En materia de telecomunicaciones los mexicanos merecen una reforma integral y constitucional tal y como lo han comprometido las principales fuerzas políticas en el Pacto por México,por lo que la propuesta presentada ayer  por Javier Lozano ,presidente del a Comisión de Comunicaciones y Transportes del Senado “no abre una guerra de iniciativas “dado que contiene la mínima parte de lo que deberá contener la gran transformación del marco legal del sector así lo comentó Purificación Carpinteyro integrante de la comisión antes mencionada.

La legisladora aseguró que desconoce el contenido de la reforma integral, pero que hasta donde tiene el conocimiento, será hasta la próxima semana.

Destacó que la aspiración es que contenga los puntos del 37 al 45 del Pacto por México y calificó de “visón miope” al os que tiene la creencia de que se limitará a establecer la licitación de dos “cadenas nacionales” de televisión abierta , lo que implica que ese tema si deberá ser parte de ese cambio.

Carpinteyro dijo que el contenido de la iniciativa de ley Lozano busca conservar el status quo del marco legal del sector.

Sin embargo, Gerardo Flores, secretario de la Comisión de Comunicaciones de la Cámara de Senadores, reiteró, al igual que diversos legisladores y representantes de empresas del sector, que existe un gran desconocimiento respecto del contenido de la iniciativa de reforma que, de la misma forma, nadie sabe cuándo será presentada.

Advirtió que se trata de un tema muy complejo y complicado y que será muy difícil que se discuta y apruebe en un tiempo corto, pues se tiene pensado que deberá ser una realidad antes del 30 de abril, fecha en que concluye el periodo ordinario de sesiones en el Congreso de la Unión.

Flores comentó que existen elementos de la reforma que no tienen sentido, como llevar a nivel constitucional la licitación de nuevas alternativas de televisión abierta, aunque destacó que tal versión es parte de las que se han difundido mediante la prensa.

Consideró que la licitación de nuevos canales de televisión es un acto que la SCT y la Cofetel pueden realizar mediante un acto administrativo y no legislativo.

Por otra parte Rolando Zubirán, presidente de Alestra, exteriorizó su confianza de que, aunque la empresa no haya sido invitada a opinar respecto de la reforma y desconozca el contenido, estarán incluidos los punto del 37 al 45 del Pacto por México, y que esos son los lineamientos generales que son del conocimiento de la sociedad, de la industria y de las fuerzas políticas del país.

No obstante, el empresario consideró que “la reforma a la Ley de Amparo es la puerta de entrada a la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones”.

Agregó que lo que se busca cambiar es el hecho de que “en la historia de nuestro mercado ha habido muchas empresas, jugadores que han hecho apuestas muy riesgosas; apuestas en base a situaciones de privilegio, a escenarios que están sesgados a favor de ciertos jugadores”, consideró el empresario.