Entrevista a Eduardo Huchim/Especialista en materia electoral
Nora Rodríguez Aceves
Los partidos políticos siempre han ejercido presión sobre el Instituto Federal Electoral (IFE) en su conjunto, sobre todo, en el Consejo General, que es el órgano máximo de decisión, pero ahí el problema es que para que una presión funcione se requiere de un binomio, el que presiona y el que se deja presionar; en esta situación, más allá de presiones que ejercen, prácticamente, todos los partidos políticos en un sentido u otro, aquí la virtud de que el Consejo General del IFE devuelva el dictamen sobre gastos de campaña de candidatos presidenciales a la Unidad de Fiscalización es que se logró superar el embrollo en que esta unidad metió al Consejo General.
“Fue un acuerdo correcto el que tomó el Consejo General para un poco desfacer el entuerto, es decir, para resolver el embrollo que presentó la Unidad de Fiscalización, y fue correcto porque si el consejo hubiera aprobado, como querían tres consejeros, Leonardo Valdés, Marco Antonio Baños y Francisco Guerrero, el dictamen en los términos en que fue presentado, habría sido un golpe devastador para lo que queda de credibilidad del Instituto Federal Electoral”, afirma Eduardo Huchim, especialista en materia electoral.
En este sentido, hay que señalar que el pasado 6 de febrero, el Consejo General del IFE, por cinco votos a favor y tres en contra —del consejero presidente, Leonardo Valdés, y los consejeros electorales, Marco Antonio Baños y Francisco Guerrero Aguirre—, determinó devolver el Dictamen Consolidado y el Proyecto de Resolución de los Informes de Gastos de Campaña de los candidatos a la presidencia de la república en los comicios federales del año 2012, a la Unidad de Fiscalización.
“En votación particular, por unanimidad las consejeras y los consejeros electorales presentes acordaron la devolución del proyecto a la Unidad de Fiscalización para efectos de motivar y fundamentar los criterios relacionados con “campañas beneficiadas”, y que lo presente de nueva cuenta con los ajustes solicitados a más tardar en el 3 de julio, de manera simultánea al informe de gastos de campaña de diputados y senadores.”
El contexto
Eduardo Huchim comenta a Siempre! que conviene darle un contexto al tema: “La fiscalización de los gastos de campaña es un proceso largo que normalmente termina en julio del año siguiente al de la elección; en este año, los resultados de ese proceso de fiscalización los conoceríamos normalmente en julio de 2013. Ante esta circunstancia el Consejo General decidió en mayo de 2012 anticipar la fiscalización mediante un acuerdo específico, con esta anticipación los resultados de examen de la rendición de los gastos de campaña se presentarían el 30 de enero”.
“Para ello, también se acordó escindir, separar, el proceso de rendición de los gastos de la campaña presidencial de los otros gastos, de las otras campañas, de los diputados y de los senadores, eso fue lo que se acordó en mayo de 2012.”
El analista político explica que “este acuerdo resultó agradecible, porque permitió conocer con seis meses de anticipación el resultado de esta revisión de los gastos de la campaña presidencial. Sin embargo, es un acuerdo que resultó insuficiente, se quedó corto, porque al dar a conocer hasta enero los resultados de la revisión de la campaña presidencial resultaba que esta revisión ya no podría tener incidencia en la calificación de la elección presidencial, que tenía el 6 de septiembre como plazo máximo para realizarse”.
De ahí que diga que “el acuerdo resultó insuficiente, pero a la vista de lo que ocurrió, y ahora sí venimos a enero de 2013, resulta que ese acuerdo también fue defectuoso, ya que al separar la revisión de la campaña presidencial respecto de las otras compañas, las de legisladores, se producía una falta de certeza porque por virtud del prorrateo las tres campañas están íntimamente vinculadas y al separarlas se incurrió en una falta de certeza, pues se sabía lo que se prorrateaba de los gastos de la campaña presidencial, esto es, lo que se envía a las cuentas de las otras campañas, pero no se sabía cuál sería el resultado de esta acumulación de gastos, las campañas de diputados y senadores no se revisarían sino hasta después de la campaña presidencial; por esto el acuerdo resultó también defectuoso, porque incidía en la falta certeza”.
Profuso, largo y con muchas hojas
En esa circunstancias —agrega Huchim—, en cumplimiento del acuerdo de mayo de 2012 la Unidad de Fiscalización es el órgano técnico encargado de la revisión de las finanzas de los partidos y de proponer las sanciones que estime pertinentes derivadas de estas revisiones, presentó un dictamen inverosímil, digo que inverosímil, porque contra lo que todo el electorado vio en la campaña presidencial, que hubo una campaña, la de Enrique Peña Nieto, de la Coalición Compromiso por México, que superó a las otras en recursos, en ostentación, en despliegue de propaganda, fue muy superior a la de los otros candidatos”.
No obstante esto, “el dictamen de la comisión era que la coalición Compromiso por México de Peña Nieto se quedó a 8.5 millones del límite de gastos de campaña, que es de 336 millones de pesos para la campaña presidencial y otra campaña, que fue la del Movimiento Progresista que postuló a Andrés Manuel López Obrador, que frente a la de Peña Nieto fue relativamente modesta; esta campaña sí superó el tope de gastos, lo cual era verdaderamente inverosímil”.
“Ante estas circunstancia y ante el hecho de que los documentos muy profusos, con muchas hojas, muy largos, muy extensos del dictamen consolidado, el 30 de enero el Consejo General del IFE acuerda diferir una semana el examen del dictamen consolidado, porque no había sido suficiente el tiempo para estudiarlo, con lo cual creo que el Consejo General hizo lo correcto, diferir una semana la discusión y la votación.”
En ese mismo tono, señala que “así se llega a la sesión reciente del IFE —6 de febrero— en la que sí se analiza y se vota el dictamen consolidado, pero sin entrar directamente al fondo, esto porque la verdad es que la Unidad de Fiscalización metió en un embrollo al Consejo General y éste entró a estudiar un documento, como decíamos, inverosímil. Ante esta situación el Consejo General por decisión, por votación dividida acuerda, por las inconsistencias que presenta el dictamen, devolverlo a la Unidad de Fiscalización para su reelaboración conforme a las directrices que presentaba, que le dio el Consejo General, que consiste fundamentalmente en motivar los diferentes espacios, los diferentes contenidos del dictamen consolidado; cuando ellos hablan de motivar quiere decir que la Unidad de Fiscalización explique porqué tomó determinadas decisiones respecto a un partido, a una coalición, y cómo fue que pudo determinar cuáles eran las campañas beneficiadas para efectos del prorrateo”.
Frente a este escenario, Eduardo Huchim afirma que “en el dictamen presentado, una de las principales deficiencias de la Unidad de Fiscalización es la aplicación del artículo 177 del Reglamento de Fiscalización que tiene dos incisos que se refieren al prorrateo. Cuando hablo de prorrateo quiere decir la división de los gastos de campaña entre las tres campañas: la presidencial, la de diputados y la de senadores, siendo así, el inciso a) indica que de los gastos prorrateables por lo menos, y este por lo menos es muy importante por lo que viene después: por lo menos el 50% se dividirá igualitariamente entre las campañas beneficiadas, entre los tres tipos de campañas, la presidencial, la de diputados y la de senadores. Y el inciso b) dice que el 50% restante se hará de acuerdo con lo que los partidos decidan, lo cual para mí es un absurdo, de cuando acá el revisado, el fiscalizado es el que dice cómo se le fiscaliza y cómo se le revisa, cómo asigna los gastos; esta disposición ya está vigente en campañas anteriores y esto fue lo que algunos argumentaron en la sesión de consejo, pero el hecho de que se haya aplicado no significa que sea correcto sobre todo porque tiene vicios de inconstitucionalidad, no va de acuerdo este reglamento con lo que establece la Constitución”.
Sin embargo, “con base en este inciso b) del artículo 177, la coalición Compromiso por México decidió adjudicarle a la campaña presidencial el 1 por ciento y el 99 por ciento a las otras campañas, y es por lo que esta decisión fue un factor determinante para que los gastos de la campaña presidencial de Peña Nieto no rebasaran el tope de gastos de campaña, y también fue un factor determinante para que la campaña de López Obrador sí lo rebasara, según las cuentas de la Unidad de Fiscalización, porque los contadores de la coalición Movimiento Progresista pidieron una asignación de entre el 35 y el 45 por ciento para la campaña presidencial, y aquí está la diferencia, uno de los factores para que se diera este diferente resultado entre los gastos, la fiscalización, de la coalición Compromiso por México y la coalición Movimiento Progresista”.
“Ante esta situación, el Consejo General del IFE acuerda devolver a la Unidad de Fiscalización para que motive en general todos los criterios, particularmente, el de prorrateo, y también decide unir lo que se desunió y se presente otro dictamen conjunto, es decir, que sean dictaminadas la campaña presidencial, la campaña de diputados y la campaña de senadores en forma simultánea, entonces sí, ya se supera la falta de certeza, y se vuelva a presentar en julio de 2013 como lo dispone la ley.”
Problema de origen
En ese mismo tenor, el también periodista, analista político, escritor y consejero electoral por siete años en el Instituto Electoral del Distrito Federal, considera “que la mayoría de los consejeros salvaron la situación de la mejor manera posible porque, y aquí entramos a otro tema, hay un problema de origen: por una parte están los tiempos de la fiscalización, no es racional que una campaña que termina en julio de un año tenga resultados de fiscalización hasta un año después, hay una deficiencia de la ley, ahí tendría que reformarse lo necesario para que la revisión se hiciera en un plazo más corto y que los partidos rindieran informes parciales durante el proceso electoral, no hasta meses después de la elección”.
“Actualmente, cuando tienen que rendir sus informes es en octubre, todo eso hay que corregirlo, y no sólo eso, en la reforma electoral constitucional y legal de 2007-2008 se tomó lo que a mi juicio fue una mala decisión: eliminar la Comisión de Fiscalización, con el pretexto de que los consejeros no se confrontaran con los partidos políticos, les pareció adecuado suprimir esta comisión que era integrada por consejeros electorales y que le daba seguimiento al día a día del proceso fiscalizador; eso ya no existe, se depositó todo en un órgano técnico que ya no tuvo ni el acompañamiento ni la orientación de los consejeros electorales que antes formaban la Comisión de Fiscalización.”
“Al ocurrir esto, resulta que la Unidad de Fiscalización se volvió un órgano muy poderoso y sujeto a las presiones de los partidos políticos, de todos, pero ya sin, digamos, el blindaje que ofrecía, el arropamiento que ofrecía una Comisión de Fiscalización. En esas circunstancias, la mayoría de los consejeros salvaron la situación de la mejor manera posible, lo cual no evitó que de todos modos sufriera el IFE una erosión en su ya escasa credibilidad; pero habría sido peor que los consejeros aprobaran acríticamente un dictamen inverosímil como el que les presentó la Unidad de Fiscalización.”
Eduardo Huchim expresa su opinión sobre la posición asumida por el PRD en relación a que el consejero presidente Leonardo Valdés debe renunciar a su cargo: “el consejero presidente no ha desempeñando su cargo de manera satisfactoria, él fue quién propuso al titular de la Unidad de Fiscalización, Alfredo Cristalinas, que es el principal responsable del embrollo del que hablábamos; Leonardo Valdés ejerció su cargo con un déficit de liderazgo e incurrió en errores muy importantes que hacen insatisfactorio su ejercicio en el cargo de consejero presidente; él se irá de forma natural, porque su periodo termina en febrero 2014”.
“Lo que sería aconsejable en cuanto al nombramiento de los consejeros es nombrar ya al sucesor de Sergio García Ramírez, por una razón importante, que es el hecho de que, al renunciar un consejero, el Consejo General queda integrado por un número par, ocho, lo cual puede favorecer empates y empantanamientos de asuntos importantes como los que vimos durante el largo año en que el Congreso faltó impunemente a su deber de nombrar a los tres consejeros faltantes, lo cual hizo con más de un año de retraso. Entonces, el sustituto de García Ramírez debiera ser nombrado ya, la renovación parcial del Consejo General se dará en octubre cuando terminan su encargo tres consejeros y el consejero presidente lo termina en febrero del 2014, pero lo aconsejable sería que fueran nombrados de una vez; suponiendo que se nombre pronto al sustituto de García Ramírez, que se nombren en octubre los tres consejeros y el nuevo consejero presidente, aunque entre en funciones, si así se establece, hasta febrero, a fin de que se cumpla el periodo de Leonardo Valdés.”