El día de ayer el diario digital Animal Político y la asociación civil Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad (MCCI) publicaron una investigación titulada “La estafa maestra. Graduados en desaparecer dinero público”, en la cual revelan que detectaron contratos ilegales por 7 mil 670 millones de pesos y de este dinero no se sabe dónde quedaron 3 mil 433 millones. En esta triangulación participaron 11 dependencias, empresas fantasma y universidades.

Una de las dependencias implicadas es la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), con Rosario Robles como titular. La institución encargada de erradicar la pobreza alimentaria, tenía en 2013 un presupuesto de 555 millones de pesos para repartir 500 mil paquetes de alimentos, camisetas, gorras y para difundir la Cruzada Nacional contra el Hambre, estrategia recién creada por el gobierno para combatir la pobreza extrema.

Los apoyos debían llegar a las familias con pobreza alimentaria que, desde abril de 2013, se unirían a la Cruzada y cuyos hogares están en las zonas marginadas de 11 estados, entre ellos Campeche, Guerrero, Yucatán y Chiapas.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) afirmó que sólo se entregó el 7% de las despensas que supuestamente habían comprado. No existen constancia de que los programas y beneficios restantes hayan llegado a los más pobres, sólo hay registro de que Sedesol pagó por los servicios.

El desvió se realizó gracias a la firma de convenios entre la dependencia y las Universidades Autónomas de Morelos y Estado de México, que sirvieron como intermediarias y por el cual sólo recibieron una comisión de 215 millones 446 mil pesos. El resto del dinero fue entregado a 20 empresas, 19 de ellas con irregularidades por las que deberían estar inhabilitadas para recibir contratos públicos.

En la Cuenta Pública de 2013 y 2014 se reportaron 10 convenios con esas dos universidades por un monto de 2 mil 224 millones, que debían destinarse a ampliar la cobertura de programas sociales, mejores servicios en las zonas más marginadas del país o combatir la pobreza.

Sin embargo, la Sedesol se declaró “satisfecha” con los servicios recibidos a cambio de 2 mil 224 millones de pesos y no consideró irregular el sobreprecio que implicó el cobro de más de 220 millones por parte de las universidades a cambio de nada.

Una de las empresas que sobresale en la estafa es ESGER Servicios y Construcciones S.A. de C.V., que solo cuenta con un pequeño despacho contable ubicado en la Ciudad de México, y que recibió los recursos destinados a combatir el hambre sin firmar un sólo contrato o realizar algún servicio. La empresa fue creada por los accionistas Esteban Cervantes, que tenía 25 años cuando fundó la empresa, y el contador público Gerardo Casas.

De acuerdo con la declaración de impuesto realizada ante el SAT, en 2013, ESGER sólo declaró ese año ingresos por 408 millones de pesos y reportó gastos por 407 millones de pesos. Pero “olvidó” declarar los 698 millones que recibió de la Sedesol.

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En abril de 2013, Sedesol firmó con la Universidad Autónoma del Estado de México un primer convenio de 159 millones de pesos con tres objetivos: organizar un concierto, entregar despensas y realizar una feria con organizaciones de la sociedad civil.

Ante esto, la institución educativa contrató a S&C Constructores de Sistemas por 75 millones de pesos, la cual organizó el “Compartamos música, erradiquemos el hambre” de la Cruzada contra el Hambre. Evento realizado en la ciudad de México, en abril de 2013.

S&C Constructores de Sistemas se quedó con 61 millones y le entregó 14 millones a ESGER. Sin embargo, la Auditoría Superior de la Federación indicó que no existe evidencia de que ésta última haya participado en la organización del evento.

Otro evento similar, ocurrió con con las empresas Advanced Computer Knowledge y Dumago Systems Solutions, que fueron contratadas por las universidades para el reparto de despensas. Las dos compañías firmaron, en un año, contratos por 101 millones de pesos.

De esos contratos transfirieron 52 millones de pesos a ESGER Servicios y Construcciones S.A. de C.V., aunque no existe constancia documental de los servicios que esta empresa prestó ni la razón de la transferencia. Cuando se le solicitó a la Sedesol constancias de que se dieron los servicios contratados, sólo entregaron las facturas pagadas a las empresas Advanced Computer y Dumago como “prueba”.

Todos los convenios que firmó Sedesol con las universidades autónomas de Morelos y del Estado de México derivaron en distintas operaciones para desviar los recursos.

A pesar de que ESGER obtuvo transferencias millonarias y que fue señalada dos años consecutivos por la ASF, no ha sido investigada por el SAT ni por ninguna otra autoridad del país.

El oficial mayor es una figura clave: se trata del administrador de los recursos públicos y quien avala cómo se usan. En el caso de la Sedesol, durante la gestión de Rosario Robles, Emilio Zebadúa ocupó dicho cargo.