En una audiencia en la CIDH, la subsecretaria de asuntos jurídicos y derechos humanos de la Secretaría de Gobernación, Lía Limón, se comprometió a que la “gran prioridad” de la Administración de Enrique Peña Nieto sea “trabajar para que los derechos humanos sean una realidad en México”.

Para este fin, Limón anunció que el Gobierno diseñará, con la participación de la sociedad civil, el programa nacional de derechos humanos 2013-2018, e indicó que el Ejecutivo ya ha mantenido encuentros con las organizaciones para “sumar ideas” y elaborar un programa en el que se tenga en cuenta la visión de la ciudadanía.

“Tenemos tres ejes fundamentales para afrontar la defensa de los derechos humanos: el desarrollo de políticas públicas, el fortalecimiento de las instituciones de gobierno, y la armonización legislativa para ser congruentes con la Constitución y con los planteamientos de las instituciones internacionales”, señaló Limón.

Además, la subsecretaria para derechos humanos destacó de forma especial la “urgencia” de atender el problema de las desapariciones en el país, por lo que reveló la intención del Gobierno de lanzar “un programa de búsqueda y localización de personas desaparecidas”.

“También adoptaremos un nuevo protocolo para la identificación forense y estamos impulsando la creación de una base de datos de personas desaparecidas”, añadió Limón.

La audiencia de hoy ante la CIDH fue la primera del Gobierno mexicano desde que Peña Nieto tomó posesión, por lo que fueron los propios funcionarios gubernamentales quienes la solicitaron para poder, así, exponer ante los comisionados sus planes y estrategias encaminados a abordar la protección de los derechos humanos.

“El presidente Peña Nieto ha reconocido que existen desafíos urgentes para recuperar la paz”, recordó Limón, quien situó el programa nacional para la prevención de la delincuencia y la violencia como una de las “estrategias fundamentales” de la Administración.

“La violencia se combate atendiendo las causas económicas y sociales que la generan. Por ello, la prevención resulta fundamental”, indicó, para añadir luego que el programa del Gobierno beneficiará “a más de 7,4 millones de mexicanos en situación de pobreza”.

“También hemos hecho una prioridad de la lucha contra la tortura. Con la tortura, tolerancia cero”, sentenció la funcionaria mexicana, quien recordó el compromiso de dar cumplimiento a las recomendaciones del comité contra la tortura de las Naciones Unidas.

Sobre el fortalecimiento de las instituciones de Gobierno, el Ejecutivo de Peña Nieto apuntó en Washington a la reestructuración del instituto nacional de migración, la necesidad de incrementar la capacidad de actuación de la policía nacional y el fortalecimiento del equipamiento y formación de los profesionales de seguridad.

Finalmente, Limón insistió en la voluntad de armonizar las leyes mexicanas para que sean “congruentes” con la Constitución y con los planteamientos de las instituciones internacionales, lo que les valió la aprobación por parte de los comisionados de la CIDH.

“Queremos cambios en la ley para apuntalar la defensa de los derechos humanos y tenemos el pleno compromiso de crear el marco normativo que regule el uso legítimo de la fuerza y lo adapte a los estándares internacionales”, concluyó Limón.