Dice López Obrador que un país pacifista no necesita tener un ejército. La mentira esconde, como ya es costumbre, la verdad. México enfrenta hoy una guerra, como ningún otro país, contra el narcotráfico. La desaparición, entonces, de las fuerzas del orden solo puede beneficiar al crimen organizado.
Pese a la sonrisa sardónica de cada “mañanera” con la que Andrés Manuel López Obrador repite una y otra vez que “todo va muy bien”, el deterioro nacional parece imparable. Si el país fuera un hombre o una mujer, podríamos decir que envejeció de pronto cien años.
Permanecer en el PRI significaría en este momento ser comparsa de algo que se parece cada vez más a una tiranía; de un proyecto que “gobierna” para sembrar odio y división, para imponer verdades absolutas, para castigar y vengarse de quienes hablan, escriben o piensan diferente, que goza sádicamente con enfrentar y burlarse de los mexicanos.
A costa de la dignidad de nuestro país, el actual gobierno sacó adelante una negociación cuyos detalles aún no conocemos a fondo, por lo que todo depende de Trump.
¿Entenderá el presidente que una de las más importantes “lecciones de Washington” es que ya no puede seguir gobernando de la misma manera?
Lo cierto es que el proceso contra Emilio Lozoya va a obligar al presidente López Obrador a tomar una de las decisiones más trascendentes de su gobierno.
Hay una vocación destructiva. La austeridad franciscana mata, y lo va a comenzar a hacer, sin metáforas.
Empiezan a surgir efectos perversos derivados de la Reforma Laboral –que en realidad es una exigencia de Estados Unidos por la T-MEC–, como se pudo constatar con los asesinatos recientes de líderes sindicales.
Si el odio y la violencia se siembran desde el Poder, y cada mañana desde Palacio Nacional, no se puede esperar otra cosa en la cosecha que más violencia.
Detrás de la explosión de Pasta de Conchos, ocurrida el 19 de febrero de 2006 hubo, como es sabido, varios responsables: la empresa Grupo México, el gobierno y el sindicato.¿Quién estaba al frente del sindicato?: Napoleón Gómez Urrutia.
La incógnita del verdadero estado de salud de López Obrador, se ha convertido en un factor que alienta una muy adelantada competencia por la candidatura presidencial de Morena.
Por alguna razón inexplicable, para este gobierno es más importante satisfacer las demandas de un grupo gangsteril que respetar la Constitución y mejorar la calidad educativa de los mexicanos.
La reforma judicial de este sexenio es la punta de lanza de un régimen que busca hacer más grandes los calzones de López Obrador. O para decirlo en términos más ortodoxos, se trata de colocar los cimientos fundamentales de una autocracia.
En síntesis, el populismo migratorio, el “¡vengan todos que aquí les haremos justicia!” ha provocado —al no contar con una estrategia realista de inclusión laboral— la profundización de una crisis humanitaria y de inseguridad que alcanza niveles dramáticos en la frontera con Estados Unidos.
Una carta que puede convertirse, para la 4T, en un fatal parteaguas. Los reclamos, lo mismo de políticos que de escritores y líderes sociales, revelaron muchas cosas: la incapacidad e irresponsabilidad diplomática del gobierno
Si bien López Obrador puede no tener la salud necesaria para preservarse en el cargo, lo que sí puede hacer —como lo hizo Chávez— es incluir en un nuevo texto constitucional la reelección con la finalidad de evitar la alternancia y garantizar que su sucesor o sucesora consoliden, desde el poder, la cuarta transformación.
Desde las redes sociales y “las mañaneras”, patíbulo inquisitorial de la cuarta transformación, se ha montado un aparato de propaganda destinado a señalar y juzgar de manera sumaria a medios de comunicación, periodistas y titulares de órganos autónomos que hagan uso de la libertad de expresión.
La iniciativa del senador Jara, independientemente de que su grupo la haya echado para atrás, es un adelanto, un anuncio de lo que puede llegar a hacer el gobierno lopezobradorista en caso de que las finanzas públicas sigan deteriorándose.
El resto de los mexicanos estamos hoy expuestos a ser víctimas de la furia presidencial si nos atrevemos a disentir. Ese fue el caso de Samir Flores, como lo fue también, en menor medida, el del grupo “Yo sí quiero contrapesos”, de reciente creación , a cuyos integrantes llamó despectivamente “ternuritas”.
¿Al mandatario de una nación le corresponde acusar, juzgar y sentenciar al margen y por encima del derecho?
