Pasivos laborales, corrupción acumulada
Diputados del PRI, PAN, Verde Ecologista y Panal se han manifestado a favor de convertir en deuda pública los 2,1 billones de pesos.
Diputados del PRI, PAN, Verde Ecologista y Panal se han manifestado a favor de convertir en deuda pública los 2,1 billones de pesos.
Legisladores del PRI y PAN se aprestan a cercenar de raíz la inoperante autonomía del Instituto Federal de Telecomunicaciones.
Viciado procedimiento legislativo que, por mayoriteo, busca imponer toda una serie de modificaciones que brinden seguridad jurídica, en todos los sentidos, a los intereses de las multinacionales.
Dentro de los beneficiados estaba el entonces secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, también protector del hoy detenido Amado Yáñez.
Como parte de la jornada de lucha del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), por recobrar la hidroeléctrica de Necaxa, el pasado 17 de mayo se colocó en la explanada del municipio de Juan Galindo, la placa conmemorativa a los cien años de existencia de la histórica planta, que a la llegada de la CFE, tras el golpe a Luz y Fuerza el 11 de octubre del 2009
Propuesta para terminar con el conflicto laboral y social provocado hace cuatro años y medio.
El retrato hablado de lo que se prometió sería una reforma a favor de la sociedad y sus libertades democráticas, acotando el desmedido poder adquirido en décadas por los monopolios de las telecomunicaciones en el país, se transfiguró en la fase de parto de las leyes secundarias en una amenazante mutación con injertos nazistas,tendiente a conculcar no sólo el derecho a la libre expresión y la privacidad de millones de mexicanos, a través de la regulación y censura de los contenidos de Internet, dotando al gobierno, por añadidura, de facultades para la cancelación de cualquier medio que emita informaciones que a su juicio no deban ser difundidas.
¿Cómo podrán explicar los serviles legisladores que el petróleo seguirá siendo de los mexicanos?
Al cumplirse los plazos anuncia para que millones de mexicanos causen alta en el nuevo sistema de recaudación contemplado en la reforma fiscal, la guillotina del Sistema de Adminstración Tributaria pende amenazante sobre sus cuellos, a causa de que la depredadora e intimidatoria medida no contempló el mínimo sentido social hacia sectores que como los campesinos, ahora en forma por demás increíble, deberán emitir “facturas electrónicas” para vender sus magras cosechas.
La reforma educativa tampoco emergió de un consenso ni una consulta social.
Cada sexenio la promesa de crear millones de puestos de trabajo se ve cancelada por la insistencia de mantener el modelo de economía liberal.
El Ifetel nació con el cordón umbilical del Poder Ejecutivo asido al cuello. Sus siete integrantes fueron propuestos al Senado por el Ejecutivo.
Demostró no ser la fórmula mágica para crear el millón de empleos anuales prometidos a inicios de la actual administración.
Las reformas estructurales aprobadas en el Congreso, de espaldas a la nación, han exhibido el rostro de un Estado totalitario que amenaza con reducir al concepto de “minorías” la acallada voz de millones de mexicanos a los que burdamente se ignoró en la aprobación al vapor de las reformas constitucionales que redundarán en beneficio de las grandes corporaciones extranjeras y de los empresarios nacionales, pero no de las avasalladas mayorías.
Los cimientos del decadente corporativismo sindical crujen tras aparecer algunos de los muchos daños colaterales que traerá en el ámbito laboral de gremios como el de petroleros y electricistas la reforma energética.
La reforma política aprobada en el Congreso y que permite la reelección de legisladores hasta por doce años prepara el camino para que la actual clase política se perpetúe en el poder, de tal forma que arrinconados en el desván de la historia quedan los postulados que alentaron la defensa de la democracia a principios del pasado siglo.
Estas instituciones públicas que se forjaron con el trabajo de muchas generaciones se encuentran en riesgo y en peligro de ser privatizadas.
Es insoslayable exponer al país a un análisis comparativo entre lo actualmente contemplado en los párrafos sexto del artículo 27 constitucional y cuarto del artículo 28, en relación con los cambios propuestos a los mismos en la reforma energética del PRI, para que los mexicanos conozcan a detalle, y sin los artilugios oficiales, el impacto negativo que su eventual aprobación tendrá en nuestra soberanía económica.
Eso puede ocasionar un choque sangriento, del cual serán responsables las autoridades.
Este innoble beneficio se ha extendido a la burocracia de oro que abarca la élite de los ministros y altos funcionarios.