Espiral de sangre y violencia social sin límites
Mireille Roccatti
En las últimas semanas, en diferentes regiones del país se ha agudizado un interesante fenómeno sociopolítico con la integración de cuerpos de vigilancia policial organizados a partir de reuniones vecinales, ante el hartazgo por la ausencia de cuerpos policiales confiables o de la falta de seguridad por la complicidad de las policías locales con la delincuencia de sus localidades.
En principio, la intención concitó el apoyo de diferentes sectores sociales, por la aparente justeza de la organización de vecinos y comunidades, de procurarse vigilancia y protección frente a la delincuencia que asuela algunas regiones de Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, lugares en donde ha comenzado a extenderse esta sui generis organización policial comunitaria. Y en los últimos días, se han nucleado y organizado como confederación de grupos policiacos estatales, como en Guerrero.
Las experiencias recientes de permitir que la justicia quede en manos de las comunidades o de los vecinos han sido lamentables, en las que, sin mediar un procedimiento aplicado generalmente por los más sabios o viejos de las comunidades en términos de los usos y costumbres de los pueblos indígenas, se ha sustituido por la violencia vengativa de multitudes enardecidas y que al calor de reales o supuestos agravios han linchado o quemado a presuntos delincuentes, sin respetar los derechos humanos, ni las garantías legales de aplicación de la ley.
Los abusos y arbitrariedades de estas nuevas policías comunitarias no han dilatado en aflorar, y sin ninguna atribución legal detienen, privan de la libertad y juzgan a ciudadanos o vecinos que transitan en sus comunidades.
La constitución e integración de estas novedosas corporaciones policiacas de manera institucionalizada que quizás comenzó en Michoacán ha crecido, se ha extendido virulentamente y comienza a crecer de manera descontrolada como mancha de humedad, lo cual debiera preocupar y ocupar seriamente a los responsables de la seguridad pública. Y no es solamente por la indebida e ilegal atribución que están usurpando al tomar la aplicación de la ley por propia mano, sino que en los hechos están suplantando al Estado.
El reconocimiento constitucional a los usos y costumbres —que suele invocarse— tiene como limite el propio respeto a los derechos y garantías previstos en el mismo texto constitucional. Sería demasiado grave que la condescendencia que estamos testimoniando en algunos casos por el ánimo político de evitar conflictos sea en los hechos un reconocimiento tácito de un Estado fallido. El Estado no pude permitirse que su imperium sea suplantado. La función esencial de una organización del Estado es garantizar la vida, la libertad y el patrimonio de los ciudadanos y aplicar la ley para garantizar una convivencia social armónica.
El respeto a la formalidad legal, de suyo importante y vital, no es todo. Este fenómeno sociológico debe también examinarse desde otras vertientes. En este tipo de organizaciones que responde a lógicas de poder comunal, local o regional confluyen todo tipo de intereses económicos. En todo el mundo devienen en grupos paramilitares que actúan al margen de la ley y solamente responden a los intereses que propiciaron su conformación. Estas corporaciones se erigen en poderes paralelos y terminan actuando de manera violenta e irracional quebrantando el Estado de derecho.
Asimismo, la experiencia enseña que una vez finiquitada o liquidada la causa de origen para su surgimiento, estos grupos paramilitares, lejos de desintegrarse, se fortalecen para defender sus intereses, defender las parcelas de poder generadas o actúan en calidad de mercenarios, y terminan por detonar una espiral de sangre y violencia social sin límites.
Es muy delicado que se soslaye y minimice su existencia o peor aún que se busquen mecanismos legitimadores para institucionalizarlas en aras de evitar supuestos conflictos sociales, además de evidenciar una ceguera política inadmisible de no percibir que algunas, y no pocas, de estas corporaciones están siendo organizadas y controladas por las propias organizaciones delincuenciales. Lo que está en juego es la plena vigencia del Estado de derecho.