Más monopolios y menos Estado

(Quinta de siete partes)

Debido al desmantelamiento del Estado-nación a partir de la década de los 80, que se instrumentó en México, surgió el fenómeno del Estado padrastro que se caracterizó por la renuncia de su esencia rectora para dirigir democráticamente al conjunto social y autoconvertirse en un simple aparato burocrático secundario de poder que limitó sustantivamente la misión de sus poderes republicanos. De esta manera, el Estado-nación claudicó del ejercicio de sus funciones de autonomía, soberanía, democracia, nacionalismo y protección de los intereses mayoritarios de la población, para dedicarse prioritariamente a abogar por las necesidades de la lógica del mercantilismo y la acumulación sin límite.

Algunos ejemplos históricos que ilustran el grado de consolidación que alcanzó el Estado padrastro comunicativo en México al provocar la rendición, el debilitamiento y la desnaturalización de la rectoría y soberanía de los poderes del Estado mexicano ante los poderes fácticos comunicativos, a principios del milenio, especialmente en el sexenio del presidente Vicente Fox, entre otros, fueron los siguientes: en relación al Poder Ejecutivo, frente a la toma ilegítima y violenta del Canal 40 en diciembre del 2002 que obligaba constitucionalmente al gobierno federal a intervenir para aplicar la ley vigente y restaurar el sistema de derecho en el campo de la vías generales de comunicación, especialmente electrónicas, el presidente de la Republica Vicente Fox Quezada, expresó su célebre posición “¡Y yo por qué debo intervenir!”.

En relación al Poder Legislativo, en la Cámara de Diputados, después de haberse aprobado la Ley Televisa el coordinador de la fracción parlamentaria del PRD, el diputado Pablo Gómez, reconoció públicamente su nivel de irresponsabilidad como legislador cuando declaró: “No había leído la Ley Televisa en el momento en que llegó al Congreso y voto aprobándola sin haberla conocido”.

En el Senado de la República los coordinadores parlamentarios del PAN y del PRI declararon en pleno proceso electoral federal del 2006 que “sus partidos no podían ganar las elecciones sin el apoyo de Televisa y Televisión Azteca, pues eran las principales empresas que generaban la opinión pública colectiva. Por lo tanto, a petición de la Cámara de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) dichas bancadas partidarias aprobarían la Ley Televisa en el Senado de la República “sin cambiarle una sola coma”, para contar con el apoyo propagandístico eficiente de ambas empresas de comunicación y poder publicitar a sus diversos candidatos a la Presidencia y al Congreso, y con ello, tener éxito en las contiendas electorales”.

El único poder republicano que se ha salvado un poco de ese comportamiento padrastro en el campo de la comunicación social ha sido el Poder Judicial de la Federación a través de las posiciones adoptadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ha defendido con mayor fuerza la aplicación de los principios constitucionales de democracia y justicia en el ámbito de la cultura y la comunicación del país.

Dicho retroceso histórico generado por el Estado padrastro comunicativo fue maquillado por la aplicación de la mentalidad tecnocrática del “avance hacia la modernidad comunicativa” a través de las ideologías de la “convergencia tecnológica”, la “digitalización de los medios” y el “ofrecimiento de mayores servicios del entretenimiento virtual” en el país, el “progreso moderno” de la nación.

Así, bajo la coartada tecnologizante que creó la mentalidad de que si no se aceptaba la “avanzada” propuesta jurídica de la Ley Televisa, el país entraría en un enorme retroceso tecnológico, pues no se permitiría la convergencia digital y eso conllevaría un retraso en nuestra modernidad tecnológica de punta; el Estado padrastro violó la Constitución y aprobó diversas cláusulas que fomentaban la desigualdad, propiciaban la discrecionalidad, evitaban la competencia, marginaban la comunicación de servicio público y generaban mayor concentración.

Así, por ejemplo, mediante dicha normatividad el Estado Padrastro aceptó que el espacio radioeléctrico debía privatizarse para permitir que se realizaran negocios más jugosos, y por lo tanto, acumular más capital.

En consecuencia, la consigna fue apropiarse del espacio radioeléctrico para hacer negocios. Oponerse a ello sería entonces no ser “moderno”, “vanguardista”, “avanzado”, “competitivo”, “progresista” y “actualizado”.

Desde el punto de vista del mercado, ser moderno sería crear las condiciones para hacer más dinero sin restricciones; y no transformar la conciencia de los individuos para hacer avanzar a la sociedad hacia etapas superiores del desarrollo de la esencia de la especie humana.

De esta forma, con la anuencia del Estado Padrastro el Estado-nación mexicano y sus órganos de gobierno, progresivamente fueron reconfigurados o hasta substituidos por el poder mediático y sus intereses oligopólicos, expropiándole a éste su carácter de rector central que tutela las garantías básicas de las mayorías sociales y lo reubicaron como una simple instancia administrativa o gerencial de los intereses del gran poder de las industrias culturales monopólicas, especialmente electrónicas. Con ello, gradualmente quedaron situados los cimientos para el debilitamiento progresivo de la rectoría del Estado-nación en el espacio público comunicativo hasta llegar a consolidar la fórmula salvaje del Estado cero, donde la dinámica y los proyectos sociales ya no se decidieron desde la lógica planificadora del Estado-nación para resolver las necesidades comunicativas prioritarias de existencia de las comunidades, sino por los intereses individuales de las leyes de la mano invisible del mercado de las grandes empresas de la comunicación comercial. De esta forma, se creó cada vez más, la estructura del Estado cero administrado por el Estado Padrastro.

Con la consolidación de la fase del Estado cero en el terreno comunicativo y cultural a través del respaldo de la clase política y de la aprobación de la Ley Televisa, a principios del siglo XXI en el país, nos convertimos progresivamente en una sociedad comunicativa más salvaje, pues contamos con más condiciones para la consolidación del mercado comunicativo desregulado sin control y menos Estado rector del proceso de la comunicación nacional.

En este sentido, el Estado Padrastro permitió que el ejercicio del poder ya no radicara fundamentalmente en el Estado-nación, en sus órganos de gobierno y en los partidos políticos; sino facilitó las circunstancias para que la fuerza colectiva de conducción comunicativa de la sociedad se ejerciera desde la concentración de los poderes mediáticos privados, especialmente de su poder ideológico, y no desde la fuerza planificadora del Estado republicano.

Mediante la renuncia de sus funciones rectoras como Estado-nación, el Estado padrastro concedió que “lo público” y la “esfera pública” ya no fueran dirigidas desde el Estado República que defiende lo colectivo, sino que fuera dirigida desde la lógica salvaje particular de los monopolios comerciales privados de la información, que preservan la dinámica del mercado desregulado sin frenos y contrapesos.

En síntesis, el surgimiento del Estado padrastro comunicativo con la privatización y monopolización creciente del espacio radioeléctrico, que es un bien público y estratégico de la nación, para el crecimiento y bienestar de toda la sociedad y no sólo para el aprovechamiento de un sector económico y políticamente privilegiado para acumular más poder económico y político en el país, significó la derrota de la soberanía del Estado-nación mexicano. Fue la substitución de la esencia, la fuerza y el espíritu del Estado-nación construido durante los últimos doscientos años con la enorme lucha sangrienta de la sociedad mexicana, por el oportunismo coyuntural del Estado padrastro que lo único que buscó fue conservar las condiciones privilegiadas para la realización del proyecto de desarrollo desigual con su correspondiente prototipo de comunicación desigual: el modelo de comunicación para los jodidos.

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