La familia Granier, funcionarios y colaboradores que están bajo investigación por desfalco y enrique cimento ilícito utilizaron un mecanismo de contratación de deuda pública para obtener recursos en su beneficio; le pago excesivo de proveedores y empresas por servicios o bienes o la sustracción de cuotas sindicales, que nunca se hicieron.

Las autoridades locales, que encabeza el gobernador Arturo Núñez Jiménez, realizan un mapeo de las vías por medio de las cuales cometieron una serie de irregularidades que van desde la desaparición de mil 900 millones de recursos federales y más de 17 mil millones de deuda pública contratada con bancos.

Las pesquisas de la Procuraduría de Tabasco apuntan a que los exfuncionarios realizan operaciones financieras en varios estados, pero sobre todo en la ciudad de México, por lo cual la dependencia solicitó la cooperación homóloga del Distrito Federal.

“Tenemos una colaboración estrecha de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, por que muchas de las operaciones mercantiles y financieras se hacen desde la capital y dentro de la investigación tenemos indicios al respecto y sobre eso trabajamos”, comentó el procurador Fernando Valenzuela

Informó que en el caso también colabora la Comisión Bancaria y de Valores (CNBV), con la Secretaría de Hacienda, a través del Servicio de Administración Tributaria (SAT), y con la Procuraduría General de la República (PGR).