Entrevista a Ramón García Gibson/Director de García Gibson Consultores
Antonio Cerda Ardura
Ya sean el exlíder libio Muammar Gadafi, el terrorista Osama Bin Laden, o un destacado barón del narcotráfico, la historia siempre pone a cada quien en su sitio, y los más soberbios, crecidos y todopoderosos, al final, se derrumban.
Ahora le tocó morder el polvo a la poderosísima Elba Esther Gordillo, lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), quien el martes pasado fue detenida en el aeropuerto de Toluca y recluida en el penal de Santa Martha Acatitla, por acusaciones de lavado de dinero y crimen organizado.
El juez Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales, Alejandro Caballero, dijo que a Gordillo y a dos de sus cómplices, Isaías Gallardo Chávez y José Manuel Díaz Torres, se les imputaron cargos por la violación a la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La mujer, quizá la más controvertida, temida y hasta odiada dentro de los círculos políticos mexicanos, se hizo, sin permiso, de 2 mil 600 millones de pesos de las cuotas sindicales de los maestros y, por medio de sus intermediarios, trianguló ese dinero para el pago de créditos personales en lujosos almacenes del extranjero, mantenimiento de un avión, compra de bienes inmuebles y el pago de cirugías estéticas y reconstructivas como para armar un Frankenstein.
Apenas el 6 de febrero, en el marco de la ceremonia por el 36 aniversario de la sección 36 del SNTE, sin especificar contra quién iba, Elba Esther había sentenciado que “ni amenazas ni nadie me va a intimidar”, y que en su tumba llevaría el epitafio de “aquí yace una guerrera, y como guerrera murió”. No obstante, eso no fue suficiente para que la Procuraduría General de la República (PGR) dejara de investigar la ruta del dinero que salía del SNTE hacia cuentas bancarias de la mujer en Suiza y Lichtenstein.
Mientras avanza el proceso en contra de la dirigente magisterial, que está siendo atendida con puntualidad de diversos padecimientos, entre ellos insuficiencia renal e hipertensión arterial, los mandatarios aglutinados en la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), incluido el jefe del gobierno de la ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, han expresado su apoyo al presidente, Enrique Peña Nieto, en la preservación del Estado de derecho.
En entrevista con Siempre!, el doctor en derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, Ramón García Gibson, fundador y director general de García Gibson Consultores, S. C., firma especializada en temas legales; de cumplimiento regulatorio; prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, y litigio constitucional, dice que el proceso que se ha abierto en contra de Elba Esther Gordillo está totalmente apegado a derecho.
Indica el también miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y autor del libro: Prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, publicado por el Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), que por la probable comisión de delitos graves, como los que le imputa la PGR, la maestra no alcanza fianza y tendrá que enfrentar el juicio desde su celda.
Proceso con garantías
Hay quienes sospechan que la detención de Elba Esther Gordillo conlleva tintes políticos. ¿Ve apegado el caso a derecho?
Considero que, efectivamente, dicho caso se encuentra apegado a derecho, ya que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), creada mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 7 de mayo de 2004, es la institución encargada, entre otras funciones, de analizar los reportes que emiten las instituciones financieras, de conformidad con las disposiciones de carácter general emitidas por la propia SHCP. Dichos reportes pueden ser, principalmente, con tres características: inusuales, relevantes y preocupantes.
El Código Penal Federal en su artículo 400 Bis prevé que, cito textualmente: “En caso de conductas previstas en este artículo, en las que se utilicen servicios de instituciones que integran el sistema financiero, para proceder penalmente se requerirá la denuncia previa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
“Cuando dicha Secretaría, en ejercicio de sus facultades de fiscalización, encuentre elementos que permitan presumir la comisión de los delitos referidos en el párrafo anterior, deberá ejercer respecto de los mismos las facultades de comprobación que le confieren las leyes y, en su caso, denunciar hechos que probablemente puedan constituir dicho ilícito.
“Para efectos de este artículo, se entiende que son producto de una actividad ilícita, los recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, cuando existan indicios fundados o certeza de que provienen directa o indirectamente, o representan las ganancias derivadas de la comisión de algún delito y no pueda acreditarse su legitima procedencia.”
En esos casos la PGR analiza la información y, si considera la existencia de elementos suficientes para acreditar el delito, inicia el procedimiento penal respectivo. Por lo anterior, considero que la etapa actual del proceso penal seguido en contra de la maestra Gordillo se encuentra apegado a las garantías del debido proceso.
Ahora bien, con independencia de los tintes políticos que el propio caso pueda inferir, lo cierto es que sí se acreditó la probable responsabilidad de la líder sindical del SNTE y es obligación de las autoridades gubernamentales actuar conforme a derecho e iniciar los procedimientos penales correspondientes.
¿Cómo se posiciona el Poder Judicial con esta detención, después de los fiascos del régimen anterior? ¿Desde su punto de vista como consultor, cómo ve la posición del presidente?
Por lo que respecta al Poder Judicial de la Federación, como poder ajeno al Ejecutivo federal, deberá de conducirse con absoluto respeto a los derechos humanos, observando en todo momento las garantías del debido proceso y evitando, a toda costa, la injerencia de las opiniones políticas que el propio caso genere. Sin duda alguna el proceso penal será relativamente largo, en el entendido de que se agotarán todos los medios de defensa, incluyendo el juicio de amparo, por lo que el Poder Judicial de la Federación tendrá que realizar la función elemental de ser el garante de juzgar los cargos que la PGR impugna a la maestra Elba Esther Gordillo.
En cuanto a la postura del titular del Ejecutivo federal respecto a este caso, en estricto acatamiento al Estado de derecho, considero que tal y como él lo ha manifestado debe garantizar el absoluto respeto a la ley e iniciar los procedimientos penales respectivos en contra de los ciudadanos que la incumplan. Recordemos que la principal obligación de todo gobierno, es brindar seguridad jurídica a sus ciudadanos, garantizando que se cumplan las normas.
Delitos graves
A Elba Esther Gordillo Morales se le imputan, de entrada, los cargos de lavado de dinero y crimen organizado. ¿Qué tan graves son? ¿Alcanza fianza?
De conformidad a lo señalado en el Código Federal de Procedimientos Penales, los delitos por los que se le imputa la probable responsabilidad a la maestra Elba Esther Gordillo son considerados por la ley como “graves”, por lo que no tiene derecho a solicitar su libertad bajo caución, por mandato expreso de la propia ley. Eso implica que deberá de permanecer en prisión el tiempo que dure el proceso penal.
¿Cómo debe desarrollarse el proceso para que la opinión pública, la fiscalía acusadora y la acusada estén conformes?
Sin duda alguna, para este proceso penal, como para todos los demás, debe existir la certeza de que se van a respetar, en cada una de sus etapas, las garantías establecidas en la propia Constitución federal. De igual forma, y considerando que la maestra Gordillo es una figura pública, la autoridad debe de ser clara y transparente e informar eventualmente a la ciudadanía el estado del proceso judicial, con estricto apego a la ley. Pero recordemos que el contenido de toda averiguación previa es de carácter reservado, por lo que las personas ajenas al proceso no tienen acceso al contenido del expediente. De esta forma, la autoridad deberá de garantizar también la privacidad de los autos de la averiguación previa y no dar a conocer las particularidades de la misma.
¿Ve usted algunas fisuras en la documentación y presentación del caso?
No conozco el expediente. No obstante, considero que la PGR ha ponderado los alcances jurídicos de su actuación. De igual forma, cabe señalar que el juez federal consideró que la PGR acreditó fehacientemente la existencia de elementos suficientes que presuman la probable responsabilidad de la maestra Gordillo, librando orden de aprehensión en su contra, por lo que ahora corresponde al Ministerio Público Federal acreditar la plena responsabilidad de la líder sindical para que el juez federal emita el auto de formal prisión.