En el caso de los Derechos de las Audiencias, la Comisión fue la encargada de reglamentar la forma en que se deben aplicar los lineamientos básicos para el ejercicio de dichas garantías constitucionales.
Tal estrategia le puede sumar una victoria política de corto plazo, con capital de fuerza ante conjuntos académicos, defensores de derechos humanos y bases electorales que exigen democratización de los medios.
Los beneficiados y perjudicados de este proceso fueron, entre otros, el Estado, el gobierno, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, los concesionarios de radiodifusión y la sociedad.
De esta forma, permanecieron problemáticas medulares, pues se mantuvieron conceptos jurídicos ambiguos o indeterminados como “veracidad”, “diligencia editorial”, “pluralidad”, etcétera, cuya interpretación discrecional podrían generar incertidumbre…
Con el fuerte aval de estas entidades pareció que la modificación a los lineamientos sobre las audiencias ya había alcanzado un alto grado de maduración jurídica que beneficiaba a todos los sectores involucrados.
La reacción social alcanzó tal magnitud desproporcionada que escaló más allá de una simple discusión técnica colocándose en el centro de la polémica de la opinión pública nacional como la “Ley Censura”…
La polémica radica en el tipo de diseño oficial formulado, los modelos aplicados para ejercer estas garantías, la ambigüedad conceptual, la subordinación de instancias al Poder Ejecutivo, la desproporción de las sanciones…
En este terreno, la discusión medular no reside en si se reconocen tales garantías, pues ya están incorporadas en el artículo 6°, sección B, fracción VI, de la Constitución Política Mexicana desde el año 2013…
Frase: Por consiguiente, ante dicho escenario, la voz del gobierno planteó que el compromiso de la libertad de expresión es proteger a quienes comunican; los Derechos de las Audiencias protegen al pueblo de México.
Fue hasta el 11 de julio de 2013 que los auditorios sufrieron una profunda reconceptualización estructural y dejaron de ser contemplados como meros clientes receptores de la información del capital económico y del poder político, convirtiéndose en sujetos con derechos constitucionales.
Uno de los aspectos medulares que se requiere contemplar en el ejercicio de la democracia contemporánea son los recientes procesos de comunicación que han surgido y transformado el actual ecosistema comunicativo del país.
No obstante la gran importancia de dicha acción, en la actualidad existen diversos impedimentos conceptuales e institucionales que obstaculizan el avance en la regulación de la infodemia en nuestro país.
En este sentido, se requiere que los canales de comunicación informen en sus noticiarios sobre las amenazas o agresiones dirigidas contra las personas contendientes a cargos de representación popular.
En la actualidad los procesos electorales se desarrollan en entornos comunicativos altamente polarizados donde la circulación de mensajes que promueven hostilidad, exclusión, segregación, anulación o violencia…
Por ello, uno de los elementos básicos de las dinámicas electorales es impedir que en la difusión política, la publicidad o propaganda se transmita como información periodística y noticiosa.
En un escenario electoral de dimensiones históricas como el que será en 2027, donde se renovará una parte sustantiva de la estructura del Estado mexicano, la preservación de la mesura informativa adquiere una relevancia estratégica…
El principal problema fue que los lineamientos carecieron de mecanismos efectivos de cumplimiento, pues todo el diseño de las directicas quedó construido sobre expresiones relativas como “se recomienda”, “se sugiere”, “se procurará”, “podrán”, etcétera.
…pese que el ecosistema digital creció aceleradamente, los medios electrónicos permanecen siendo los únicos organismos regulados constitucionalmente para la participación política, los más fiscalizados por el INE y los que pueden garantizar cobertura nacional uniforme…
Dicho viraje estructural no fue únicamente técnico o administrativo, sino profundamente político, cultural y civilizatorio, pues modificó la relación histórica entre el Estado, los medios, la ciudadanía, las telecomunicaciones y el espacio público mediático y digital.
Desconocieron las fugas de información y ciberseguridad de organismos estatales, minimizando el alcance de la filtración, aunque posteriormente la SEDENA aceptó que la intrusión había sido real y extensa, y que se estaban tomando medidas estatales de seguridad.
