Emma Islas
La complicidad que ha existido entre la política y el narcotráfico ha ocasionado una permanente disposición de las instituciones de seguridad a favor del crimen organizado, lo que ha engrosado la lista de prófugos de la justicia. Lista que era encabezada por el ex gobernador de Tamaulipas Tomás Jesús Yarrington Ruvalcaba, considerado por el expresidente George W. Bush como “su compadre”.
Tras cinco años de vivir tranquilamente pese a que había una orden de captura en su contra y que la DEA le imputaba graves cargos, fue detenido en una turística plaza de Florencia, Italia. Pese a que la PGR intentó adjudicarse la captura, ahora se sabe que se debió al trabajo de inteligencia entre México y Estados Unidos.
Hay que recordar que en nuestro país, sólo dos gobernadores han ido a prisión por sus vínculos con el narcotráfico, el quintanarroense Mario Villanueva Madrid y el michoacano Jesús Reyna García. Dos más están siendo buscados, Javier Duarte y César Duarte, exgobernadores de Veracruz y Chihuahua, respectivamente.
Sin embargo, con la detención de Yarrington en Italia se abre la posibilidad de que el gobierno mexicano se vea obligado a demostrar su intención de ir en contra de políticos que hayan estado asociados con el narcotráfico. O bien que la detención del expriista tenga sólo un manejo electoral, ante la cercanía de los comicios en 2017 y 2018.
El narco secuestró la política
De acuerdo al periodista Humberto Padgett, autor de Tamaulipas, la casta de los narcogobernadores, el hecho de que en México la cara de la justicia de la política se encuentre secuestrada por el narcotráfico es lo que ha hecho que muchos personajes relacionados con el narcotráfico hayan logrado crecer tanto y evadir la justicia.
Un ejemplo reciente —destaca— es el del exfiscal de Nayarit Édgar Veytia “quien realizó sugerentes aportaciones al gobierno actual de Jaime Rodríguez el Bronco en Nueva León. Aunque no se están investigando, también Javier Duarte tuvo relación con el narcotráfico, al igual que Borge que estableció la industria de despojo de las instituciones del Estado”.
Padgett asevera que en tanto no existan procesos efectivos capaces de llevar a sentencias sólidas en contra de personajes de la política, podremos decir que el aparato del Estado mexicano se mantiene sujeto a intereses del narcotráfico.
En torno al caso específico de Tamaulipas, indica que no se trata de que los jefes de la organizaciones delictivas sean los propios narcotraficantes —como Heriberto Lazcano, Osiel Cárdenas Guillén, Jorge Eduardo Costilla (alias “El Coss”), Arturo Guzmán Decena— sino que histórica y documentalmente se sabe que los verdaderos jefes del narcotráfico han sido quienes han estado al frente del palacio de gobierno, “lo que significa que más que un secuestro se trata de la consolidación de un régimen político criminal”.
La captura, trabajo de EU e Italia
Tras calificar a Yarrington como la síntesis de la política de la empresa de la drogas a gran escala, el periodista especializado en temas del narcotráfico dice a Siempre! que el gobierno mexicano es insuficiente ante los alcances que logró tener el exgobernador de Tamaulipas, así como otros políticos relacionados con él.
Explica que lo considera insuficiente pues únicamente le imputa cuestiones relacionadas con lavado de dinero y la colusión con el narcotráfico —principalmente con el cártel del Golfo y los Zetas—, mas no se considera el desvío de recursos a gran escala que construyó al tener una estructura de empresas que vendían obras y servicios a su propio gobierno y al de su sucesor, Eugenio Hernández Flores.
A diferencia de Estados Unidos, el gobierno mexicano únicamente está imputando a Yarrington y no a otras personas que también han sido señaladas por los testigos protegidos “como es el caso de Hernández Flores, quien fue coordinador de la campaña de Peña Nieto en el norte del país en el año 2012”.
“El gobierno mexicano ha pretendido anotarse un tanto a su favor por su colaboración con Italia; sin embargo, tanto autoridades italianas como estadounidenses lo están negando, la captura es consecuencia del trabajo de inteligencia entre agencias de Estados Unidos y la policía italiana”.
Gobierno busca limpiar su imagen
Al hablar de la inevitable extradición del exfuncionario mexicano, Padgett aclara que el hecho de que sea llevado a Estados Unidos se debe a que en derecho internacional y en materia de extradiciones, el país que lleva la mano en este sentido es el que haga las imputaciones más graves, en este caso —reitera— es Estados Unidos.
En la Unión Americana, Yarrington enfrentará siete cargos —sobornos, fraude bancario, extorsión, lavado de dinero, colaboración con cárteles de la droga— dos de los cuales merecerían cadena perpetua y cinco más que sumarían 90 años de prisión. En México sólo se cuenta con una orden de aprehensión librada por el juzgado de Tamaulipas, por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Padgett refiere que de acuerdo con declaraciones que obtuvo de agentes de la DEA mientras se hizo la investigación que propició la captura, la acusación penal en su contra es muy sólida y “podría ir por más involucrados con la red política inmediata de Yarrington. Seguramente, Eugenio Hernández debe estar muy incómodo en estos momentos”.
En relación a la decisión del gobierno mexicano de pedir la extradición del exmandatario y al hecho de ofrecer recompensas sobre su paradero, el reconocido reportero supone que obedece más a razones políticas en un contexto electoral que a la pretensión auténtica de hacerse cargo de Yarrington.
Sin embargo, afirma que esta detención también resulta inconveniente para el gobierno priista pues ejercerá cierta presión, sobre todo cuando algunos actos del grupo delictivo del exgobernador tuvieron impacto en dos estados que van a elecciones, Coahuila que tiene una relación política y delincuencial histórica con Tamaulipas, y Veracruz, de acuerdo a las investigaciones, algunos de sus exgobernadores —principalmente Fidel Herrera— habrían sido partícipes de la misma red delincuencial.
“El gobierno mexicano —dice Padgett— está en la propia trampa de su corrupción”, por lo que necesita dar muestras de determinación. Va a entrar en una contradicción de intereses por lo que difícilmente se puede hacer una predicción de lo que hará.
Padgett asevera que las personas que ahora se persigue son parte de los intereses creados a favor de quien ahora es presidente de la república. Rodrigo Medina en Nuevo León, Javier Duarte en Veracruz y Roberto Borge en Quintana Roo apoyaron de manera decidida la campaña presidencial de 2012. “En este momento quien gobierna los necesitó aportando recursos, ahora los necesita presos”.
Se cierra capítulo Yarrington, se abren otros
Luego de las declaraciones del actual gobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca en torno a que se cierra un capítulo en la entidad y que su gobierno no será “tapadera de nadie” y recuperará los recursos que son de los tamaulipecos, el periodista indica que para ello deberá cumplir con tiempos y prescripciones legales. Hay que recordar que muchos de los actos que se le están imputando al exmandatario datan de 1998, por lo que “estamos por cumplir 20 años con esa situación de la impunidad”.
En torno a si se cierra un capítulo en la historia de los tamaulipecos, Padgett dice que “pues sí, uno llamado Tomás Yarrington, pero qué pasa con el capítulo Eugenio Hernández, Egidio Torre Cantú y otros subcapítulos que siguen activos en la política. El problema es el conflicto de intereses ante el que está el gobierno federal”.
