Se facilitan esquemas entreguistas
Gobierno o individuo que entrega los recursos naturales
a empresas extranjeras, traiciona a la patria.
Lázaro Cárdenas
José Alfonso Suárez del Real y Aguilera
Hace 75 años, México brindó una histórica lección al mundo al defender nuestra soberanía ante la rebeldía de las poderosas empresas petroleras por la negativa de la Suprema Corte de Justicia a sus reclamos ante la decisión favorable de la Junta de Conciliación y Arbitraje a las legítimas demandas de los trabajadores petroleros en contra de la explotación sistemática de sus patronos extranjeros.
El clímax de la insolencia de los representantes de las llamadas Siete Hermanas se registró ante el propio presidente Lázaro Cárdenas —quien intermedió entre los trabajadores y los empresarios—, el cual recibió el desprecio de los extranjeros en una de las últimas sesiones conciliatorias.
La condenable vejación a la figura presidencial tensó la situación y sustentó la determinación mexicana de recuperar la soberanía energética de la patria, determinando expropiar los campos petroleros a favor del pueblo mexicano.
Cerca de las 10 de la noche del 18 de marzo de 1938, el presidente Cárdenas pedía en un mensaje radiofónico a la nación, “respaldo moral y material suficiente para llevar a cabo una resolución tan justificada, tan trascendente y tan indispensable”, como, sin género de dudas, sigue siendo el acto soberano de expropiación que ejerció con gallardía.
La decisión presidencial provocó el decidido apoyo de los mexicanos —como lo testimonian las fotografías de la histórica concentración del miércoles 23 de marzo—, dando muestras de solidaridad nacional y generosidad social patentizadas en las más disímbolas donaciones ofrecidas al gobierno en apoyo al pago del acto expropiatorio.
A pesar de las décadas transcurridas, la animosidad extranjera por recuperar la riqueza petrolera de los mexicanos no ha menguado un ápice, y ante cualquier oportunidad los herederos de las Siete Hermanas despliegan sus estratagemas neoliberales para despojarnos de nuestra riqueza, con el concurso de los apátridas que obedecen sus dictados.
Por ello solivianta que los herederos del partido —que surgió del proceso expropiatorio y de la consecuente defensa de nuestra soberanía energética—, amén de dilapidar los recursos generados por la riqueza nacional recuperada por el general Cárdenas en 1938, sistemáticamente faciliten esquemas entreguistas que pavimentan el inmoral retroceso histórico y la restauración que significan la cesión soberana de Pemex, a favor de los inocultables principios neoliberales que en materia petrolera se perciben en el Pacto por México.
A la par, en las recientes reformas estatutarias del PRI se determina “diseñar mecanismos para generar una mayor participación del sector privado en la generación de energía”, y se eliminó del texto rector del tricolor la referencia explícita a defender “la rectoría del Estado (…) conforme a los Artículos 25, 27 y 28” de la Constitución, decisión que perfila una solapada privatización de Pemex.
Por ello, nunca como ahora es necesario rescatar la sentencia cardenista que sin cortapisa tilda de traidores a la patria a cualquier “gobierno o individuo que entrega los recursos naturales a empresas extranjeras”.
Pretender superar esta advertencia bajo los fuegos fatuos de reformas estructurales y acceso a la supuesta modernidad global, no hace más que restaurar los ímpetus coloniales de la Doctrina Monroe.