Cómo debe haber apreciado el Ejecutivo federal la situación de seguridad pública del país que optó por negar su reiterado ofrecimiento de campaña de retirar las fuerzas armadas de esa tarea y no solo decantarse por mantener la estrategia adoptada en diciembre de 2006 y profundizada durante el período 2012-2018, sino a inclinarse por el giro de 180 grados y buscar la reforma constitucional para encomendar al Ejército Mexicano la función de brindar a la sociedad la protección de la vida, libertades y bienes ante la delincuencia de todo tipo. Vale reconocer el fracaso en la materia de las dos gestiones precedentes.
Se probó recurrir al Ejército y la Armada para hacer frente a la delincuencia de los carteles de las drogas en los albores de la gestión de Felipe Calderón y se ensangrentó México; una gestión recordada por —casi exclusivamente— la retórica presidencial contra esas manifestaciones de la ilicitud. De operativos específicos de ubicación y erradicación de plantíos, laboratorios de producción y envíos de las drogas, se pasó a la asignación de encomiendas netamente policiales para las fuerzas armadas, al sustituirse a los cuerpos policiacos de algunos municipios y entidades federativas con elementos castrenses.
Cabe destacar, en este periodo, el esfuerzo por construir un cuerpo civil a cargo de la seguridad pública con la inversión realizada para el desarrollo de la Policía Federal, surgida apenas en 1996 ante la ausencia de una institución policial federal a cargo de las tareas generales básicas de prevención del delito, reacción ante sus manifestaciones y la ruptura del orden público e investigación científica de las conductas delictivas. Salvo para faenas policiales específicas, como los caminos federales y la migración, la federación carecía de una instancia policial preventiva propia.
En la gestión de Enrique Peña Nieto se subestimó el diagnóstico de su antecesor. Se desestimó la gravedad de la amenaza de los carteles de las drogas para la viabilidad y pervivencia del Estado Mexicano. Se habló de sobreexposición de los hechos de violencia en los medios de comunicación y de la falta de coordinación entre las instituciones federales y entre estas y las locales para articular una estrategia adecuada a fin de someter a la delincuencia y devolver a la sociedad los niveles de tranquilidad y paz social anhelados.
Las fuerzas armadas continuaron con el desempeño de labores propias de la seguridad pública en auxilio de las autoridades civiles, se dejó de invertir lo necesario en la Policía Federal, que no incrementó sus elementos en esos seis años y se presenció una deliberación pública impulsada por el general Salvador Cienfuegos, entonces secretario de la Defensa Nacional, para que las encomiendas otorgadas a las fuerzas armadas en materia de seguridad pública fueran adecuadamente previstas por el orden jurídico y dejaran de ubicarse en los renglones del auxilio excepcional detonado por la necesidad. La Ley de Seguridad Interior fue declarada inconstitucional por el pleno de la Corte y, en el camino, también el propio gobierno rechazó la reforma constitucional sobre seguridad pública que aprobó el Senado a partir de la iniciativa presidencial del llamado mando único.
En ambos periodos existe el elemento común de no haber establecido e impulsado una estrategia —de evidente interés nacional— de construcción de las capacidades policiales en los Estados de la Unión.
Dos pruebas y dos errores de alto costo social. Ahora la nueva administración presentó su Plan Nacional de Paz y Seguridad con un diagnóstico precario y planteamientos tan generales y ajenos a objetivos medibles que, lo que impera, es el voluntarismo del cambio. En lo poco concreto, destaca el planteamiento de impulsar una política penitenciaria que rescate los centros de ejecución de sanciones de su lamentable papel de “cuarteles de la delincuencia”, aunque sin ningún cómo, y el pretendido redimensionamiento del papel de las fuerzas armadas en la seguridad pública, mediante la creación de la Guardia Nacional.
Aún con el beneficio de la duda, parece la misma prueba con otro nombre y otra envoltura. Se nos ofrece como solución lo que no ha dado resultados: las fuerzas armadas a cargo de la seguridad pública bajo la construcción de una nueva vertiente de organización castrense: la Guardia Nacional. Ahora sin la nota del auxilio excepcional a los cuerpos policiales civiles, al plantear que se le brinde categoría constitucional. Y bajo un esquema de dualidad no creíble: mando de planeación en la dependencia federal a cargo de la seguridad pública, y mando operativo en la dependencia responsable de la defensa nacional. En la concreción de la institución que impulsa el Ejecutivo y su mayoría en las Cámaras federales imperará la naturaleza castrense de su diseño y funcionamiento.
El proceso implica la adscripción de los elementos de la Policía Militar y la Policía Naval (brindan seguridad a instalaciones castrenses a las cuales los civiles no acceden y a instalaciones estratégicas), a la Guardia Nacional; la desaparición de la Policía Federal, cuyos elementos pasarían al nuevo cuerpo castrense, y el reclutamiento de los demás elementos necesarios a partir del personal militar y naval que así lo desee y de personas interesadas en incorporarse a ese servicio. Las reglas de ingreso, formación, disciplina, remuneraciones y desarrollo serán las del Ejército y la Armada.
¿Estamos en la antesala del mismo error? Una cuestión harto evidenciada es la naturaleza distinta de la formación y misión de las instituciones castrenses y de las policiales. Si bien la pérdida grave de la seguridad pública puede poner en riesgo la seguridad interior y la seguridad nacional, atender estas últimas no equivale a atender la seguridad pública. Lo castrense y lo policial tienen referentes propios. Salvaguardar la soberanía territorial de México hasta el sacrificio de la vida, si ello es necesario, es distinto de perseguir y detener a quien ha cometido un ilícito en la vía pública, también muchas veces a riesgo de la vida. Son vocaciones diferentes, con formaciones y desarrollos propios. En otra vertiente, en lo castrense se actúa y se ejecuta una orden para lograr un objetivo militar; en lo policial se pulsa el humor comunitario y se investiga para esclarecer conductas antisociales.
Cierto que en lo castrense existe una doctrina, una línea de pensamiento plena de valores como el patriotismo, la lealtad y el honor; esa doctrina está relacionada con su misión.
No es haciendo policías a los militares, que no se logra, ni militares a los policías, como ahora se plantea, como se construyen las instituciones policiales civiles que el país demanda. Ha sido una emergencia larga, pero lo será más si la prueba es la misma con otra cobertura. El error está a la vista: renunciar a construir los cuerpos policiales federal y locales; sancionar económicamente a los estados donde actúe la Guardia Nacional y reducir la seguridad pública al combate de los carteles de las drogas, a quienes además se ofrece amnistía, no permitirá recuperar la seguridad pública.
