Nos acercamos al primer año del inicio de esta gestión presidencial y, al mismo tiempo, por el período recortado para transitar a nuevas fechas para el mandato ejecutivo federal a partir de 2024, seguimos en la cuenta regresiva al 30 de septiembre de ese año. La intensidad de la voluntad transformadora del Ejecutivo Federal, el dominio del escenario a partir de la decisión de fijar agenda con base en las conferencias matutinas y la determinación de centralizar el poder en su figura y concepciones de la cosa pública, permiten apreciar contornos que van caracterizando el desempeño de la encomienda.

Incluso con el juego de espejos –digno de la cinematografía– de la ceremonia del Grito de Independencia del mes pasado, se mantiene la ruptura de las formas acuñadas como emblemas del poder: de la disolución del Estado Mayor Presidencial y el fin de Los Pinos como residencia oficial del presidente, a la disponibilidad del Ejecutivo en el contacto con el pueblo y el rechazo de protocolos que hacían distinciones y escindían al mandatario de los mandantes. En sí, una táctica para promover y recrear la percepción de cercanía.

Se agrega un diseño y una ejecución sistemática y fortalecida para establecer una relación directa entre el presidente de la República y distintos ámbitos sociales para preservar y ampliar –si posible– la base social de respaldo a su gestión y, en su momento, para contar con su voto en las elecciones y consultas de interés para el caudillo que drenó al PRD, cohesiona a Morena y construye la opción de conformar, si fuera necesario para deshacerse de lastres otrora útiles en el proceso 2017-2018, una nueva organización partidaria. Las normas vigentes sobre la temporalidad para conformar un partido político no son de rango constitucional.

El conjunto de subsidios a esa base –referidos como programas sociales– resalta como destino del gasto público estimado en 6 billones de pesos para el 2020, al proyectarse en poco más del 16 por ciento para ese objetivo. Y como lo mencionó el propio Andrés Manuel López Obrador en su discurso del 1 de septiembre con motivo del envío al Congreso de su primer informe de gobierno, esa acción está presente en cinco de cada diez hogares del país.

A la reconfiguración del imaginario colectivo sobre el poder en nuestro sistema presidencial y la consolidación de la base de sustentación con el dinero público, se adicionan las acciones para congregar, influir y ejercer control político sobre los ámbitos formales con responsabilidades públicas: los poderes legislativo y judicial, los organismos constitucionales autónomos y los gobiernos –lato sensu– de las entidades federativas. Ejemplos que pueden ilustrar: la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados por encima de la limitación constitucional a su votación; los procesos de reconfiguración de la Corte y del Consejo de la Judicatura Federal con personas afines; el asedio e impulso de cambios en los órganos con autonomía, como la CNDH, el INE o la desaparición del INEE; y la presión de la llave presupuestal e incluso el recurso a la figura de la declaratoria de desaparición de poderes en los estados.

En este curso de acciones destacan los exabruptos desde el púlpito presidencial para descalificar y combatir a quienes disienten y utilizan los medios legales para defender sus razones y oponerse a la voluntad presidencial. Parecen inferencias para advertir y, tal vez, amedrentar a quienes no han incidido en la organización de la población para exponer su discrepancia con la movilización social. Mientras la arena del Ejecutivo es la articulación social para mostrarse y marchar, la de esos críticos y adversarios es la ley y el recurso a los contrapesos orgánicos que establece. La batalla jurídica no merece respeto. Otra cosa es el respaldo social.

Quizás aquí se vea con alguna luz lo que podría estar ocurriendo en la oposición partidaria. Hay una acción en los espacios de representación popular con voz y voto o capacidad de acción sobre la base de la lealtad al orden constitucional, por ser el garante mismo de las minorías, y una ausencia en la arena social más amplia por el desequilibrio notable para competir con el reparto de asignaciones monetarias mensuales o bimestrales para un número muy significativo de votantes. Esto último al grado de que la acción partidaria va decantándose tanto o más por los recursos legales frente al poder que por la organización social y la movilización para exponer posiciones, reclamar reconocimiento y obtener un tratamiento distinto del titular del Ejecutivo de la Unión.

En la banda del contraste se pueden distinguir los saldos negativos y, al menos en un caso, las derrotas ante otros factores esenciales del poder en la realidad nacional. Una batalla perdida –al menos en este tramo– y otras que no deberán perderse por el bien de la Nación.

Con el argumento de la alianza en los comicios del año pasado y la práctica de la manifestación disrruptora del funcionamiento de las instituciones, el magisterio nacional, con la CNTE a la vanguardia, ha logrado hacer nugatorio el principio de la rectoría del Estado en la educación. Se conculca el interés superior de la niñez y el acceso a la educación de calidad para potenciar las oportunidades de desarrollo político, económico, social y cultural, cuando con base legal y en los hechos que generan costumbres férreas negativas a favor de los docentes y el Estado cede las definiciones sobre quién, cómo y sobre qué criterios estará cargo del proceso de enseñanza y el aprendizaje en los tiempos de la sociedad del conocimiento.

En la cuenta del deber de alto riesgo se aprecian la cesión de soberanía y el apartamiento de nuestra mejor tradición diplomática ante el gobierno estadounidense y las exigencias de Donald Trump. El temor ante un desenlace negativo en la concreción del nuevo tratado comercial de América del Norte y sus consecuencias para la economía nacional generó una actitud de sumisión que pretende presentar como prudencia.

Y, aún más grave, la batalla que continúa perdiéndose con los grupos de la delincuencia organizada para la producción, tráfico y comercialización de drogas que han asumido el control territorial, la infiltración de las autoridades y la extracción por demás ilegal de rentas en partes significativas del país. En esta materia las acciones no se perciben y las decisiones no parecen dar resultados. Otra grave amenaza la soberanía estatal confiada al gobierno.

En la aspiración de largo aliento de la visión presidencial sobre un nuevo tiempo mexicano, ante unos impera la imposición y ante otros la cesión. Hay paradojas graves: imponer sin convencer ante unos que percibe débiles y ceder para permanecer ante otros que percibe fuertes. La Nación no puede reducirse esta visión.