La reforma eléctrica busca garantizar el abasto de electricidad a través del monopolio de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), pero las limitaciones a empresas privadas mesuran la inversión, la innovación y la transición energética mediante energías limpias.
En el mundo, los modelos de desarrollo energético experimentan una transición energética que busca descentralizar las fuentes de energía; es decir, mitigar la dependencia en una sola fuente, y que los recursos a su vez provengan de fuentes renovables.
La eficiencia energética no se limita a nuevas tecnologías, sino que necesita de un marco de políticas públicas que generen las condiciones para convertirlas en un mercado competitivo y accesible para los diferentes sectores: residencial, industrial y comercial. En este sentido, la eficiencia energética necesita de la descentralización energética y de la generación proveniente de fuentes renovables.
La transición energética es parte de la Agenda 2030 que está transformando las matrices energéticas de las principales economías. A nivel mundial, de acuerdo con las perspectivas energéticas de BP Global, se estima que entre el 2020 y el 2030, el consumo de energía se incremente en más del 30 por ciento. Aun cuando el petróleo, el gas natural y el carbón seguirán siendo la principal fuente de energía, se prevé que la producción de biocombustibles y combustibles renovables se triplique.
En México, este principio se ha interrumpido con el enfoque de política energética implementado por el gobierno actual. La iniciativa de reforma constitucional enviada al Congreso busca mantener el monopolio de la CFE por ser tema de seguridad nacional.
La reforma a los artículos 25, 27 y 28 constitucionales, pretenden una súper CFE con autonomía en la planeación y control del Sistema Eléctrico Nacional, así como el encargado de la Transición Energética en materia de electricidad. Adicionalmente, la reincorporación del Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) y la eliminación de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE), no solo desmantela a las instituciones autónomas que buscan la competencia energética, sino que dota a la paraestatal de poderes para controlar la distribución de al menos el 54 por ciento de la energía, mientras que las centrales privadas el 46 por ciento restante.
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Impulsar las inversiones mixtas para el desarrollo económico
Bajo el argumento de que “no se afecte a la economía popular”, el Ejecutivo Federal considera que “hay que tener control de precios”, medida que va en contra de la libre competencia además de ser inefectiva y como ejemplo está la inflación de la primera quincena de septiembre que registró un incremento del 2.26 por ciento en el precio del gas LP.
En cuanto a la llamada Transición Energética de la iniciativa de reforma, se acota solo a la renovación de maquinaria y equipo de 10 centrales hidroeléctricas y a la construcción del parque fotovoltaico en Sonora, medidas insuficientes para cumplir las metas de la Agenda 2030, pero sobretodo, para mitigar los riesgos del cambio climático.
Finalmente, la reforma pretende la rectoría nacional en los medios para la producción, explotación, extracción, comercialización, distribución y almacenamiento del litio. Recientemente, este mineral ha generado fascinación por su cada vez mayor demanda en el desarrollo de baterías de alto rendimiento y en la industria farmacéutica. Solo esperemos que en esta ocasión sepamos administrar mejor la abundancia.
Por la importancia del sistema energético, es coincidente el planteamiento, pero no la solución. La competencia es necesaria para fomentar la competitividad y por ende productividad, la competitividad permite aprovechar mejor los recursos.
Varios países han diseñado modelos de inversión innovadores que comparten beneficios, pero también riesgos. Por ejemplo, de poco o nada sirve contar con yacimientos petroleros en aguas profundas del Golfo de México, si no contamos con los recursos para explotarlos. Así es en materia eléctrica y la capacidad de generación, distribución y transmisión; así como del litio u otros recursos.
La propuesta de retornar a la rectoría del Estado en materia energética pondrá en riesgo el futuro económico del país, será un freno para el crecimiento, para la inversión y será contraria al objetivo tan mencionado por esta administración de bienestar.
La reforma energética es candil político y oscuridad de la nación porque significa un apagón ante una inevitable transición energética a la que México y el mundo estamos destinados en beneficio de empresas y hogares.
El autor es presidente de Consultores Internacionales, S.C.®