Tras analizar en todas y cada una de sus partes el engrose de la sentencia emitida por la Segunda Sala de la Corte con que revocó el veredicto emitido a favor del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), el 13 de septiembre del 2012, por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, resulta perturbador inferir el grado de descomposición moral a que han llegado, salvo sus honrosas excepciones, los ministros de la Corte.
El mejor juez para determinar el pésimo manejo de la política energética y la injusticia cometida en contra de los trabajadores del SME, ha sido el propio tiempo.
Los miembros del SME no se liquidarán hasta que en nuestro país se respete su derecho al trabajo y a una vida digna para sus familias.
El país se pregunta si por su alta investidura un ministro puede violar las leyes sin recibir amonestación o castigo alguno.
Si a criterio de la Corte ya no está Luz y Fuerza del Centro como patrón, nosotros en nuestro sano juicio y en nuestro más estricto derecho no vamos a renunciar.
El fallo emitido por la Corte negando la protección de la justicia al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), no únicamente lesiona y pisotea los derechos laborales y humanos de los trabajadores electricistas, sino que se constituye en un agravio a todos los mexicanos que tienen plena conciencia de que para obtener un veredicto a su favor, deben presentarse ante los ministros con una nacionalidad extranjera.
Los derechos laborales de los trabajadores del SME [fueron] pisoteados de manera inobjetable por el gobierno de Calderón.
Dista mucho de ser un “líder mundial” que pueda enseñar algo de provecho a los estudiantes de Harvard.
Los llamados Productores Independientes de Energía tuvieron la puerta abierta para hacer rentables y seguras inversiones.
Esperemos que la contundencia de las cifras y el sentido común hablen por sí solas.
Los ministros tienen en sus manos el resolver un conflicto que lleva más de tres años.
Ojalá que en tan difícil trance, la izquierda no se sume dócilmente a ser comparsa de tan artero golpe a la educación en México.
La agresión del capitalismo y su modelo neoliberal en contra de los derechos de los trabajadores y el aniquilamiento de su nivel de vida no es exclusivo de México.
Calderón decidió postergar el cumplimiento de su obligación, que como representante del Poder Ejecutivo le imponían las leyes y la Constitución, “chicaneando” el caso.
La banda presidencial que recibió Enrique Peña Nieto de manos de Felipe Calderón está confeccionada con una serie de enredos y bombas de tiempo que le hereda su antecesor; no sólo tocan a la puerta del nuevo huésped de Los Pinos agudos temas como el de la avasallante inseguridad, también subsisten otros pendientes que no fueron resueltos en su momento como es el asunto del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).
El artículo 17 de la Constitución dispone cómo se debe impartir la justicia en nuestro país: “Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial”. Postulado que no deja el menor resquicio a dudas o interpretaciones leguleyas, pero que en la práctica resulta una más de las inalcanzables utopías a las que se enfrenta una nación entera.
Una sociedad agraviada tiene mucho que reprochar a sus inservibles políticos; se han vuelto sirvientes de lujo de la clase empresarial.
Nadie en su sano juicio puede aceptar que se imponga por parte del Poder Legislativo un retroceso histórico de tan aterradoras dimensiones.
La reforma laboral es un claro retroceso a los derechos ya adquiridos por la clase trabajadora.
En ningún artículo de nuestra Carta Magna se establece que el Ejecutivo pueda alterar o pisotear la ley a su antojo o libre albedrío.