Yolaidy Martínez Ruíz
El caso del controvertido oleoducto Keystone XL otra vez es noticia en Estados Unidos, pero ahora con mayor fuerza porque en los próximos meses pudiera obtener el sí o el rechazo definitivo de la Casa Blanca.
El presidente Barack Obama aún no terminaba de disfrutar las suntuosas ceremonias de su segunda investidura y pocas horas después el gobernador de Nebraska, Dave Heineman, le notificó que permitirá en ese territorio la instalación del canal, perteneciente a la empresa TransCanada.
Dicha corporación prevé llevar carburante desde la provincia de Alberta -prolífera en arenas alquitranadas- hasta el sureño estado de Texas a través de las tuberías de dos mil 753 kilómetros de extensión.
Obama detuvo el plan en dos ocasiones desde su anuncio a mediados de 2011, tras intensas protestas de agricultores y ambientalistas de ambos países sobre los consecuentes daños ecológicos en las áreas por donde debe pasar.
El Keystone XL atravesaría dos provincias canadienses y seis territorios estadounidenses a fin de transportar 830 mil barriles diarios de crudo hasta refinerías en la costa del golfo de México, con capacidad para depurar el denso bitumen.
Pero según Heineman, una nueva ruta propuesta evita el cruce del ducto por la región de Sand Hills, área medioambientalmente frágil y donde radica una importante sabana acuífera.
El gobernador republicano era hasta hace poco uno de los funcionarios norteamericanos más reacios a la idea del Keystone XL por el peligro potencial de contaminación que representan el petróleo arenoso y el dióxido de carbono para los recursos hidráulicos de Nebraska.
Su visto bueno pone contra la pared a Obama, quien en la toma de posesión citó el tema medioambiental y la lucha contra cambio climático entre las prioridades de su segundo mandato.
De hecho, un grupo bipartidista de 53 senadores estadounidenses (44 republicanos y nueve demócratas) secundaron la decisión de Heineman y exigieron en una carta al presidente aprobar sin más retrasos la construcción del ducto, valorado en siete mil millones de dólares.
El llamado partido rojo, la industria del petróleo, algunos sindicatos y el gobierno canadiense son los más fieles seguidores del proyecto y lo defienden con el argumento de que creará 20 mil empleos en las dos naciones, impulsará la economía nacional y aliviará la dependencia del crudo del Medio Oriente.
Una papa caliente
A juicio de analistas, el Keystone XL se convirtió desde el principio en una incómoda “papa caliente” para Obama, quien actuó con cautela por sus ambiciones electorales y con el fin de evitar más enfado en las agrupaciones ecologistas y civiles que alertan sobre los nefastos impactos al entorno y la salud humana.
Precisamente ese sector -junto con el de los inmigrantes y los jóvenes- fue un apoyo clave para el jefe de Estado en las urnas durante la votación de noviembre.
Los detractores denuncian que el oleoducto anclará la dependencia en los combustibles fósiles, amenaza con causar una catástrofe medioambiental y agravará el cambio climático porque la producción petrolera en arenas bituminosas genera tres veces más gases de efecto invernadero que el carburante convencional.
Sustentan sus preocupaciones con experiencias registradas en Estados Unidos como el derrame petrolero de 2010 en un río de Michigan, donde una compañía canadiense liberó 3.2 millones de litros de crudo extrapesado extraído de un suelo alquitranado.
También refieren al Keystone 1, un canal más pequeño de TransCanada que en su primer año de operaciones sufrió 12 vertidos, el más reciente de ellos fue en mayo de 2011 en Dakota del Norte y dejó escapar 80 mil litros de combustible.
Formaciones ambientalistas como 350.org y Sierra Club ya emplazaron a Obama a vetar definitivamente el proyecto petrolero y anunciaron una jornada de protestas frente a la Casa Blanca el próximo 17 de febrero para recordarle su compromiso de impulsar el desarrollo de fuentes de energía limpia.
El Keystone XL mantiene al presidente en una disyuntiva interna, al ponerlo a escoger entre proteger el medioambiente y su pregonado interés por espolear la creación de empleos en Estados Unidos.
Las presiones también vienen desde afuera y de manos de nueve ganadores del Premio Nobel de la Paz, galardón que Obama obtuvo inexplicablemente en 2009.
Los firmantes son las irlandesas Mairead Maguire y Betty Williams; el argentino Adolfo Pérez Esquivel; el arzobispo surafricano Desmond Tutu; su santidad Dalai Lama; la guatemalteca Rigoberta Menchú; el timorense José Ramos-Horta; la estadounidense Jody Williams y la iraní Shirin Ebadi.
En una carta conjunta dirigida a Obama, los laureados condenaron el desarrollo del oleoducto porque amenaza a las comunidades, los recursos naturales y por su efecto sobre el cambio climático.
“Entendemos que la extracción superficial de las arenas bituminosas bajo los bosques boreales de Alberta y el transporte de miles de barriles de petróleo al día desde Canadá hasta Texas, no sólo perjudicará a los estadounidenses, sino que también pondrá en peligro a todo el planeta”, escribieron.
Por su naturaleza binacional, la aprobación del proyecto en Estados Unidos requiere un permiso presidencial emitido por el Departamento de Estado y una evaluación sobre el impacto ecológico.
Sin embargo, varios expertos vaticinan un futuro impasse porque TransCanada es el cliente más importante de la consultora encargada del estudio ambiental. Se espera que el Ejecutivo demócrata tome una decisión conclusiva a más tardar en marzo.