Dicho viraje estructural no fue únicamente técnico o administrativo, sino profundamente político, cultural y civilizatorio, pues modificó la relación histórica entre el Estado, los medios, la ciudadanía, las telecomunicaciones y el espacio público mediático y digital.
Desconocieron las fugas de información y ciberseguridad de organismos estatales, minimizando el alcance de la filtración, aunque posteriormente la SEDENA aceptó que la intrusión había sido real y extensa, y que se estaban tomando medidas estatales de seguridad.
Dentro los grandes desafíos el rol de la Inteligencia Artificial (IA) y su impacto en la vida actual ocupó uno de los ejes transversales del Foro Económico Mundial, no sólo por su repercusión económica inmediata, sino por su peso creciente en la disputa por poder, la competitividad y la gobernanza global.
De esta forma, la repercusión de los Conversatorios sobre la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión 2025 tuvo una relevancia sociopolítica crucial, pues cambió el rumbo jurídico-político de la reforma constitucional sobre el ecosistema comunicativo de la República.
Tal amplio proceso de difusión colectivo creó el espacio público mediático que contribuyó a determinar esencialmente el tipo de cultura política existente durante el siglo XX en México.
En este sentido, se puede considerar que produjo la reconfiguración del modelo regulatorio de las telecomunicaciones y la radiodifusión que son un sector vital para la sobrevivencia de la economía, el conocimiento y la vida social…
Las consecuencias de la exclusión de los Consejos Ciudadanos de Comunicación en la moderna Ley Telecom no solo fueron de carácter administrativo, sino que fundamentalmente fueron de naturaleza estructural…
El diseño de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones fue un retroceso al modelo de la extinta Cofetel que tanto se cuestionó en su momento, cuando ya había logrado avanzar hacia la operación de un regulador independiente…
Se reconoció a las telecomunicaciones y la radiodifusión son servicios públicos de interés general y habilitadores de derechos fundamentales como la educación, la salud, y la libertad de expresión en México…
A través de esta consulta abierta “intervinieron todas las voces, cada uno en su estilo y cada quien, con su interés, pero también en la conjunción de estas motivaciones se encontró la presencia del interés general de la sociedad”.
De esta forma, la anulación del “Plan B” suscitó una gran molestia en el Poder Ejecutivo que inmediatamente motivó ejecutar otro “Plan C” para avanzar en su proyecto de crear un nuevo régimen político en el país.
Tal acción gubernamental transgresora contravino las directrices fundamentales de la Carta Magna, pues se generaron cruzadas de desinformación, propaganda oficial, juicios mediáticos de desprestigio, exposición de datos personales…
Planteado de otra forma, “el simple nombre de la sección “¿Quién es quién en las mentiras?” organizada por el Ejecutivo Federal violó los derechos humanos a la información, prensa, expresión y al pluralismo…
Mediante ello, se establecería otro “pacto comunicativo” entre empresas de comunicación, sociedad y gobierno para acceder a una nueva relación más justa y equilibrada entre las partes.
De esta manera, el sistema de gobernabilidad lopezobradorista adoptó la maniobra propagandista que postuló “controla la narrativa colectiva y conquistas la conciencia y la conducta de la población”.
La aplicación de tal prototipo alimentará sustancialmente el viejo modelo de comunicación autoritario, vertical, discrecional, normalizador, justificador y unilateral de la “Aguja Hipodérmica” estatal…
Dicha iniciativa planteó trasladar formalmente a los Organismos Autónomos y trasladar sus tareas hacia otras instancias del Estado, pero su reorganización podría representar el aniquilamiento real de sus capacidades orgánicas…
Debido a ello, en este contexto la nueva Administración nacional tendrá que crear su propio modelo de comunicación social para poder gobernar al país y construir el “Segundo Piso de la 4-T”.
La justificación presidencial para utilizar dicho espacio de difusión colectivo durante la etapa de comicios fue que el Primer Mandatario tenía la facultad de practicar su derecho a la información para comunicarse con la población.
Las principales etapas fueron las dos siguientes: la fase de diferenciación frente a los medios comerciales y la fase de intervención ideológica para la gobernabilidad.
