Las reformas estructurales aprobadas en el Congreso, de espaldas a la nación, han exhibido el rostro de un Estado totalitario que amenaza con reducir al concepto de “minorías” la acallada voz de millones de mexicanos a los que burdamente se ignoró en la aprobación al vapor de las reformas constitucionales que redundarán en beneficio de las grandes corporaciones extranjeras y de los empresarios nacionales, pero no de las avasalladas mayorías.
Los cimientos del decadente corporativismo sindical crujen tras aparecer algunos de los muchos daños colaterales que traerá en el ámbito laboral de gremios como el de petroleros y electricistas la reforma energética.
La reforma política aprobada en el Congreso y que permite la reelección de legisladores hasta por doce años prepara el camino para que la actual clase política se perpetúe en el poder, de tal forma que arrinconados en el desván de la historia quedan los postulados que alentaron la defensa de la democracia a principios del pasado siglo.
Estas instituciones públicas que se forjaron con el trabajo de muchas generaciones se encuentran en riesgo y en peligro de ser privatizadas.
Es insoslayable exponer al país a un análisis comparativo entre lo actualmente contemplado en los párrafos sexto del artículo 27 constitucional y cuarto del artículo 28, en relación con los cambios propuestos a los mismos en la reforma energética del PRI, para que los mexicanos conozcan a detalle, y sin los artilugios oficiales, el impacto negativo que su eventual aprobación tendrá en nuestra soberanía económica.
Eso puede ocasionar un choque sangriento, del cual serán responsables las autoridades.
Este innoble beneficio se ha extendido a la burocracia de oro que abarca la élite de los ministros y altos funcionarios.
Al trascender el espionaje de que fueron objeto durante su permanencia en el poder, los panistas lanzaron su grito al cielo y como en el caso del temeroso y azorado Felipe Calderón, trataron de blindarse, ante el riesgo de ser “desnudados”, hasta el tuétano de su quehacer político.
Al cumplirse, este once de octubre, cuatro años de la extinción de Luz y Fuerza del Centro, la totalitaria y represiva medida del expresidente Felipe Calderón, ha comprobado que lo denunciado por el Sindicato Mexicano de Electricistas, como trasfondo del ilegal decreto, es una verdad inobjetable: desde la llegada al poder de los gobiernos panistas, y ahora con el retorno del PRI
Dueño absoluto, con poderes plenipotenciarios con los cuales benefició a un séquito de incondicionales que saquearon la empresa y sus filiales.
TOQUE CRÍTICO Comunidades en defensa del agua/III Martín Esparza Flores Uno de los mayores problemas que enfrentan las comunidades y grupos étnicos en el territorio nacional tiene que ver con el despojo de sus recursos hídricos; lo mismo en Veracruz que en Sonora y en otras regiones, arbitrarios proyectos, tanto privados como oficiales, Seguir Leyendo
Los torcidos argumentos jurídicos de las autoridades intentan pasar por alto dos decretos presidenciales que establecieron la protección de dichas áreas.
Los informes recabados por el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) Capítulo México, en todo el territorio nacional, deben llevar a una evaluación de sus políticas públicas a todas las instancias de gobierno.
Debemos despertar ante una avasallante realidad que amenaza con arrebatarnos el país al ponerlo en manos de las insaciables trasnacionales.
Presentados como el modelo de generación de energía eléctrica limpia y protectora de la ecología, los parques eólicos, alentados por la CFE en el pasado sexenio, bajo el modelo de productores independientes, son en realidad la causa de graves conflictos sociales en regiones como el Istmo de Tehuantepec, donde los despojos en contra de comunidades indígenas operados con la anuencia y complicidad de los gobiernos federal, estatal y municipal, han puesto en peligro su supervivencia al destruir no sólo su ancestral patrimonio biocultural sino sus propios medios de subsistencia como el cultivo de la tierra, obligándolos a un forzado desplazamiento.
Una familia necesita emplear 189.75 pesos al día para adquirir los productos de la canasta básica.
Y ni qué decir de modernizar el sector mediante la fibra óptica que ya se concesionó y puso en manos de empresas privadas.
Ha perdido toda noción de la labor de un ombudsman.
En tanto el gobierno federal no asuma su responsabilidad por buscar una solución de fondo no únicamente al conflicto laboral de los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), sino al problema que vienen enfrentando los usuarios de energía eléctrica de las 16 delegaciones del Distrito Federal y estados circunvecinos, atendidos por la extinta Luz y Fuerza del Centro hasta antes del 11 de octubre del 2009, ambos problemas sociales subsistirán colocando al nuevo gobierno ante la disyuntiva de mantener con vida un problema heredado por la administración panista que le antecedió, o resolverlo con un evidente objetivo de beneficio social.
Fuera de la Presidencia de la República y sin el manto protector del poder público, los panistas se están mostrando a todo el país, como lo que son y siempre fueron: auténticos delincuentes.