. Son parte del Estado, y, como parte del Estado, se tienen que preocupar por cuestiones del Estado que tienen que ver con la estabilidad económica, con política, con relaciones internacionales, con la percepción que tiene la sociedad y los medios de comunicación. Y bajo esta perspectiva, a pesar de su buena actuación, la SCJN queda muy desprestigiada. Pero tampoco nadie está levantando la voz para decir: “¡Que mal actuó el juez de distrito!”, si es que él fuera el responsable o no; “¡Que mal actuó el magistrado del Unitario de Circuito!”; “¡Que mal actuaron la policía o la Procuraduría!”. Como que todo lo que indigna actualmente es la actuación de la Corte, una actuación que no podía ser de otra forma, si es que nos queremos sustentar como un Estado de derecho. Y lo que tendría que hacerse son investigaciones y buscar a los que tienen las responsabilidades, para empezar a delimitarlas.

Algunos entienden que no fue la Corte la que hizo el trabajo sucio, sino que esto fue antes. ¿El expresidente Felipe Calderón y el exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, tienen responsabilidades?

El derecho penal es muy estricto en cuanto a las responsabilidades que cada persona pudiera tener en su actuación o en sus omisiones. No solamente se sancionan las acciones, sino también las omisiones. Pero, en casos muy particulares, todo lo que se tiene que sancionar en términos penales tiene que estar regulado, de manera muy nítida, en la propia ley. Bajo este esquema, lo que debemos entender es que hay responsables muy claros. Aquél que montó el operativo no tiene posibilidad de argumentar que no es responsable de lo que se hizo, o, por lo menos, de algo que es muy delicado, que tiene que ver con la privación ilegal de la libertad: retuvieron por más de 24 horas a algunas personas, sin ponerlas a disposición de la autoridad competente. Ahí está clarísima una responsabilidad penal. Lo demás se tiene que dilucidar no necesariamente a través de esa figura, sino que tiene que ver con delitos contra la administración de justicia. Si de todas las actuaciones de un policía de calle va a ser responsable un gobernador, un jefe de gobierno o un presidente de la república, estamos fritos. No podríamos sostener eso, porque de cualquier actuación de un miembro de la autoridad sería responsable la más alta jerarquía. Eso no sería viable en ningún Estado de derecho. ¿Qué es lo que tendríamos que verificar? Quiénes sabían de esa detención de la francesa y sus presuntos cómplices; quiénes dieron esas instrucciones, y quiénes, a pesar de que sabían lo que estaba sucediendo y las implicaciones que pudieran tener, tenían la responsabilidad, ésa es la clave, de evitar que eso siguiera pasando y de poner un alto en ese momento. Ahí es donde se empiezan a vincular otro tipo de responsabilidades. Sería muy cuestionable, muy complicado y muy difícil tratar de responsabilizar de esas actuaciones al ex presidente Calderón. Habría que ver, incluso, si verdaderamente estaba enterado o no. Aunque resulta casi ingenuo pensar que el presidente de la república no estaba enterado de una actuación como ésa. Sin embargo, sabemos cómo se manejan las instituciones de justicia en el país y la verdad es que podríamos sostener, en algunos casos, que no necesariamente los titulares de los ejecutivos están enterados de absolutamente todo lo que pasa. Respecto a los titulares de la Policía y de la Procuraduría, queda muy claro que si, a sabiendas de que existían problemas de esa naturaleza, aun así se le dio la instrucción al ministerio público para que consignara a los detenidos ante el juez de Distrito, o a la policía para que los pusiera a disposición de la PGR, ahí existen responsabilidades que se tienen que desvincular.

 

En manos de la PGR

Es claro que se hizo un show y que la escena del crimen no era realmente donde se hizo el montaje. Lo sabía, por lo menos, Genaro García Luna. ¿Quién lo va a perseguir?

El derecho penal marca muy claramente las responsabilidades si se tienen elementos de prueba para fincarlas en contra de cualquier persona, sea Genaro García Luna o Felipe Calderón. Si se cuenta con medios probatorios para demostrar que sabían de ese operativo y tenían la responsabilidad de evitar que sucediera, y no hicieron nada, por supuesto que proceden sanciones. ¿Quién los puede sancionar? El único que puede hacerlo es el Poder Judicial de la Federación. Como es un delito federal, tendría que ser la actual PGR la que hiciera una investigación para deslindar responsabilidades.

¿Cómo castigar a Cassez si ella es, en realidad, culpable de secuestro?

A ella ya no se le podría castigar, pero no es la única persona vinculada a la que fue su organización criminal. Por consiguiente, en este caso en particular, el hecho de que ella haya salido en libertad, no significa que los demás, que sí están declarados responsables, vayan a salir de la misma forma. Algo muy claro que ellos nunca podrán acreditar, por ejemplo, es que se les violentó su derecho a la asistencia consular. Eso está fuera de discusión. A ellos no les aplica y, por lo tanto, no lo pueden invocar. Si se determina su responsabilidad en un delito, se les ordenará que reparen el daño, valuado por el propio juzgador en términos económicos.

En caso de que esta señora fuera culpable, pues el peligro ahora es para Francia.

Para Francia o para el país en el que ella esté.

En México es común que se detenga a una persona y luego se le exhiba hasta la humillación, sin que se pruebe antes si realmente es culpable de un delito. Ya estamos acostumbrados a las presentaciones de presuntos hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, que, finalmente, no lo son. ¿Se ha pensado en algún tipo de legislación para evitar este circo romano?

Deberían de existir controles muy eficientes no solamente de las autoridades que permiten esto y hasta lo incentivan. Todos sabemos, por ejemplo, que ante una detención de la policía, sobre todo en la PGR, los medios de comunicación no acuden motu proprio, sino que les avisan. Las propias instituciones informan que hay un detenido de alto impacto. Así que tendrían que existir responsabilidades, tanto de las autoridades, como de los medios de comunicación que exhiben a una persona violentando su derecho fundamental de la presunción de inocencia. Esto se puede controlar y es relativamente sencillo. Lo que pasa es que no es únicamente una cuestión de leyes. ¿De qué sirven las leyes, si no hay voluntades políticas ni voluntades sociales?

 

Transparencia y apertura

¿A qué nos llevará este caso?

Ya nos llevó… Es precisamente esta problemática, que ahora se está volviendo tan aguda y que está nuevamente en la mira de todo el mundo, de los medios, de la sociedad, de las academias, etcétera, la que motivó la reforma constitucional de 2008. En aquel año se modificó la Constitución, porque se decía que la justicia mexicana era opaca, mediocre, anquilosada, rezagada y corrupta, y que se tenía que modernizar. Y la única forma de modernizarla es haciéndola mucho más transparente, mucho más abierta y con controles internos de las propias instituciones que permitan no que el juzgador sea la Corte, sino que el primer juez que conozca de un caso inmediatamente determine si las actuaciones que se derivan de la policía y del ministerio público fueron o no apegadas a la Constitución. Eso es lo que motivó aquella reforma del 2008, que se le conoce como la “Reforma de los juicios orales”, que es mucho más que eso. Pero ése fue el espíritu del constituyente: reconoció que este problema que estamos viviendo ahora es el pan nuestro de cada día. No es algo nuevo en México. Claro que la connotación de que Cassez era extranjera y de que había un país que estaba pugnando por que se respetaran sus derechos provocó que se le diera una cobertura excesiva, pero no es algo nuevo. Es algo tan sintomático y tan crónico en México, que precisamente ha dado pauta a la apuesta por un nuevo modelo de justicia, que algunos estados ya implementaron y que a más tardar tendrá toda la nación en 2016. Se trata de que la justicia no sea hasta que un caso esté en manos de la Corte y ni siquiera en manos de jueces federales, sino de los propios jueces locales, y que en el momento en que se ponga a su disposición a una persona, califiquen o no de ilegal una detención, o califiquen de suficientes o insuficientes las pruebas que se les está poniendo a su disposición. Por eso se les llama jueces de control o de garantía, porque tienen la obligación de velar desde ese momento por el respeto irrestricto a los derechos fundamentales.