Fue hasta el 11 de julio de 2013 que los auditorios sufrieron una profunda reconceptualización estructural y dejaron de ser contemplados como meros clientes receptores de la información del capital económico y del poder político, convirtiéndose en sujetos con derechos constitucionales.
Uno de los aspectos medulares que se requiere contemplar en el ejercicio de la democracia contemporánea son los recientes procesos de comunicación que han surgido y transformado el actual ecosistema comunicativo del país.
No obstante la gran importancia de dicha acción, en la actualidad existen diversos impedimentos conceptuales e institucionales que obstaculizan el avance en la regulación de la infodemia en nuestro país.
En este sentido, se requiere que los canales de comunicación informen en sus noticiarios sobre las amenazas o agresiones dirigidas contra las personas contendientes a cargos de representación popular.
En la actualidad los procesos electorales se desarrollan en entornos comunicativos altamente polarizados donde la circulación de mensajes que promueven hostilidad, exclusión, segregación, anulación o violencia…
Por ello, uno de los elementos básicos de las dinámicas electorales es impedir que en la difusión política, la publicidad o propaganda se transmita como información periodística y noticiosa.
En un escenario electoral de dimensiones históricas como el que será en 2027, donde se renovará una parte sustantiva de la estructura del Estado mexicano, la preservación de la mesura informativa adquiere una relevancia estratégica…
El principal problema fue que los lineamientos carecieron de mecanismos efectivos de cumplimiento, pues todo el diseño de las directicas quedó construido sobre expresiones relativas como “se recomienda”, “se sugiere”, “se procurará”, “podrán”, etcétera.
…pese que el ecosistema digital creció aceleradamente, los medios electrónicos permanecen siendo los únicos organismos regulados constitucionalmente para la participación política, los más fiscalizados por el INE y los que pueden garantizar cobertura nacional uniforme…
Dicho viraje estructural no fue únicamente técnico o administrativo, sino profundamente político, cultural y civilizatorio, pues modificó la relación histórica entre el Estado, los medios, la ciudadanía, las telecomunicaciones y el espacio público mediático y digital.
Desconocieron las fugas de información y ciberseguridad de organismos estatales, minimizando el alcance de la filtración, aunque posteriormente la SEDENA aceptó que la intrusión había sido real y extensa, y que se estaban tomando medidas estatales de seguridad.
Dentro los grandes desafíos el rol de la Inteligencia Artificial (IA) y su impacto en la vida actual ocupó uno de los ejes transversales del Foro Económico Mundial, no sólo por su repercusión económica inmediata, sino por su peso creciente en la disputa por poder, la competitividad y la gobernanza global.
De esta forma, la repercusión de los Conversatorios sobre la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión 2025 tuvo una relevancia sociopolítica crucial, pues cambió el rumbo jurídico-político de la reforma constitucional sobre el ecosistema comunicativo de la República.
Tal amplio proceso de difusión colectivo creó el espacio público mediático que contribuyó a determinar esencialmente el tipo de cultura política existente durante el siglo XX en México.
En este sentido, se puede considerar que produjo la reconfiguración del modelo regulatorio de las telecomunicaciones y la radiodifusión que son un sector vital para la sobrevivencia de la economía, el conocimiento y la vida social…
Las consecuencias de la exclusión de los Consejos Ciudadanos de Comunicación en la moderna Ley Telecom no solo fueron de carácter administrativo, sino que fundamentalmente fueron de naturaleza estructural…
El diseño de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones fue un retroceso al modelo de la extinta Cofetel que tanto se cuestionó en su momento, cuando ya había logrado avanzar hacia la operación de un regulador independiente…
Se reconoció a las telecomunicaciones y la radiodifusión son servicios públicos de interés general y habilitadores de derechos fundamentales como la educación, la salud, y la libertad de expresión en México…
A través de esta consulta abierta “intervinieron todas las voces, cada uno en su estilo y cada quien, con su interés, pero también en la conjunción de estas motivaciones se encontró la presencia del interés general de la sociedad”.
De esta forma, la anulación del “Plan B” suscitó una gran molestia en el Poder Ejecutivo que inmediatamente motivó ejecutar otro “Plan C” para avanzar en su proyecto de crear un nuevo régimen político en el país.
