Evaluación académica, maestros al desempleo
Los lineamientos contemplados en el nuevo proyecto supeditan el pago de las compensaciones extras a la disponibilidad de recursos.
Los lineamientos contemplados en el nuevo proyecto supeditan el pago de las compensaciones extras a la disponibilidad de recursos.
Tras los acuerdos pactados por las 250 organizaciones que participaron en la Caravana Nacional por la Defensa del Agua, el Territorio, el Trabajo y la Vida, la movilización social no quedará más en el terreno de las declaraciones y las denuncias públicas; ahora, pasará a una articulación social donde ni una sola lucha de los indígenas, campesinos o trabajadores quedará aislada.
A escasos días de las elecciones, el gobierno federal envió un mensaje totalmente equivocado, que se puede vandalizar, quemar, destruir, bloquear, desalojar… y no pasa nada. Al contrario, porque estas acciones las llevó a cabo la CNTE justo después de que se suspendiera de forma indefinida la evaluación magisterial.
A casi dos años de iniciada la lucha de la tribu Yaqui, de Sonora, por la defensa de su territorio, su agua y recursos naturales, cientos de organizaciones sociales de todo el país se unen a su reclamo de justicia haciendo causa común ante la intención oficial por privatizar el vital líquido concesionando su manejo a empresas privadas como lo contempla la Ley General de Agua que ya se encuentra en la lista de infamias próximas a cometerse en el Congreso de la Unión
Teniendo a las juntas de su parte, los convenios leoninos para adelgazar la burocracia serán mero trámite.
A casi un siglo de su promulgación, nuestra fracturada Carta Magna ha permitido a los gobiernos neoliberales blindarse con una coraza de impunidad que les confiere el poder para desoír lo mismo el clamor de justicia del pueblo de México como las observaciones de los organismos internacionales, en la violación sistemática a los derechos humanos.
Más que inconcebible parecería imposible que en México pudieran darse, en pleno siglo XXI, condiciones de esclavitud laboral. En los libros de texto nos dicen que la misma fue abolida por el cura Miguel Hidalgo meses después de la consumación de la Independencia, el 6 de diciembre 1810. Sólo que en esta esfera de inhumana explotación, la lacerante realidad echa por tierra tanto a la historia como a las demagógicas políticas sociales que lejos de proteger los derechos humanos y laborales de miles de mexicanos, permiten a empresas privadas inferir los más incalificables abusos en su contra, en nuestro propio territorio. Y no pasa nada, en buena medida por los estropicios causados a nuestra Constitución por gobernantes y legisladores apátridas.
México en pos de una nueva Constitución/I Martín Esparza Flores Trastocada en su sentido social por los cientos de cambios realizados a su articulado por los gobiernos neoliberales a lo largo de tres décadas, la Constitución de 1917 llegó el pasado 5 de febrero a sus 98 años, urgida de una cirugía mayor que salve Seguir Leyendo
Como resultante de la falta de autonomía en los órganos de impartición de justicia en México que se han convertido en abiertos defensores de la clase empresarial y los políticos en turno, al alentar la impunidad y pulverizar los derechos humanos, los integrantes del Comité contra la Desaparición Forzada, dependiente de la ONU, lanzaron en Ginebra, su lapidaria opinión al informe rendido por el Estado mexicano, sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, calificándolo de insustancial al no aclarar un sinfín de dudas en torno a los hechos suscitados en Iguala, el 26 de septiembre del pasado año.
En los últimos años el desprestigio del máximo órgano de justicia del país ha ido en aumento.
Apenas instalado en el poder, en el año 2000, el llamado gobierno de la transición de Vicente Fox mostró que, en el aspecto económico, su administración no sólo seguiría sino acrecentaría la aplicación del modelo neoliberal, sujetando el desarrollo nacional a los vaivenes de la economía estadounidense y las desventajosas condiciones que enfrentaban los sectores industrial y agrícola a raíz del Tratado de Libre Comercio (TLC).
No conforme con dejar al país una deuda pública de más de 82 mil millones de dólares, José López Portillo cometió otro error garrafal al final de su sexenio (1976-1982) al designar como su sucesor a Miguel de la Madrid, el tecnócrata que arrojó el truncado proyecto económico de nación a los fauces del neoliberalismo.
Bastaron dos décadas para que la deuda pública del país se disparara de 900 millones de dólares, en 1960, a cerca de 82 mil millones de pesos en 1982. Del llamado desarrollo estabilizador de los años sesenta en que el país creció a un ritmo sostenido del 6 por ciento anual, se pasó en la década de los setenta al gobierno populista de Luis Echeverría y más tarde al sexenio de la desatada corrupción y derroches de José López Portillo, cuando se aseguró que los mexicanos debíamos prepararnos para “administrar la abundancia”, por el descubrimiento de ricos yacimientos petroleros, en la época en que los precios del petróleo se dispararon en los mercados mundiales.
La construcción de las vías férreas se realizó con financiamiento, recursos y esfuerzo de la propia nación.
Desde hace dos siglos, México arrastra el pago de los intereses de su deuda como un eterno lastre que ha crecido geométricamente hasta transformarse simbólicamente en las modernas cadenas de un colonialismo que han acosado al país desde su independencia y a todo lo largo de su historia.
La historia demuestra que han sido, son y serán los trabajadores quienes llevan a sus espaldas la pesada carga de la deuda pública.
Los pasivos laborales no son deuda ni responsabilidad de los trabajadores, sino obligaciones no saldadas del gobierno.
Una lucha que se libra desde hace varios años por la defensa de sus tierras y su ancestral modo de vida.
Llevado a la palestra del escenario nacional, el tema de los salarios mínimos representa uno de los puntos neurálgicos que el neoliberalismo siempre trata con pinzas y del que seguramente, llegado el algo momento de las explicaciones, buscará evadir huyendo por la puerta trasera.
Lujos, placeres y extravagancias sibaritas que los defensores panistas “del desarrollo del país en el Congreso”, se han venido dando.