Con buen éxito, la Junta de Gobierno de la Universidad Nacional Autónoma de México ha encomendado al Dr. Enrique Graue Wiechers un segundo período –2019-2023– como Rector de la máxima casa de estudios de nuestro país. A partir de las propuestas recibidas por las cinco comisiones que integró la Junta, junto con el Dr. Graue participaron en el proceso de entrevistas otros dos distinguidos académicos: Doña Angélica Cuéllar Vázquez, Director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y Don Pedro Salazar Ugarte, Director del Instituto de Investigaciones Jurídicas.

Una terna que enaltece a la UNAM porque acredita la calidad intelectual, académica y personal de quienes aportan cotidianamente a la buena marcha del principal centro de educación superior de nuestra República. Personas de trayectoria y méritos indudables para integrar el ámbito de la reflexión la decisión de la Junta de Gobierno; son una prueba del alto nivel que en la enseñanza, la investigación y la cultura tiene la UNAM.

En el entramado orgánico de la Universidad Nacional, corresponde al Consejo Universitario, la elección de los miembros de la Junta de Gobierno. El Consejo es una representación plural conformada por el mosaico de la comunidad universitaria: el Rector; los directores de las Facultades, Escuelas e Institutos; los representantes de los profesores y de los alumnos de las Facultades y Escuelas; un profesor representante de los centros de extensión universitaria, y un representante de los empleados de la propia Universidad.

Por el tiempo que media entre la expedición de la vigente Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de México (6 de enero de 1945) y estos días, el sistema de integración de la Junta de Gobierno implica la designación escalonada (uno cada año) de sus quince miembros al término de su periodo de desempeño o bien a causa de su renuncia.

Este sistema permite la conformación de una Junta de Gobierno basada en una renovación paulatina a lo largo del tiempo. En sí, permite la convivencia de integrantes en un espacio de tres lustros, lo que alienta y fortalece la dialéctica entre los tiempos y entre lo que permanece y lo que se renueva.

Vale detenernos en el sistema por las voces que, de tiempo en tiempo, plantean la revisión y la reforma de la manera en la cual se elige a la máxima autoridad ejecutiva de la Universidad, incluso con propuestas de votación a la manera de un representante popular; es decir, que los integrantes de la comunidad universitaria -directivos, docentes, investigadores, estudiantes y trabajadores- elijan al Rector.

Un ejercicio democrático a partir de un paralelismo con la formación política estatal. Se diría que si las y los ciudadanos eligen a sus representantes para desempeñar determinados cargos públicos, que quienes integran la comunidad universitaria deberían votar para determinar quién asumirá la responsabilidad de la Rectoría.

¿Es trasladable la figura de la elección popular del Estado a la Universidad Nacional? ¿Las diferencias en materia de objetivos y misiones de uno y otro, requieren procedimientos distintos? ¿Estaría salvaguardada la autonomía universitaria con la elección del Rector a partir de la votación de todos los integrantes de la comunidad universitaria?

La UNAM tiene confiada una de las más altas encomiendas de nuestra sociedad –como la tienen las instituciones de educación superior-, pero es la arquetípica y la mayormente emblemática, representativa, simbólica y antigua de nuestro país. Es el ámbito privilegiado para atesorar, sistematizar, transmitir y expandir el conocimiento en todas las ramas del saber humano; ahí el estudio, la docencia, la investigación y la difusión de la cultura son su empeño cotidiano.

No se necesitan demasiados argumentos para establecer que la forma política estatal atiende a una concepción global de la organización del poder en una sociedad, y que la Universidad atiende al propósito de la formación de las personas en diversos campos del saber para beneficio de la comunidad.

Mientras en el Estado el objetivo más amplio es la salvaguarda de las libertades y los derechos de las personas en torno a valores, principios y aspiraciones que en general son compartidos, en la Universidad el objetivo es el saber, el conocimiento, como instrumento fundamental de desarrollo y progreso individual y colectivo.

Y si mientras en el Estado la misión es generar las mejores condiciones de vida y de acceso al bienestar lato sensu de todos sus integrantes, en la Universidad la misión es la formación de las personas, tanto en el dominio de un conocimiento y una práctica especializada –una profesión–, como en principios éticos, comprendidos desde luego los de la probidad, la integridad y la sensibilidad y solidaridad sociales.

Si la médula de la Universidad Nacional es el saber, su expansión y su transmisión, los principios de libertad de investigación y de cátedra, así como de autonomía, son indispensables para garantizar su funcionamiento, desarrollo y pervivencia. La generación de conocimiento y la creación intelectual reclaman de la duda metódica y de la objetividad, así como de la más amplia libertad. Su garantía descansa en la autonomía del poder público, del poder económico y de cualquier interés o tendencia política.

Desde luego que la Universidad Nacional Autónoma de México no es ajena al Estado mismo, pero su naturaleza en el ámbito de la enseñanza y de la investigación, así como la riqueza de su contribución a la sociedad demandan un diseño institucional que la coloque por encima de la lucha por el poder político. En ello ha probado sus virtudes el sistema de integración orgánica del Consejo Universitario y de la Junta de Gobierno y, especialmente, la facultad otorgada a ésta para elegir a la persona titular de la Rectoría. Ese método es práctica activa de la autonomía universitaria, que no debe perderse.

Si consideramos a la UNAM como el faro que alumbra el tránsito de la sociedad hacia el desarrollo intelectual en todos los campos del saber, la investigación para la solución de los problemas de toda índole que nos atañen y la difusión de las más disímbolas manifestaciones culturales, como sociedad estamos llamados a condenar, prevenir y erradicar las expresiones de violencia que se han producido en Ciudad Universitaria y en otros planteles universitarios.

Es necesario no sólo expresar preocupación y reproche, sino también movilizar conciencias, articular alianzas y manifestar activamente la más amplia solidaridad hacia la Universidad Nacional y con la gran comunidad universitaria, para que en pleno ejercicio de su autonomía cuente con el respaldo social que debemos brindarle para hacer frente a situaciones de riesgo y posibles escenarios de amenaza a su funcionamiento.

Cuando el sistema de pesos y contrapesos es desafiado cotidianamente y diversas autonomías se enfrentan al curso del desmantelamiento de la pretensión hegemónica vigente, preservar la autonomía universitaria y el puntal de la Universidad Nacional Autónoma de México en el universo nacional es una obligación cívica.