Apenas instalado en el poder, en el año 2000, el llamado gobierno de la transición de Vicente Fox mostró que, en el aspecto económico, su administración no sólo seguiría sino acrecentaría la aplicación del modelo neoliberal, sujetando el desarrollo nacional a los vaivenes de la economía estadounidense y las desventajosas condiciones que enfrentaban los sectores industrial y agrícola a raíz del Tratado de Libre Comercio (TLC).
No conforme con dejar al país una deuda pública de más de 82 mil millones de dólares, José López Portillo cometió otro error garrafal al final de su sexenio (1976-1982) al designar como su sucesor a Miguel de la Madrid, el tecnócrata que arrojó el truncado proyecto económico de nación a los fauces del neoliberalismo.
Bastaron dos décadas para que la deuda pública del país se disparara de 900 millones de dólares, en 1960, a cerca de 82 mil millones de pesos en 1982. Del llamado desarrollo estabilizador de los años sesenta en que el país creció a un ritmo sostenido del 6 por ciento anual, se pasó en la década de los setenta al gobierno populista de Luis Echeverría y más tarde al sexenio de la desatada corrupción y derroches de José López Portillo, cuando se aseguró que los mexicanos debíamos prepararnos para “administrar la abundancia”, por el descubrimiento de ricos yacimientos petroleros, en la época en que los precios del petróleo se dispararon en los mercados mundiales.
La construcción de las vías férreas se realizó con financiamiento, recursos y esfuerzo de la propia nación.
Desde hace dos siglos, México arrastra el pago de los intereses de su deuda como un eterno lastre que ha crecido geométricamente hasta transformarse simbólicamente en las modernas cadenas de un colonialismo que han acosado al país desde su independencia y a todo lo largo de su historia.
La historia demuestra que han sido, son y serán los trabajadores quienes llevan a sus espaldas la pesada carga de la deuda pública.
Los pasivos laborales no son deuda ni responsabilidad de los trabajadores, sino obligaciones no saldadas del gobierno.
Una lucha que se libra desde hace varios años por la defensa de sus tierras y su ancestral modo de vida.
Llevado a la palestra del escenario nacional, el tema de los salarios mínimos representa uno de los puntos neurálgicos que el neoliberalismo siempre trata con pinzas y del que seguramente, llegado el algo momento de las explicaciones, buscará evadir huyendo por la puerta trasera.
Lujos, placeres y extravagancias sibaritas que los defensores panistas “del desarrollo del país en el Congreso”, se han venido dando.
Diputados del PRI, PAN, Verde Ecologista y Panal se han manifestado a favor de convertir en deuda pública los 2,1 billones de pesos.
Legisladores del PRI y PAN se aprestan a cercenar de raíz la inoperante autonomía del Instituto Federal de Telecomunicaciones.
Viciado procedimiento legislativo que, por mayoriteo, busca imponer toda una serie de modificaciones que brinden seguridad jurídica, en todos los sentidos, a los intereses de las multinacionales.
Dentro de los beneficiados estaba el entonces secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, también protector del hoy detenido Amado Yáñez.
Como parte de la jornada de lucha del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), por recobrar la hidroeléctrica de Necaxa, el pasado 17 de mayo se colocó en la explanada del municipio de Juan Galindo, la placa conmemorativa a los cien años de existencia de la histórica planta, que a la llegada de la CFE, tras el golpe a Luz y Fuerza el 11 de octubre del 2009
Propuesta para terminar con el conflicto laboral y social provocado hace cuatro años y medio.
El retrato hablado de lo que se prometió sería una reforma a favor de la sociedad y sus libertades democráticas, acotando el desmedido poder adquirido en décadas por los monopolios de las telecomunicaciones en el país, se transfiguró en la fase de parto de las leyes secundarias en una amenazante mutación con injertos nazistas,tendiente a conculcar no sólo el derecho a la libre expresión y la privacidad de millones de mexicanos, a través de la regulación y censura de los contenidos de Internet, dotando al gobierno, por añadidura, de facultades para la cancelación de cualquier medio que emita informaciones que a su juicio no deban ser difundidas.
¿Cómo podrán explicar los serviles legisladores que el petróleo seguirá siendo de los mexicanos?
Al cumplirse los plazos anuncia para que millones de mexicanos causen alta en el nuevo sistema de recaudación contemplado en la reforma fiscal, la guillotina del Sistema de Adminstración Tributaria pende amenazante sobre sus cuellos, a causa de que la depredadora e intimidatoria medida no contempló el mínimo sentido social hacia sectores que como los campesinos, ahora en forma por demás increíble, deberán emitir “facturas electrónicas” para vender sus magras cosechas.
La reforma educativa tampoco emergió de un consenso ni una consulta social.