Otra herencia envenenada de Calderón
Es incomprensible e irresponsable que, al convertir la batalla contra la inseguridad en eje de la estrategia electorera, involucre las instituciones de seguridad como actores en la contienda política.
Es incomprensible e irresponsable que, al convertir la batalla contra la inseguridad en eje de la estrategia electorera, involucre las instituciones de seguridad como actores en la contienda política.
Los teóricos de la democracia que se han multiplicado en la última década han mitificado el consenso, lo han convertido en la elusiva meta de las decisiones políticas.
Hace ya casi 20 años, el periodista e historiador británico Paul Johnson escribió su Historia del siglo 20.
Tanto Peña Nieto como Beltrones están obligados a contener a los suyos, para evitar errores de juicio que dieran al traste con todo el trabajo desarrollado para mantener la unidad del partido.
La propuesta del semiparlamentarismo es una propuesta para dispersar el poder, como si la debilidad institucional actual fuera el resultado de la concentración del mismo.
Los priístas cuentan con la fuerza política más organizada, con estructuras territoriales más sólidas, las cuales unidas han demostrado ser eficaces para ganar elecciones.
No es problema de instituciones ni de sistema, sino de ambiciones insatisfechas, frustradas por una eventual derrota en las urnas.
Otra vez, como hace seis años, los extremos del espectro ideológico amenazan con secuestrar el debate democrático y ahogar las voces de la moderación y la conciliación, fundamentales para toda democracia.
Es posible que el Ejecutivo federal se haya excedido en sus opiniones sobre la actuación de algunos jueces; pero es inaceptable la exagerada reacción del Consejo de la Judicatura Federal.
Son días de discursos, de declaraciones, de foros de consulta con expertos, de propuestas utópicas, de manotazos en la mesa, pero debieran ser días de acciones eficientes y eficaces.
La ofensiva contra el dirigente nacional del PRI, Humberto Moreira, quizá tenga fundamentos en algunas cifras y hechos reales, pero la responsabilidad tendrán que decidirla los tribunales.
Al dejar incompleto el IFE, los diputados arriesgan la elección presidencial a que sea impugnada la validez de sus decisiones y, por consecuencia, la validez de las elecciones.