La historia nos dice que cuando un presidente de la república evita, por diversas razones, marcar distancia con respecto de las administraciones pasadas, los costos de los errores cometidos en el pasado termina por pagarlos el mandatario en turno.
Enrique Peña Nieto, desde la campaña, ha centrado toda su atención política en evitar dividir el país. El paso de un gobierno panista a otro priista fue calificado por la opinión pública como una “transición de seda”, y la esencia del Pacto por México es la construcción de espacios comunes para llegar a acuerdos con todas las fuerzas políticas y sociales del país.
Durante los primeros 45 días, la nueva administración y el país mismo vivió bajo una atmósfera de reconciliación. Sin embargo, la liberación de Florence Cassez y, ahora, la revocación del amparo al Sindicato Mexicano de Electricistas por parte de la Corte indican que ha llegado el momento de que Peña Nieto marque su distancia con respecto a Felipe Calderón.
¿Cómo? Enjuiciando y encarcelando a quienes cometieron excesos de poder.
No se trata, solamente, de poner a salvo la confianza de un político, sino de un gobierno y, más aún, de las instituciones. Es preocupante la campaña de desprestigio instrumentada en contra de la Corte y de sus ministros a raíz de la liberación de la secuestradora francesa y de que 16 mil extrabajadores de Luz y Fuerza quedaron condenados al desempleo junto con sus familias.
La Corte no puede seguir haciendo la veces de pila purificadora de las desviaciones políticas cometidas en el pasado. No debe seguir siendo utilizada para resolver lo que de origen Calderón torció a partir de decisiones propias de un temperamento enfermo.
Una prioridad del presente sexenio es que la máxima instancia del Poder Judicial recupere la credibilidad perdida a partir de una relación totalmente diferente con el Poder Ejecutivo. Una relación no sólo basada en el respeto discursivo sino en la garantía de que la Corte dejará de ser depósito de la ineptitud política.
O para ser más claros: a donde se mandan los casos que funcionarios ineptos o mal intencionados no pueden o no quieren resolver.
Calderón ha resultado ser una pesada carga no sólo para el gobierno de Peña Nieto, sino para su partido. Incluso, para las autoridades de la Universidad de Harvard, donde académicos y estudiantes de diferentes países se unieron, sin éxito, para que no fuera admitido como catedrático.
Los duros señalamientos que hoy hace la dirigencia nacional del PAN en contra del IFE, por haber exonerado al PRI y acusado a Andrés Manuel López Obrador de rebasar los topes de gastos de campaña, tienen como propósito evitar que Calderón y el mismo Gustavo Madero sean colocados en el centro del torbellino acusatorio, por haber dejado a su candidata presidencial, Josefina Vázquez Mota, en el abandono.
Acción Nacional se convierte hoy —ante el IFE— en abogado defensor de López Obrador y en acusador del PRI para desviar la atención y evitar que el polvo deje ver la red de deslealtades que tejió alrededor de Vázquez Mota, quien hoy es, sin duda, una pesada carga para las instituciones.