El costo humano
Alonso Ruiz Belmont
La llamada “guerra contra las drogas”, apoyada militar y logísticamente en nuestro país mediante la Iniciativa Mérida por el Congreso estadounidense, halla su justificación oficial en el combate a un negocio ilícito global que produce utilidades anuales de entre 300 y 500 mil millones de dólares.
Sin embargo, la ofensiva armada iniciada por el gobierno calderonista contra los carteles del narcotráfico mexicanos ha dejado en nuestro país más de sesenta mil muertos, así como niveles inéditos de inseguridad en la mayor parte del territorio nacional. No es posible omitir que en la dinámica del combate mundial al narcotráfico el costo humano siempre termina inclinándose estratégicamente a favor de los Estados hegemónicos y en contra de los más débiles.
Sin embargo, los orígenes históricos del narcotráfico y sus derivaciones políticas son mucho más antiguos de lo que podríamos pensar.
A partir del siglo XVIII, el Imperio Británico comenzó a monopolizar el comercio del opio y su venta en el mercado chino, como una forma de compensar su enorme déficit comercial con aquella nación. Cuando China trató de desbaratar estas redes hacia el siglo XIX, los británicos desataron dos guerras para restablecer sus antiguas rutas comerciales y asegurar el control de ese mercado.
Posteriormente, durante la Guerra Fría, la CIA se involucró frecuentemente en operaciones encubiertas de contrabando de drogas y lavado de dinero para apoyar con armamento a naciones o grupos armados aliados que apoyaban a Estados Unidos en su llamada lucha contra el comunismo alrededor del mundo.
Uno de los ejemplos más representativos de lo anterior fue quizá, el abastecimiento militar de los llamados mujaidines durante la invasión soviética a Afganistán a través de las redes de tráfico de opio en dicha región. Otro ejemplo paradigmático fue el escándalo Irán-Contra en los años ochenta en el que, mediante la venta de cocaína procedente de Colombia en Estados Unidos, la CIA compró armas que proporcionó a la contra nicaragüense para luchar contra el gobierno sandinista.
Poco antes del colapso de la Unión Soviética, la guerra contra las drogas, iniciada a principios de los años setenta por la administración Nixon, comenzó a transformarse en un instrumento de poder estratégico de la geopolítica estadounidense, que comenzó a ser usado como pretexto para intervenir en las naciones en desarrollo.
Académicos como Oliver Villar de la Universidad de Bathurst, Australia, sostienen que en la industria del narcotráfico son los Estados hegemónicos, en este caso Estados Unidos, quienes juegan un papel protagónico y no las organizaciones criminales.
Según Villar, los Estados hegemónicos obtienen ganancias del comercio de drogas a través del lavado de dinero en sus sistemas financieros, conservando así un margen significativo de las utilidades producidas. Se estima que alrededor de 250 a 300 mil millones de dólares provenientes del narcotráfico son lavados anualmente en las instituciones financieras estadounidenses. Dicho fenómeno se halla directamente relacionado a la enorme desregulación que impera en los bancos norteamericanos sin que las autoridades de aquel país hayan hecho prácticamente nada para aumentar la fiscalización en dichas instituciones.
Las agencias de inteligencia y seguridad como la CIA y la DEA cumplirían entonces una función de coordinación con ciertas organizaciones criminales, permitiendo que una parte significativa del excedente de riquezas producido por la industria del narcotráfico entre en el sistema financiero estadounidense, para ser reinvertido parcialmente en su complejo militar industrial y vendido a las naciones en desarrollo como equipo antinarcótico. Las políticas oficiales penalizan así el consumo y el comercio de drogas, mientras que el componente financiero, que es estratégico en la producción de riqueza y capital, permanece mayormente intacto en el sistema bancario mundial.
La tesis de Villar es, ciertamente, provocadora pero valdría la pena preguntarse cómo es posible que actualmente Estados Unidos destine millones de dólares a una guerra mundial contra el narcotráfico, al tiempo que los índices de consumo de drogas y el flujo de sustancias que ingresan a dicho país se estén incrementando. Ejemplos actuales como Afganistán y Colombia hacen suponer que los paquetes de ayuda militar para combatir el narcotráfico hacia dichas naciones cumplen, ante todo, un claro propósito contrainsurgente y para el establecimiento de bases estadounidenses, un peligro del que México no está exento.
En el caso de México no es posible ignorar ejemplos como el de Jesús Zambada Niebla, miembro del cartel de Sinaloa, juzgado actualmente en Estados Unidos, quien declaró hace unos meses haber recibido ofertas de inmunidad por parte del gobierno de aquel país a cambio de ofrecer información logística que ayudase a debilitar a carteles rivales al de Sinaloa.
Existe también el escándalo desatado por el operativo Rápido y Furioso del Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives estadounidense, en el que dicha agencia ayudó a introducir a territorio mexicano unas mil 700 armas que fueron usadas por los carteles del narcotráfico.
Sólo una política internacional que privilegie el combate coordinado y eficiente hacia el lavado de dinero por encima de la militarización tendrá posibilidades reales de contener la capacidad destructiva de los carteles del narcotráfico y erosionar el inmenso poder corruptor de éstos.