Además de la aplicación de diversas medidas valiosas de naturaleza material, organizativa, financiera y preventiva por parte del gobierno federal para intentar atender el fenómeno de la pandemia en México en 2020, también fue indispensable la ejecución de una estrategia de “Comunicación de Riesgo” que respaldara en la misma proporción las iniciativas adoptadas en tal escenario. Sin embargo, pese a la necesidad imperiosa que la estrategia de comunicación oficial del Estado mexicano contuviera los requisitos mínimos de calidad que exige todo sistema fundamental de información en la fase de crisis sistémica para funcionar eficientemente; dicho modelo produjo diversas contradicciones y errores muy graves, a nivel federal y regional, en la República, que en lugar de fortalecer las acciones estatales en el ámbito epidemiológico las debilitaron en grado significativo. Así, se ocasionó gran confusión ciudadana, erosión de la credibilidad institucional, desgaste psico-emocional y pérdida de muchas vidas humanas.

El conjunto de estas situaciones erráticas ocasionó que la estrategia de comunicación del gobierno mexicano de la 4-T en materia sanitaria se convirtiera en un proceso desconcertante, incoherente, con mensajes poco claros sobre la gravedad de la amenaza, discordancias fundamentales entre las mismas autoridades y los expertos técnicos, informaciones cruzadas, mucho ruido político, abuso de explicaciones técnicas o políticas, manejo discrecional de datos. Lejos de las recomendaciones de la OMS se instrumentó un prototipo de difusión que tendió a ufanarse en ser la voz del pueblo; minimizar la crisis, adaptando los hechos a un relato demagógico; sustituyendo la información con propaganda; deslegitimizando a los canales de información críticos, atacando a opositores al gobierno; manipulando el lenguaje, ridiculizando los llamados a quedarse en casa e invitando a la gente a salir, llevando su vida normal; dando por terminada la crisis anticipadamente sin evidencia contundente y; remplazando el conocimiento científico por los intereses políticos.

Dentro de este marco ineficiente, absurdo e irresponsable la estrategia de comunicación gubernamental convirtió el uso del cubrebocas en un desafío político que transformó simbólicamente su aplicación como una muestra de debilidad oficial ante sus severos críticos y no en un recurso sanitario de combate a la epidemia. Mientras en la casi totalidad de países contagiados del mundo se promovió el uso generalizado del tapabocas y hasta se impuso obligatoriamente en muchos de ellos; las principales autoridades mexicanas durante un largo tiempo banalizaron, relativizaron y caricaturizar su implementación a través del proyecto de comunicación oficialista de la Cuarta Transformación. Ejemplo de ello, fue la negativa permanente del presidente de la República y diversos funcionarios gubernamentales para utilizar el cubrebocas en la vida cotidiana, evitando dar un relevante ejemplo pedagógico positivo a la sociedad, salvo cuando emplearon vuelos comerciales para trasladarse a sus actividades o cuando AMLO visitó al presidente Donald Trump en Washington, EE. UU.

Fue enormemente paradójico que mientras el Estado mexicano exigió obligatoriamente que en otros terrenos se utilizara forzosamente sin ningún pretexto la práctica del cinturón de seguridad al manejar un vehículo; no conducir en estado de ebriedad; evitar emplear el teléfono celular al maniobrar un automóvil; colocarse el casco protector al dirigir una motocicleta o bicicleta, etc., e incluso ejercer penas importantes contra los infractores que podían oscilar desde multas hasta la cárcel, para resguardar la vida de los usuarios y de terceras personas; al mismo tiempo en cuanto al empleo del tapaboca el gobierno lopezobradorista consideró que establecer obligatoriamente tal recurso preventivo para salvar la existencia propia y la de los demás representaba una imposición autoritaria del Estado que atentaba contra la “libertad individual”. En el fondo, dicha disposición gubernamental, no respondió a un interés por respetar los derechos humanos ciudadanos, sino fue una táctica política preventiva para no causar en la población irritación, malestar, protestas y rebeldías contra el gobierno, especialmente en la antesala de las elecciones intermedias del 2021, pues esta acción ocasionaría la pérdida de votos para apoyar el proyecto de la Cuarta Transformación y aumentaría el rechazo en la votación del “referéndum presidencial” que buscaba prolongar el mandato de ALMO con alto consenso hasta el 2024.

En última instancia, dicho modelo de comunicación contradictorio, desordenado y ambiguo del gobierno de la Cuarta Transformación trasladó a los ciudadanos la responsabilidad para encarar la crisis sanitaria para que ellos decidieran personalmente en base a su libre albedrío las maneras de cómo protegerse frente a la epidemia. Sin embargo, al quedar tan volubles, confusos y anárquicos los marcos informativos sobre la verdadera situación de la pandemia y la actitud rectora del Estado para corregirla, se construyó en el espacio público una Torre de Babel de significaciones que ocasionó que las personas normaran sus comportamientos desde subjetividades descontroladas, fragmentadas, desorganizadas e individualizadas donde cabían todo tipo de interpretaciones aisladas, especulaciones frívolas, incluso delirantes. Ello generó un libertinaje de actuaciones irresponsables, ignorantes y, negligentes que acrecentaron álgidamente el nivel de gravedad de la emergencia de salud colectiva en México.

En este sentido, el prototipo de comunicación estatal no contribuyó a crear integralmente un “orden público subjetivo” común para que toda la población actuara en la misma dirección del combate a la epidemia, sino que sus incoherencias y ficciones internas contribuyeron a crear un caos social conductual, que propició que las resoluciones ciudadanas para combatir la pandemia quedaran al caprichoso criterio del imaginario de cada sujeto y no en base a las directrices institucionales preventivas del Estado rector. Lo “público” en materia de salud no se construyó desde la participación de todos los sectores vinculados con el ataque a la pandemia (científicos, sociedad civil, organismos médicos, empresas, ciudadanos, padres de familia, enfermos, etc.), sino desde los requerimientos de legitimación política del nuevo gobierno de la izquierda nacionalista. Dicho paradigma comunicativo se distinguió por priorizar los intereses grupusculares de poder sobre los colectivos, despreciar la competencia científica de otros gremios, la negación de la grave realidad epidémica contundente, la ausencia de planeación en base a la observación empírica rigurosa de los hechos, la desestimación de los datos de laboratorio, etc. para darle primacía a la creación oportunista de la “verdad política” de la jefatura gubernamental en turno con el fin de intentar mandar “exitosamente” durante la etapa de la Cuarta Transformación.

Así, la estrategia del manejo de comunicativo de la pandemia por la 4-T no se alejó de los viejos vicios del presidencialismo abusivo heredado de los regímenes anteriores, pues su orientación social se manejó con criterios patrimonialistas donde la cúpula del gobierno morenista se convirtió en el dueño de la narrativa pública sobre la pandemia creando una “razón colectiva” basada en un mecanismo semántico-político que le permitió definir unilateralmente al Estado cual era la realidad de la crisis de salud epidémica, a qué grado se llegó, de qué forma combatirla, cuándo se “aplanó” la curva del contagio, cuáles fueron sus consecuencias, etc.; sin reconocer las evidencias elementales que revelaron los hechos categóricos sobre la misma. Se creo una “versión epidémica” ficticia a modo sobre la situación pandémica en el país para no dañar el prestigio gubernamental del gobierno de la “esperanza del cambio”.

De esta forma, la política comunicativa oficial de la izquierda de la reconstrucción nacional sobre la atención del SARS-Cov-2 se apartó del manejo ético de la misma y se convirtió en una herramienta propagandista para justificar las decisiones presidenciales, la promoción de la imagen de funcionarios, la búsqueda de simpatías populares, el respaldo a la gobernabilidad de la Cuarta Transformación, el apoyo a los objetivos electorales, el amparo a sus finalidades políticas, la difusión de la ideología morenista, etc.; en lugar de reconocer la situación objetiva y la implementación de las propuestas plurales de solución formuladas por el conjunto de la sociedad.

El conflicto de fondo fue que no se permitió que la comunidad científica mexicana y del mundo participara en el proceso de discusión de la política informativa sobre el enfrentamiento de esta calamidad virulenta en México con objeto de generar mayor certidumbre, veracidad y certeza sobre la información ofrecida, que es una de las misiones elementales de cualquier gobierno democrático: salvar la vida de sus gobernados. Se subvaloró mediáticamente el nivel de la crisis, pues el patrón dominante de los mensajes presidenciales giró alrededor de la tónica triunfalista “todo está bajo control, ya lo superamos”.

Así como en el terreno de la enorme violencia creciente en México la estrategia comunicativa del gobierno “normalizó” la difusión y asimilación de la presencia de la enorme cantidad de fosas clandestinas horrorosas causadas por el crimen organizado; en la dimensión de la epidemia del Coronavirus la aplicación prolongada del modelo de comunicación oficial creo una capa de percepción resistente para penetrar en la conciencia colectiva produciendo una especie de “anestesia masiva” en la mentalidad nacional frente a la gigantesca tragedia humanitaria de la pandemia.

Esta práctica comunicativa oficial produjo la pérdida de credibilidad gubernamental originando vacíos informativos que se llenaron con rumores, prejuicios, especulaciones y fake news, creando ansiedad, temor y desconcierto en la población, oscureciendo la relevancia de las directrices gubernamentales para salvaguardar la vida de las personas.

Lo más álgido derivado de la aplicación de esta estrategia de comunicación errática fue que el Estado mexicano través de la Subsecretaría de Salud en un principio aseguró oficialmente que el colapso de salud no rebasaría los 6,500 muertos, después 8,000, después se ajustó a 12,000, después a 25,000, después se redondeó a 28,000 y, por último, se afirmó contundentemente que muy difícilmente se llegaría a la “cifra catastrófica” de 60,000 personas fallecidas. Sin embargo, la formulación de tal calculo extremo, paradójicamente, fue superado drásticamente, pues a finales de diciembre de 2020 se producirán más de ciento veinte mil personas muertas y se registrarán más de un millón trescientas mil personas contagiadas por SARS-CoV-2 rebasando desproporcionadamente todas las cuantificaciones oficiales anunciadas previamente.

Esta dramática realidad ubicó a México como el tercer país con más defunciones por Covid en todo el mundo, solo por detrás de Estados Unidos y Brasil y, en la peor nación para vivir durante pandemia, según el ranking internacional de Resiliencia Covid-19 de Bloomberg, por debajo de Colombia, Chile, Brasil, Perú y Argentina.

Dicho horizonte fue equivalente a tener el Zócalo de la ciudad de México lleno de cadáveres acomodados parados, juntos uno con otro, como en los mítines de cierre de campaña o en las concentraciones de los festejos populares masivos, o a tener saturadas de muertos todas las gradas del Estadio Azteca de futbol en la capital de la República. En otras palabras, la instrumentación de dicho modelo de comunicación de la 4-T contribuyó a que los hospitales estuvieran saturados, pero también a que los panteones y crematorios quedaran rebasados de cuerpos inertes.

Frente a dicho panorama devastador la pregunta es ¿si 60,000 muertos representaron una catástrofe de salud para el gobierno mexicano en junio de 2020, al llegar a finales de diciembre a la cifra de más de 120,000 fallecidos y más de un 1,300,000 casos de contagio por Covid-19, cual es el calificativo o concepto analítico al que deben recurrir los ciudadanos para explicar la incontrolable y anárquica situación? ¿Ante que realidad estamos? Sociológicamente se puede formular que la sociedad mexicana paso del nivel de la catástrofe extrema pronosticada por la administración lopezobradorista a un “mini apocalipsis u holocausto sanitario” que por negligencia estatal afectó radicalmente al proyecto de gobernabilidad, estabilidad y desarrollo global del país a finales de la segunda década del siglo veintiuno.