Las votaciones del domingo 6 de junio del año entrante requieren apreciarse a partir de la decisión más representativa en la vida de las personas ciudadanas: la titularidad del poder ejecutivo local y la primera posición para el Ayuntamiento o la Alcaldía.
Tampoco son necesarias las adiciones sobre el deber de abstenerse de solicitar otra nacionalidad durante el ejercicio del cargo, identificarse con un pasaporte no mexicano o pretender la protección diplomática de ese Estado.
Para ambas personas la conclusión es clara: quien concluyó su mandato conserva ciudadanía, experiencia y prestigio, en su caso, pero también pierde todo título o razón para participar en la conducción del poder presidencial…
Lo primero evidente: el “agraviado” o quien sentía tener derecho a la visa por cumplir los requisitos para ello, hace pública su situación con la táctica de la fuga hacia adelante…
Ahora lo han rebautizado como “conferencia del pueblo”, con el propósito renovado de destacar las tareas que desarrollan el poder ejecutivo y la administración pública federal para cumplir con sus funciones y alcanzar las metas públicas planteadas a la Nación.
Sin demérito del control de la gestión pública del Congreso sobre el IFT y el SPREM, el acceso a la información pública de una y otra, pero enfatizo el segundo, es lo que permitía el control indirecto de su objeto constitucional.
El incremento y la expansión de este estilo de hacer política, de formular opinión, de hacer crítica es agente eficiente de la polarización y la confrontación implícita para la siguiente jornada electoral…
Desde luego que los principios constituyen el sustrato para impulsar y perseguir intereses propios en la arena internacional, son de rango universal y están sujetos a la interpretación de su alcance en cada situación específica.
En otras palabras, hay tres vacíos enormes de información en el arrebato sobre la verdad del 25 de julio de 2024 en Culiacán: ¿qué información entregó o confirmó Zambada? ¿Cómo ingresó al patrimonio estadounidense la aeronave?
Otras apuntan a su raigambre en todos los segmentos de la sociedad por el componente gregario, dada la necesidad de asociarse para alcanzar la meta y hacer cruzar el balón a través de la portería contraria.
Toca a esa Sala velar por el imperio de los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales y hacerlo con base en los criterios gramatical, sistemático y funcional.
Una cuestión había quedado clara: lo previsto en el calendario electoral judicial en 2024 fue precipitado, porque se carecía -todo parece indicarlo- de un diagnóstico integral de las implicaciones políticas y económicas…
¿En la educación, es posible lograr que la autoridad política, la capacidad administrativa y la legitimidad democrática se refuercen mutuamente? No con cargo a la polarización imperante.
Con las declaratorias que conjuntaron 25 aprobaciones de Congresos locales para la primera y de 24 para la segunda, los tres decretos se publicaron en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 1 de junio en curso y han entrado en vigor. Apenas 13 días.
A los ojos de nuestra sociedad, la deliberación contrastante en el mundo de las ideas sobre cómo ejercer el poder y cómo atender los problemas del país, ha quedado reducida a una dicotomía elemental…
Obvio, tienen contenido disímbolo y su incidencia difiere en la vida nacional; algunas han conciliado el voto de la pluralidad representada en el Congreso, pero todas tienen un formato que las hilvana: ausencia de diálogo…
Esa planeación política se cimbró el 29 de abril último con la publicidad otorgada a las solicitudes de detención provisional con fines de extradición de un gobernador morenista, entonces en funciones…
Cabe celebrar la determinación del Seminario de Cultura Mexicana, que refrenda su carácter multidisciplinario como espacio de diálogo e intercambio en el sentido más amplio de lo cultural…
El peso de la imputación es enorme y también su acción expansiva: para acceder al gobierno, Morena y liderazgos reconocidos del movimiento colocaron el poder público al servicio del Cártel de Sinaloa.
Como preámbulo a la información pública, el gobierno estadounidense hizo la solicitud formal para que esas personas sean detenidas con fines de extradición, a la luz de los acuerdos de colaboración suscritos en la materia.
