Ilegal, la campaña anticipada de las corcholatas de AMLO
Como este hipotético bribón, Morena y los aspirantes del presidente están fuera de la ley, incluso al grado de que esos aspirantes pusieron en riesgo su registro como candidatos.
Como este hipotético bribón, Morena y los aspirantes del presidente están fuera de la ley, incluso al grado de que esos aspirantes pusieron en riesgo su registro como candidatos.
López Obrador, que ya en el poder hizo toda una narrativa contra los fideicomisos públicos, tiene insepultos en el clóset un par de fideicomisos que se caracterizaron por malos manejos incluidos el lavado de dinero.
El carácter de la iniciativa presidencial es regresivo porque pretende establecer un monopolio político que le permita controlar las cámaras del Congreso de la Unión, los congresos locales y hasta los Ayuntamientos municipales.
De entrada, al difamar e insultar a las personas que integran poco menos de la mitad de la Cámara de Diputados, Andrés Manuel López Obrador violó la Constitución una vez más.
Desde el Ejecutivo se presionó para que se expidiera la ley respectiva, se redactó la pregunta sesgada que contendría la boleta, se presionó a una servil Suprema Corte para que la validara y se ordenó la recolección de firmas para cumplir el requisito formal.
Publicó un lacrimógeno documental realizado por su productor consentido, organizó el acarreo de gente humilde (los machuchones llegaron ¡en avión!) y dispuso la saturación informativa a cargo de los concesionarios de radio y televisión.
Como no tenía derecho para ello, lo hizo a través de una asociación fantasma, operada por Carlos Torres, su flamante Coordinador General de Programas para el Desarrollo
Se debe tener presente que el programa “La Escuela es Nuestra” es un muy deficiente sustituto del desaparecido Instituto de Infraestructura Educativa, que años atrás se encargaba de la construcción, remodelación, reparación y mantenimiento de los planteles escolares.
Su administración sostiene una ambigua postura que, al tiempo que militariza un creciente número de funciones civiles, mantiene una actitud permisiva hacia las bandas del crimen organizado que controlan cada vez más territorio.
El presidente y sus corifeos mienten cuando dicen que ejerce su derecho de réplica porque, en realidad, actúa contra la libertad de expresión y viola los derechos de la ciudadanía consagrados en la Constitución.
Las reformas de 1996, 2007 y 2014 permitieron la alternancia de partidos y el establecimiento de mecanismos imparciales y neutrales para la organización de las elecciones.
Si bien este argumento no fue asumido por la mayoría de la Sala, ésta ignoró para contrarrestarlo hechos públicos y notorios relacionados con el caso: la promoción personalizada realizada en el periodo de transición gubernamental.
Puesto que la sentencia fue impugnada por el PRD, así como por varias decenas de burócratas señalados como infractores en la misma, el caso deberá ser resuelto en definitiva por la Sala Superior del mismo Tribunal.